A tres años de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca la justicia ha llegado a cuenta gotas.  En uno de los casos más mediáticos para Veracruz, donde intervinieron los tres órdenes de gobierno la cadena de mando policiaco está impune, no hay sentencia para 21 policías involucrados, no existe indemnización por daños como ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas incumplió su compromiso de hacer un estudio psicosocial del impacto de la violencia en la región.

El 11 de enero del 2016, Susana Tapia Garibo de 16 años, José Benítez de la O de 24 años, Mario Orozco Sánchez de 27 años, Alfredo González Díaz de 25 años, y Bernardo Benítez Arróniz, fueron detenidos cuando iban rumbo a Playa Vicente a solo 116 kilómetros de distancia de sus casas.   Los policías declararían más tarde que “les parecieron sospechosos” y los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones también revelaron que el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde y al menos ochos policías estaban implicados en otros casos de desaparición, que habían reprobado los exámenes de control y confiabilidad y tenían nexos con el crimen organizado.

Los jóvenes fueron llevados al rancho El Limón en Tlalixcoyan, la policía científica halló ahí un hueso que pertenecía a  Bernardo Benítez Arroniz  y una camiseta con una mancha de sangre de Alfredo González Díaz, hasta el momento no se hallaron restos de los otros tres jóvenes, aunque uno de los policías implicados declaró que fueron asesinados en el rancho y quemados con diesel.

Para Columba Arroniz, madre de Bernardo, el único cuyos restos fueron identificados por el por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dice que todos los días son difíciles para ella, “Es difícil cuando te los quitan a la mala y sin motivo, no hay un día que no piense porque mataron a una persona que ni siquiera conocían, que no les había hecho daño, la muerte de un hijo duele, pero no ha aceptación si te los arrebatan de una manera tan vil”, cuenta.

Cada año, los familiares de los jóvenes se juntan en su casa para rezar en una pequeña capilla que Columba puso en el patio de su casa en honor a Bernardo. Es una ceremonia íntima y después hacen una misa en la iglesia del pueblo para recordar a los jóvenes.

Columba recuerda que las familias pasaron más de 60 días en plantón en las oficinas del Ministerio Público de Tierra Blanca para dar seguimiento al tema, que fueron ellos quienes consiguieron los videos que involucran a los policías, y aunque lograron la atención mediática y del gobierno federal a través de Roberto Campa, entonces subsecretario de derechos humanos, eso no bastó para hacer justicia por completo.

Recordó que aun cuando se logró la intervención de la Gendarmería Nacional, y la detención de 21 personas, entre policías y civiles vinculados a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación, hasta el momento ninguno tiene sentencia.

El 24 de enero del 2016, también se detuvo a Francisco Navarrete Serna, presunto líder del Cartel Jalisco Nuevo Generación y vinculado a la desaparición de lo jóvenes, y propietario del Rancho El Limón en Tlalixcoyan donde fueron hallados más de tres mil de restos carbornizados.

Columba reclama que tampoco las más de 20 recomendaciones que ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hecha en julio se han cumplido en su totalidad.

Apenas les ofrecieron una disculpa pública, que los familiares consideraron “una burla y una tomada de pelo”.  La recomendación ordena al Gobierno del Estado aplicar una indemnización justa a las familias por el daño causado, una disculpa pública institucional por los hechos, se acelere la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y se finquen las responsabilidades penales  en la cadena de mando.

En la recomendación, la CNDH ordena designar al servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento a la recomendación que incluye al menos 20 puntos a cumplir.

La madre del joven Bernardo refuta que incluso el gobierno del estado informó la Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez quien lleva el caso, que se habían cumplido algunas recomendaciones pero esto tampoco es verdad, por lo que ya se interpusieron aclaraciones.

El estudio de impacto regional de violencia que nunca se hizo  Otros apoyos que se prometieron,  fue de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo de Jaime Rochín quien en febrero del 2016 anunció la realización de un estudio de impacto psicosocial en las familias y la comunidad

El estudio “será realizado por una institución pública reconocida y tiene como fin conocer los elementos sociales que han incidido en esas comunidades, para después proponer planes y acciones que ayuden a restablecer la paz y recuperar el tejido social de la zona”, indicó la Comisión en un comunicado.

También prometió un segundo peritaje a los restos encontrados en el Rancho El Limón, pero nada de esto se cumplió.  En una solicitud de información, la Comisión reconoció que no cuenta con el documento ,aunque si dio atención psicológica a las víctimas.

Además refirió que inscribió a 22 víctimas directas y cinco indirectas al registro nacional de víctimas, y gestionó varios apoyos.

Campa se fue y el caso se abandonó 

La familia también señala que cuando Roberto Campa se fue de la Secretaría de Derechos humanos a la Secretaría del Trabajo, el caso quedó abandonado.

“Ya nadie nos volvió a hablar, el nuevo que llegó nunca se puso en contacto con nosotros, no tuvimos el gusto de conocerlo ni siquiera por tenemos y ahí nos dejaron en el olvido, Atención a Víctimas aún seguimos esperando muchas de las cosas que quedaron estipulados en las recomendaciones que se iban a dar como apoyos sociales, becas, apoyos psicológico, doctores, nada de eso hasta el día de hoy” señaló la madre.

En respuesta a solicitud de información, la CEAV detalla que el 16 de febrero del 2016, abrió un Fondo de Emergencia como subcuenta en el Patrimonio del Fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación del daño por un millón de pesos, para realizar pagos de las víctimas.

El presupuesto de acuerdo a CEAV se utilizó en tres años, 589 mil pesos en gastos de gastos de alimento y médicos. También señala que se gestionaron dos becas escolares, en trámite.

Cadena de mando impune 

La familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para castigar a los altos niveles de la jerarquía en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por desaparición forzada , pero no obtuvieron respuesta.

En febrero del 2017, los padres  aportaron nuevas pruebas que consideraron contundentes para el expediente que se sigue en la Carpeta de Investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016.

La defensa jurídica de las familias, señaló que hubo omisiones graves de parte de exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Entre las omisiones se destaca  que los policías implicados en la desaparición reprobaron los exámenes de control y confianza, que el entonces delegado Marcos Conde tenía antecedentes penales por portación de arma y estuvo preso en el Penal Federal de Villa Aldama, y que además él,  junto a su grupo de policías fueron cambiados de área a pesar de las denuncias e irregularidades en su contra, cambios que fueron aprobados directamente por Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de SSP  (ahora preso en el penal de Pacho Viejo por abuso de autoridad).

Los ex mandos de la SSP denunciados en la ampliación fueron: Arturo Bermúdez Zurita, (libre tras ganar un amparo) el exsecretario de Seguridad Pública; José Nabor Nava Holguín (prófugo de la justicia), el  Subsecretario de Operaciones de la SSP; José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la SSP; y Andrés Tenorio Quezada, Subdirector Operativo en la Zona Centro.

Flavia Morales/Avc