Solo 170 de los 340 entes fiscalizables han integrado las áreas de investigación y sustanciación a las Contralorías Internas de Control, área encargada de investigar y sustanciar el posible desvío de fondos públicos,
De ese total, 135 Contralorías Internas iniciaron la investigación sobre las inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones que emitió el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), tras el resultado de la Cuenta Pública del año 2017.
La intención es determinar si hay responsabilidad o no de los funcionarios yunistas, luego de que se detectaron algunas irregularidades en el manejo administrativo, sin llegar al daño patrimonial.
En su mensaje semanal, el Auditor General del estado, Antonio Portilla Vásquez, recordó que desde el mes de noviembre se notificó a los titulares de la Contralorías Internas de la necesidad de iniciar con los expedientes sobre las inconsistencias detectadas.
Lo anterior, como parte del decreto 784 por el que se aprobó la Cuenta Pública del segundo año de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
“Durante el mes de noviembre del 2018 el Órgano de Fiscalización Superior, notificó a los Titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los Entes Fiscalizables, aquellas inconsistencias de carácter administrativo y recomendaciones, para que dieran inicio a la investigación respectiva, y en su caso, promovieran las acciones procedentes”, se lee en el mensaje publicado en la página oficial del ORFIS.
Portilla detalla que se notificó a 103 entes del poder Ejecutivo, 4 del Judicial, 6 de órganos autónomos, a los 212 municipios y a 15 paramunicipales.
De acuerdo con procedimiento de ley, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación que el ORFIS realizó, los Titulares de las Contralorías Internas deben presentar ante esta Entidad Fiscalizadora, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.
“Al 31 de diciembre pasado, se habían recibido 135 notificaciones del inicio de la investigación, mediante la cual se determinará la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) señala como faltas administrativas”.
Están pendientes de notificar seis entes del Poder Ejecutivo, uno del Judicial, 183 municipios y 11 paramunicipales. Solo 132 de los 340 entes han iniciado con el proceso de investigación para determinar si se debe o no fincar responsabilidad a algún ex servidor o funcionario público.
“Los Titulares de las Contralorías Internas restantes, se encuentran dentro del plazo legal establecido para comunicar al ORFIS el número de expediente iniciado”.
Isabel Ortega/Avc