El tema de una Fiscalía que cuente con respeto y respaldo social, es decir con legitimidad, no es menor en un diseño institucional democrático. La figura histórica y social de la persecución de los delitos es central en la construcción de cualquier sociedad y sobre todo en la percepción de que existe una institución, y una persona que la encabeza, que debe ser percibida como el defensor de las personas frente a la comisión de los delitos de otras personas.

La legitimidad del Fiscal, de cualquier Fiscal, es fundamental en la construcción de la paz social y de la estabilidad democrática. Independientemente de quién nombra al Fiscal y como se renueva, de si tiene autonomía constitucional o no, la idea esencial de la existencia de una Fiscalía y de un Fiscal es que se debe de tratar de una figura intachable, noble, respetada y respetable, y en ocasiones hasta querida por la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Se trata de una persona que debe de contar con un enorme prestigio, con una aceptación social muy alta, con una trayectoria profesional y personal intachable, como quizá no existe en otra figura o puesto público.

En segundo lugar, una Fiscalía, y sus fiscales, debe ser eficiente, debe tener resultados, y en este caso los resultados serían lograr sentencias condenatorias. Esto último es el principal parámetro para sostener que en México y en Veracruz tenemos una procuración de justicia en quiebra, en bancarrota, porque los grandes índices de impunidad se deben principalmente a la ineptitud, incapacidad e ineficiencia del ministerio público para acusar, sostener sus acusaciones y ganar los casos ante los jueces.

En Veracruz estamos en el peor de los mundos posibles a este respecto. Un Fiscal que no cuenta con la legitimidad, el respeto, la aprobación de los ciudadanos, y una fiscalía que no tiene éxito en lograr sentencias condenatorias ni reparación del daño para las víctimas.

Los policías ministeriales, fiscales y peritos, no saben llevar un plan de investigación, no lo llevan y no lo ejercen. En el contexto de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, es crucial que la policía sepa investigar, que sepa recabar pruebas, que tenga un plan de investigación y que tenga una o dos líneas de investigación, y si eso no lo tiene, entonces el Fiscal no podrá elaborar una teoría del caso para guiarse u orientarse para acusar y proseguir ante el poder judicial.

Hay que aclarar una cosa, lo más importante no es que haya una excelente o siquiera buena relación entre el Ejecutivo del Estado y una Fiscalía, en un momento dado ambas instancias tendrían que coexistir y saber coordinarse y colaborar interinstitucionalmente. Lo más grave frente a lo que estamos viviendo en Veracruz, es que al Fiscal Jorge Winclker, las víctimas, los familiares de las víctimas, los ciudadanos y ciudadanas, los y las veracruzanas, ya no lo ven como su fiscal, como su legítimo defensor; no lo ven como una personas que tiene la altura moral y ética para representar al ministerio público; la sociedad veracruzana ya no lo quiere.

En México cometimos el error (y es un error porque esto no existe en ningún otro diseño institucional en el mundo) no de darle autonomía a la Fiscalía, sino de que el Ejecutivo ya no nombrara directamente al Fiscal y que no lo pueda remover libremente. Desde mi punto de vista, el Fiscal no tiene que ser un subordinado directo del Gobernador, pero sí debe ser elegido y removido por éste, quizá con un previo procedimiento y participación del Congreso. ¿Por qué? Porque en cuanto un Fiscal se vuelve repudiado por la sociedad, por la ciudadanía o por las propias víctimas, debe existir la posibilidad de removerlo. No estoy hablando de causas graves, sino simplemente que ya sea porque el Fiscal no ha cumplido con su trabajo o porque perdió legitimidad por dudas en su proceder, debe ser suficiente para ser removido, en mi opinión, por el propio Gobernador con la participación del Congreso.

La clave de todo debe ser el procedimiento de búsqueda, consulta, auscultación y selección del Fiscal para que pueda ser considerado como candidato y pueda ser elegido por el Gobernador. El problema con Winclker es que no tenía la legitimidad ni el prestigio desde un principio para haber llegado. Ya se ha dicho mucho y confirmado cómo este Fiscal llegó por una relación y pacto personal con Yunes Linares. Ahí está el origen de todo este embrollo en el que nos metimos.

En este momento lo único que pudiera salvar al Fiscal es que de manera milagrosa empezara a hacer bien su trabajo, que sus fiscales, policías y peritos se volvieran eficientes y profesionales, y que consiguieran sentencias condenatorias y reparaciones de daño para las víctimas, pero sabemos que eso está muy lejos de suceder porque, aunque así fuera, la duda legítima, la duda razonable de que el Fiscal responde al interés de una persona particular, al interés político de un grupo y de una familia, y no al interés de toda la sociedad y de todo los veracruzanos, sigue estando presente. Hemos llegado más allá de la duda razonable que nos golpea todos los días al despertarnos, y saber y confirmar que los delincuentes siguen ahí afuera, ahí en la calle, y que no tenemos un Fiscal que nos defienda.

Esa duda razonable debe ser la justificación para su remoción inmediata. Pero como nos metimos en un laberinto legal y burocrático, seguirá siendo una duda razonable que sólo nos llevará a la mayor impunidad de la historia de Veracruz, un Fiscal que nadie quiere.