El pueblo merece que se haga valer el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz, el cual señala que para ser magistrado, el aspirante deberá contar con cinco años de antigüedad de haber obtenido el título profesional; cuente con estudios de posgrados; y haya pertenecido al Consejo de la Judicatura, de lo contrario se corre el riesgo de que “la justicia se preste a intereses políticos”, advirtió el director del Despacho Jurídico Avodkasi y catedrático de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) Arturo Salazar Rivera.
En conferencia de prensa expuso, “No queremos jueces o magistrados a modo que se presten a intereses políticos en el que la sociedad se vea afectada, porque ya me han tocado clientes que ameritan libertad y por el hecho de ser una cuestión política no se las han decretado”.
Citó como ejemplo el caso del empresario constructor de la torre pediátrica en el puerto de Veracruz, Cesar Augusto Morando Turrent, imputado por el delito de fraude específico en agravio del gobierno del Estado por 82 millones de pesos en la construcción de la Torre pediátrica, mismo que fue vinculado a proceso el día 10 del mismo mes.
Mientras que Luis Ángel Aguirre mejor conocido como “Pichirilo” de la zona sur de Veracruz fue acusado como probable responsable del delito de estragos, según hechos que constan en el Proceso Penal 27/2017, por ocasionar daños al palacio municipal de Catemaco.
“El constructor (Cesar Augusto Morando Turrent) fue privado de su libertad por intereses políticos por el delito del que se le imputaba, no ameritaba prisión preventiva, ni necesaria, ni oficiosa. Otro es Luis Ángel Aguirre mejor conocido como Pichirilo de la zona sur, por tiempos electorales le ejecutaron una orden de aprehensión, le quitan su libertad y no le dan derecho a salir bajo ninguna garantía económica», indicó el abogado.
Verónica Huerta/Avc