El requisito indispensable para el ejercicio del poder absoluto –primer paso en la ruta de una dictadura- es el control de los tres poderes que integran al Estado. Con el triunfo electoral del primero de julio que le concedió la Presidencia y una histórica mayoría en el Congreso, a López Obrador sólo le quedaba cruzar una frontera: la de la Suprema Corte de Justicia.

Y para maniatar al único poder que hasta ahora no le pertenece, hizo lo que mejor sabe: polarizar para ganar en la opinión pública. El diferendo con los magistrados de la Suprema Corte –y con el Poder Judicial en su conjunto- no está en lo que ganan o de que si se trata de una burocracia cara e ineficiente, algo que tendría que demostrar con hechos.

El tema fundamental radica en que las reformas y decisiones que se tomen desde el poder Ejecutivo, con la complacencia de un Congreso dócil y a su servicio, podrían ser combatidas en su inconstitucionalidad –como sucedió con la Ley de Remuneraciones-, en los que la Corte tendrá la decisión definitiva a partir de su propia interpretación.

Por ello la urgencia de López Obrador de hacerse del control de la Suprema Corte. Dueño del estadio, el Presidente ha enardecido a la tribuna en contra del árbitro judicial, como se vio ayer mismo cuando al término del informe del Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, un grupo de simpatizantes del gobierno agredieron a funcionarios del Poder Judicial, arrojándoles basura.

Acusar que fue una agresión orquestada desde el gobierno sería temerario pero no imposible.

La resistencia de los ministros de la Suprema Corte no es por los sueldos, es por la intención de someter al Poder Judicial. Al paralelo del conflicto sobre las remuneraciones, el pasado 6 de enero el Presidente presentó una terna para suceder al magistrado Juan Ramón Cossío; los nombres gozan de trayectoria y experiencia, pero durante la campaña –como lo confirman sus redes sociales- fueron entusiastas militantes del partido que hoy gobierna.

Las voces que se han alzado en defensa de los ministros de la Corte no responden al interés de defender su salario, sino de atrincherar el último contrapeso real que pudiera tener el Presidente. El control del INE de la Comisión de Derechos Humanos, del Banco de México y del resto de las entidades autónomas no deja de preocupar, sin embargo, es en la Corte donde se puede definir el rumbo democrático del país.

De manera inédita, el 10 de diciembre pasado, más de mil 400 jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A. C.; rechazaron de manera pública la Ley Federal de Remuneraciones, y denunciaron una intentona del Senado para entrometerse en la autonomía del Poder Judicial de la federación.

Pero si algo sabe el Presidente, es llegar a la indignación de la gente. A partir del diferendo, cientos de medios han publicados los salarios del Poder Judicial donde se señala que un Ministro de la SCJN gana 578 mil 186 pesos, que un Consejero de la Judicatura, 578 mil 186 pesos, un Magistrado electoral, 578 mil 186 pesos y un Juez de distrito, 340 mil pesos. ¿Es razonable en un país donde el salario mínimo no alcanza los cien pesos? Por supuesto que encabrona a cualquiera.

En su informe de ayer, el ministro Presidente Luis María Aguilar no dejó pasar la oportunidad para establecer la posición de la Corte frente al Presidente, evocando al símbolo de la cuarta transformación: el juarismo.

Ante el presidente -con motivo de su último informe de labores al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura-, el ministro recordó la frase de Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”. “No hay juez sin autonomía” le dijo a López Obrador.

Y sin referirse al pleito entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por el salario de los impartidores de justicia, dijo que si un juez no goza de autonomía, se convierte en el mandadero de alguien. “La independencia de los jueces no es una prerrogativa o un privilegio, sino que es necesaria para ejercer su función de guardianes del Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Sin embargo, el primer paso se dio con éxito: enardecer a la población en contra de magistrados y jueces. La polarización, como en la campaña, sigue siendo la estrategia en búsqueda del poder absoluto.

Por eso es la defensa de la Suprema Corte, no de los ministros ni de sus salarios.

Las del estribo…

  1. En Veracruz también se ha propuesto una ley de austeridad para los funcionarios de primer nivel de los tres Poderes, lo que abre una nueva disputa entre ellos. El Presidente del TSJE, Edel Alvarez, dice que bajar las remuneraciones sólo aplicará a los nuevos magistrados. ¿Hasta dónde el gobierno estatal está dispuesto a abrir otro frente cuando ni siquiera ha podido resolver el tema del Fiscal? Los magistrados sonríen.
  2. Tarde se dio cuenta la rectora Sara Ladrón de Guevara que la empatía con el gobierno anterior y su partido fue un timo: ni les pagaron lo que les debían, ni les otorgaron las prerrogativas ofrecidas en campaña, y hoy desde el Congreso, intentan vulnerar la autonomía universitaria. Es tiempo de que el gobernador y el alcalde –quienes todo lo deben a la Universidad Veracruzana- hagan algo por ella.