¿Qué va a pasar el día en que el Ejército y/o la Guardia Nacional se vean involucrados en un caso con el de Ayotzinapa o Tlatlaya? ¿Qué decisión tomará el Presidente López Obrador ante una acción militar, eventualmente violatoria de los derechos humanos, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y los cárteles de la droga? ¿Cuál será la posición del gobierno cuando en la persecución de delitos del fuero común –algo que les sigue estando prohibido por la Constitución- los militares violenten el derecho de ciudadanos inocentes?

Este martes, el nuevo Secretario de la Sedena, general Luis Crescencio Sandoval, informó que las Fuerzas Armadas ya se alistan para desarrollar la estrategia de seguridad nacional y que puedan combatir los delitos del orden común, como robos, asaltos y homicidios. ¡Zas!

Ahora los militares realizarán funciones de policías. Y eso no lo aseguran los adversarios del gobierno, sino el propio Presidente y su Secretario de Defensa Nacional. “(Nuestra tarea es) tener bien capacitada a nuestra gente dentro de la estrategia de atender los delitos del orden común y estar cercanos a la ciudadanía”, dijo ayer el general.

El titular de la Sedena confirmó que en el combate a los delitos del fuero común está centrada la estrategia de seguridad nacional. Por lo tanto, el Ejército no sólo no regresará a los cuarteles sino que ahora estará en todo tiempo y lugar –no sólo en las calles- combatiendo toda clase de delitos.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de mantener a las fuerzas armadas en las calles, ahora con atribuciones para combatir delitos del fuero común como la nueva estrategia de seguridad nacional, podría resultarte de un costo político verdaderamente alto, como lo fue para las anteriores administraciones.

No sólo tendrá que jugársela con el ejército sino que tendrá –de hecho, ya lo tiene- el reclamo de muchos sectores sociales y de organismos internacionales de Derechos Humanos por su decisión de crear una Guardia Nacional con personal castrense, ahora con más facultades al margen de la ley.

Durante la campaña electoral, López Obrador se desmarcó del Ejército. Mantuvo un discurso crítico de desmilitarización. Siempre dijo –aunque como presidente electo lo haya negado-, que los militares debían volver a los cuarteles; las propias redes sociales se encargaron de ponerlo en evidencia.

“Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles; el Ejército no está preparado para esta función”. “Nos llevará seis meses regresar (al Ejército a los cuarteles) para que sea la nueva Policía Federal la que se haga cargo de la seguridad pública”. “No se resuelve nada con el uso del Ejército y de la Marina”. “No necesitamos un  Ejército para la defensa”, fueron algunas de las expresiones recogidas en redes sociales para desmentirlo.

En marzo del año pasado, López Obrador –en calidad de Presidente de Morena-, también señaló a las Fuerzas Armadas del país como responsables de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Durante una conferencia de prensa en Estados Unidos, respondió al padre de uno de los jóvenes desaparecidos que “el reclamo es al Estado, no a nosotros, el reclamo es al régimen, el reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.

Paradójicamente, había entonces una franca coincidencia con la posición del Ejército. En diciembre de 2016, una década después de que las fuerzas armadas iniciaran la guerra contra el crimen organizado, los militares mexicanos expresaron su deseo de volver a sus cuarteles, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”.

En aquélla ocasión, Salvador Cienfuegos -entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- aseguró que él era el primero en “levantar no una sino las dos manos a que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. Y dijo que si realizan las tareas de seguridad fue porque las policías debían profesionalizarse, pero los gobiernos estatales han fallado en esta tarea.

López Obrador utilizó en la campaña presidencial un atractivo discurso de desmilitarización de la seguridad pública. Pero luego de ganar las elecciones, todo cambió. La militarización –llevada ahora al ámbito del fuero común- se convirtió en la nueva estrategia nacional de seguridad.

“No estudiamos para perseguir delincuentes”, dijo el Ejército hace un par de años. Hoy, por instrucción del Presidente, ya lo están haciendo.

Las del estribo…

  1. El gobierno y el Congreso han cacareado tanto la destitución del Fiscal Jorge Winckler que de no hacerlo antes de que termine el año, estarán expuestos a un ridículo mayúsculo. Todo el sistema no ha podido contra un solo funcionario; ahora van por modificar las causales por las que puede ser destituido. ¿Pues qué hicieron los diputados de Morena desde aquél 5 de noviembre que se sentaron en su curul? ¿Dónde está el piloto?
  2. Empiezan a correr apuestas sobre los asistentes al primer informe de labores del presidente municipal Hipólito Rodríguez. ¿Estará el Gobernador o enviará a un representante? ¿Habrán invitado a Ricardo Ahued, ex presidente, senador y crítico feroz del actual gobierno municipal? ¿Estarán los ex presidentes municipales o como en la visita de López Obrador, sólo será un evento para morenistas? Y lo peor, ¿habrá algo que informar?