En Jalisco, con el gobernador entrante Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y en Puebla, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de convalidar el polémico triunfo de la ex candidata del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador y actual coordinador de los Senadores del partido blanquiazul, Rafael Moreno Valle, comienzan a perfilarse desde ahora dos proyectos presidenciales que muy posiblemente le disputarán el poder a MORENA en 2024.

Alfaro porque, de todos los gobernadores, fue el que levantó la voz y obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a acotar en materia de seguridad pública a sus “súper delegados”. Y Moreno Valle porque al recuperar el triunfo de su cónyuge que casi todo mundo daba por perdido –luego de que el magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, difundiera desde el día 2 de diciembre a través de Twitter su proyecto que proponía anular la elección de gobernador de Puebla–, dejó entrever su capacidad de alianzas y amarres con otros personajes y factores de poder, cuyos intereses afines comienzan a unirlos como contrapeso para el lopezobradorismo y su proyecto transexenal de la Cuarta Transformación.

Precisamente el magistrado Vargas Valdez, en entrevista con la agencia APRO, puso al descubierto presiones, cabildeos y tácticas dilatorias que se dieron al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al caso de Puebla. En la sesión que duró más de cuatro horas, el TEPJF determinó, por cuatro votos a favor y tres en contra, confirmar el triunfo de la esposa del senador Moreno Valle. El voto decisivo fue el de la presidenta del tribunal, Janine Otálora Malassis, quien a pesar de que la sesión debió realizarse el miércoles y que sí había quórum, decidió posponerla para el sábado 8 porque dos  magistrados que también votaron a favor de Alonso estaban fuera del país.

Pero además puntualizó que lo que exponía sobre esto no era “mera sospecha” porque desde hace dos días sabía de la existencia de un proyecto de englose que rebatía su propuesta de anular las elecciones. “A mí que me expliquen cómo, si los magistrados ausentes llegaron ayer (viernes) a las cuatro de la madrugada, cómo es que ya tenían un proyecto de englose”, dijo al hacer hincapié en que una de las razones que se dieron para dar más tiempo a la resolución del caso fue por la extensión de 450 hojas del resolutivo que presentó.

Luego de exponer en la sesión sus “sospechas”, Vargas Valdez confió en que “la verdad” de lo que ocurre en el tribunal con este tipo de prácticas, “saldrá a la luz pública tarde que temprano”.

Previo a esto, en la última parte de la presentación de su ponencia, el magistrado Vargas Valdez denunció que luego de que hizo público en las redes sociales su proyecto que proponía la anulación de la elección de Puebla y la revocación de la constancia de mayoría para Alonso Hidalgo, él y otros magistrados fueron sujeto a presiones, amenazas e intimidación. “Las presiones que han sido suscitadas con la publicación del proyecto de sentencia que hice pública a través de la red institucional de un servidor, así como las amenazas en medios de comunicación y prensa y otros medios de intimidación de los cuales un servidor y varios de los aquí presentes fueron sujetos en los últimos días”, acusó.

Luego reiteró su convicción de que el tribunal electoral debería resolver las sentencias con plena autonomía, sin “influencias, factores externos o intereses que intentan aminorarla y sojuzgar”.

Pero el que lo dijo más explícito fue el senador por Morena, Alejandro Armenta, quien previo a la sesión del TEPJF acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, que, en conjunto con el ex presidente del Tribunal Electoral federal, Constancio Carrasco Daza, de ser los encargados de presionar a los magistrados.

“Los ministros se han coludido con el PRI y con el PAN a cambio de presionar que no se anule la elección en Puebla”, afirmó.

De hecho, también mencionó que fueron estos ministros los que habrían elaborado la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones –que desaprobó principalmente la élite del Poder Judicial ante la amenaza de que les fueran recortados sus excesivos sueldos–, la cual fue presentada por senadores encabezados por Rafael Moreno Valle, esposo de Alonso Hidalgo, y por Miguel Ángel Osorio Chong, otro con aspiraciones presidenciales pero por el PRI, partido en el que está maniobrando para imponer delegados del Comité Ejecutivo Nacional y dirigentes estatales del tricolor en Veracruz y otras partes del país.

No sería nada raro que a esta dupla de Moreno Valle y Osorio Chong se les una pronto –si no es que ya lo hizo– un tercer mosquetero, enemigo acérrimo de López Obrador y de su sucesor en la gubernatura, Cuitláhuac García: el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, con el cual, hasta la polémica elección presidencial de 2006 que oficialmente ganó Felipe Calderón, hicieron mancuerna bajo la protección de la maestra Elba Esther Gordillo, la madrina política a la que el trío terminó traicionando y abandonando a su suerte, sobre todo cuando el presidente Enrique Peña Nieto decidió encarcelarla por oponerse a la Reforma Educativa.

Por eso, aunque sus detractores lo daban por muerto políticamente después de la derrota electoral de julio pasado,  a muchos sorprendió la seguridad con la que Yunes Linares reiteró el último día de su administración el mismo reto que ya había lanzado cinco meses atrás: “Me voy pero no me voy, aquí estaré entre ustedes, dejo un cargo pero nunca dejaré de ser un veracruzano que ama profundamente a Veracruz. Hoy se inicia de nuevo la lucha, la lucha sigue, hoy dejamos el gobierno del Estado, pero Veracruz requiere de hombres grandes para encabezar la grandeza de Veracruz, y en 2024 lucharemos para que Veracruz tenga un gobernador a la altura de su grandeza”, dijo el 30 de noviembre pasado en la inauguración del remodelado boulevard “Manuel Ávila Camacho”, acompañado de su hijo Fernando, el alcalde porteño.

Vía Veracruzana, va

Este sábado 8, como lo han venido haciendo ininterrumpidamente desde hace 21 años, fue la comida decembrina de la asociación política estatal Vía Veracruzana (VV).

Ahí, Fernando Vázquez Maldonado, socio fundador de VV, confirmó en su discurso que en 2019 buscarán alcanzar el registro como partido político estatal.

A la reunión de VV acudieron alrededor de 300 socios de todo el estado que se movilizaron por su propia cuenta y que, como ya es tradición, pagaron su propio platillo.

El líder fundador Amadeo Flores Espinosa estaba de plácemes por la respuesta a su convocatoria, pues quienes asistieron lo hicieron por convicción y movidos por el auténtico interés de mantener vigente a la asociación política, ya que ahora, a diferencia de antaño, no tienen cargos públicos qué ofrecer.

Además llamó la atención la cantidad de jóvenes que llegaron –entre ellos el delegado en Tantoyuca, Miguel Blanco Oloarte, quien fue uno de los oradores– y la decisión que mostraron  por lograr el registro como partido político estatal. Es la sangre nueva, los futuros herederos de Vía Veracruzana. Pero la tarea no será fácil ya que mínimo deberán realizar asambleas en 20 de los 30 distritos electorales del estado, y convencer a por lo menos 600 simpatizantes para que participen en cada reunión, lo que les obligará a asegurar una base de 12 mil militantes o más.

Pero ya decidieron que siquiera lo van a intentar.

La mañana de este lunes, por cierto, Francisco Garrido Sánchez ofrecerá un desayuno en un hotel del centro histórico de Xalapa para informar a un grupo de simpatizantes los avances sobre su proyecto de “Podemos”, otro partido político estatal en ciernes.

J. C. Molina, otro premio más

El que sigue acumulando premios internacionales con su ganadería de alto registro es el diputado local priista y dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina Palacios.

El último galardón que obtuvo hace unos días fue el campeonato de América del Norte 2018 en ganado Beefmaster.

La premiación será en enero del año entrante, en el estado de Texas.