La propuesta de Morena para adicionar un párrafo a la Constitución, que permite la remoción del Fiscal General del Estado, podría quedar sin efecto, toda vez que el 29 de noviembre se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el decreto 749 que da la atribución al Congreso poder remover al Fiscal General.

El jueves subió a tribuna el diputado local Víctor Vargas Barrientos quien propuso adicionar una reforma a la Constitución en su artículo 67, para incluir como causal de remoción del Fiscal “si fuese necesario para salvaguardar el interés público y social”.

Ese mismo día, en la Gaceta Oficial número extraordinario 748, se publicó el decreto aprobado por la pasada Cámara en el que se da la atribución al Congreso de remover al Fiscal General “por causas graves que establezca la ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”, dice el documento.

En la misma sesión del jueves 29 se aprobó un dictamen que permite que las reformas constitucionales se acoten a un solo periodo legislativo, y se reduce a 30 días el periodo para que los municipios validen la modificación a la carta magna.

Al reducir el proceso de las reformas constitucionales, se daría celeridad al trámite legislativo para remover al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler.

La diputada local de Acción Nacional, Monserrat Ortega, valoró que la intención de Morena es política, y al no contar con los votos para enjuiciarlo políticamente, ahora buscan modificar la ley para que el Congreso lo pueda mover.

“Ahora ya es revanchismo político, quieren remover al Fiscal a través de que nosotros tengamos la facultad de removerlo. Yo la verdad, no es porque Winckler tenga una preferencia partidista, independientemente de su formación partidista, el hecho de que el Congreso lo pueda remover, es sumamente grave”, insistió la legisladora.

Al referirse a la detención de la que fue objeto el Fiscal General, Jorge Winckler, como parte de una “operativo de seguridad”, lamentó la intención de intimidar y acosar al abogado, cuando está permitido que la gente de su seguridad porte armas.

“Es una acción sin precedentes y fuera de lugar, el Fiscal tiene toda la libertad y legalidad para que su persona porte armas, y en el momento para hacer una revisión le tenían que girar un oficio. No podía venir y pararlo, él cuenta con fuero en ese sentido (portar armas), yo lo consideró un acoso”.

Isabel Ortega/Avc