A casi dos años de haber perdido la vida tres adultos y una menor de edad en un accidente provocado por una pipa que conducía a exceso de velocidad y en horario prohibitivo en la avenida Lázaro Cárdenas, los familiares claman justicia, porque el chofer y presunto responsable, Osiris López Rodríguez, sigue sin recibir castigo.

En conferencia de prensa, uno de los familiares, Salvador Bello Hoyos, informó que en enero del 2018 fue detenido el chofer por la Fiscalía General del Estado (FGE) pero la jueza de Control del Distrito Judicial de Xalapa con sede en Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, liberó al chófer en julio pasado.

Recordó que el accidente ocurrió el 21 de diciembre del 2016 en el que perdieron la vida Candelaria Hoyos Olivares, Ángela Bello Hoyos, Pedro Saldaña Rodríguez y una menor de edad. Cuando al imputado se le vinculó a proceso en enero del 2017, la jueza fijó una fianza de un millón de pesos, que “nunca depositó”.

“Estamos como iniciamos, completamente desatendido el caso, tanto por parte de la Fiscalía como de la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez que es la juez que lleva el caso…(SIC)… El imputado o acusado, Osiris López Rodríguez quedó en libertad por la forma en cómo se califican estos accidentes, que no es un delito doloso, sino culposo” expuso.

Desde el inicio la familia pidió que López Rodríguez llevara el juicio en prisión, pero la jueza lo dejó en libertad a pesar de que los peritos que participaron en el levantamiento de los cuerpos y las medidas que tomaron del sitio del accidente, se determinó que el chofer iba conduciendo a 98.9 kilómetros por hora en un horario prohibitivo.

A López Rodríguez se le citó a cinco audiencias, pero no se presentó a ninguna y derivado de esto, en julio del 2017 la familia solicitó que se le girara orden de aprehensión toda vez que se resistía a presentarse.

En agosto del 2017, la jueza liberó la orden de aprehensión, después pasaron los meses y la FGE no lo detenía, así que en octubre del 2017 la familia avisó al fiscal general del estado que presentarían una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y turnaron copia al entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

El familiar explicó que la queja fue recibida por la CNDH el 05 de octubre del 2017 a las 14:37 horas y ese mismo día a las 18:00 horas de la tarde, la FGE detuvo al imputado.

“¿Eso qué significa? Que lo tenían ubicado, sabían dónde estaba, pero no lo detenían. En las audiencias de vinculación a proceso, la Jueza le dijo que estaba impedido para manejar unidades, pero el día que lo detuvieron, trabajaba como chofer de un autobús que lleva pasajeros a Xico y Cosautlán”, expuso.

Para enero del 2018, la familia pidió a la FGE que a su vez solicitará a la jueza la ampliación de la medida cautelar por seis meses más, la cual venció en julio.

“Estamos pidiendo que se detenga, el chofer actuó con negligencia, manejaba de forma temeraria, en el mismo día participó en dos accidentes más, se trata de un tipo reincidente, un accidente lo provocó en la colonia Progreso y el otro en la calle Enríquez, y tiene antecedentes y no lo detiene la FGE”, explicó.

Ante todas estas violaciones a los derechos humanos, la familia, solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se les conceda justicia, porque perdieron a sus familiares en un accidente, y la FGE ha cambiado en diversas ocasiones al fiscal que lleva su caso.

“Yo he llegado a pensar que la Fiscalía estuvo en contubernio con todos los que detuvieron en el sexenio de Javier Duarte, y ahora todos ya van a salir exonerados, y eso se debe a que las investigaciones estuvieron mal integradas y nuestro caso pues ni se diga, porque hemos pedido que se resuelva y no nos atienden”, finalizó.

Verónica Huerta/Avc