El diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las seis mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de video vigilancia, anunciado por el Ejecutivo del Estado en octubre del 2017.

Este anteproyecto incluye que el ORFIS remita a este Poder Legislativo  un informe detallado con los hallazgos respectivos, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello.

En su intervención en tribuna, el diputado recordó que de acuerdo a lo informado por el Gobernador las cámaras serían instaladas en lugares estratégicos de seis regiones del estado: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084; en una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio, con una inversión superior a los 700 millones de pesos.

Ha pasado más de un año de este anunció y a la fecha no se visto avance alguno en relación a la operación de este sistema de video vigilancia, “esto a pesar de que en el anuncio original se estableció al mes de enero de este año como la fecha de arranque para el funcionamiento de este sistema”, abundó.

Domínguez Vázquez indicó que en ese entonces el Gobernador declaró que sería el 15 de septiembre con motivo del aniversario de la Independencia Nacional sin resultados y por tercera ocasión se aplazó el pasado 10 de Octubre. “Son ya 10 meses de demora sin explicación alguna, lo que ya habla de una ineficiencia en la aplicación de los recursos públicos en programas para mejorar la seguridad pública”.

El diputado del Distrito de Papantla manifestó que en este periodo la situación en materia de seguridad se ha deteriorado visiblemente, registrándose diariamente  una gran cantidad de delitos de alto impacto, además  de que también han salido a la luz irregularidades que empañan los programas del actual Gobierno para asegurar la tranquilidad de los veracruzanos.

Aunado a todo lo anterior –aseguró- la adquisición de las cámaras de video vigilancia fueron adquiridas con una empresa que tiene un expediente de inhabilitación abierto y sancionada por la Secretaría de la Función Pública en el 2014.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.