Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, Contralor General del Estado, aseguró que a su llegada recibió el gobierno del estado en un caos y con un grave desorden administrativo, por lo que se interpusieron 198 denuncias que suman desvíos por 100 mil millones de pesos.

Durante su comparecencia en el Congreso Local dijo que a las denuncias del estado se suman 72 denuncias por 26 mil millones de pesos de la Auditoría Superior del Estado (ASF), y 86 denuncias penales del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), por el desvío de 28 mil millones de pesos.

Detalló que las denuncias  de la contraloría se conforman por irregularidades en el manejo de recursos de 14 dependencias,  encabezadas por la Secretaría de Finanzas con un desvío de 74 mil millones de pesos y 47 denuncias, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con denuncias por mil 668 millones de pesos y la Secretaría de salud por 3 mil 299 millones de pesos.

Afirmó que el objetivo fue entregar una administración ordenada para mejorar y fortalecer el control interno y combatir la corrupción.

Además dijo hubo un esfuerzo  para hacer una fiscalización eficiente de los recursos públicos, “se fortaleció el sistema estatal y se restableció  la coordinación con el ORFIS y a nivel federal con la ASF y la Secretaría de la Función Pública”.

Auditorias no son concluyentes de daño patrimonial

Recordó que la ASF publicó la tercera etapa de informes individuales 2017 y la cuenta 2016.

Dijo que en 2017 la auditoría federal realizó 20 auditorias a recursos federales cuyos resultados se darán a conocer el 20 de febrero del 2019.

También informó que el Orfis realizó 118 auditorias de las cuales resultaron observaciones por 338 millones de pesos, que dijo aun está en proceso de aclaración y no significa un desvío de recursos.

“Si comparamos la fiscalización del 2017 del Orfis con ejercicios anteriores, observamos que solo se señaló el 3 % de los recursos públicos”.

También dijo que se han realizado aclaraciones pertinentes de las observaciones de la ASF y la Contraloría general.

Cambio de normatividad en Entrega recepción pudo dar motivo a confusiones

Explicó que el 16 de octubre se publicó en la gaceta oficial del estado la ley para la entrega- recepción del poder ejecutivo que tiene por objeto regular el proceso, donde se establecieron tres etapas, dos de ellas internas y una con el equipo de transición.

Explicó que a partir de noviembre se inició la interacción de comités de entrega-recepción  en cada una de las dependencias,  y con el equipo de gobernador electo, Cuitláhuac García se han tenido reuniones periódicas, de casi una vez por semana.

“ Se ha venido trabajando con orden, profesionalismo y respeto, y se trabaja en la actualización y integración de la información final para entregarse en la entrega”, dijo.

Durante su presentación, reconoció que hubo modificaciones en el reglamento de la ley de entrega-recepción, pues se propusieron en un inicio fechas de entrega y lineamientos inflexibles, que de última hora – el 16 de octubre-, se tuvieron que cambiar.

“Una disculpa este cambio generó unas interpretaciones erróneas, debió haber sido antes, pero ya se ha platicado con el equipo de recepción, porque le permite al equipo entrante mayor flexibilidad, evitar subejercicios, y dejar pasivos”, explicó.

Contraloría solo reconoce el 25 % de los adeudos registrados de empresarios

En el registro de deudores de la pasada administración que habilitó la Secretaría de Finanzas y Planeación solo se validó una deuda de 426 millones de pesos de un monto total reclamado de 2 mil 628 millones de pesos por parte de empresarios, informó el Contralor General del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola.

Durante su comparecencia en el Congreso Local dijo que originalmente había 4 mil 560 registros de 1 mil 200 proveedores y contratistas, sin embargo se depuró para quedar en mil 405 registros con 407 proveedores de un monto reclamado de 2 mil 638 millones de pesos.

“De esto se han aprobado como pasivos con acompañamiento de la contraloría general del estado 426 millones, están ya en Sefiplan para que seguramente vamos a cerrar en 500 millones de pesos, que quedarán como pasivos reconocidos para que se puedan pagar y el resto estará pendiente”, dijo.

Reiteró que los pasivos de la administración duartista no pudieron ser registrados como reconocidos ni había dinero etiquetado para su pago, por lo que su liquidación tendrá que esperar que haya recursos y dijo: “ No nos podemos hacernos responsables por todos los pagos y adeudos”

Explicó que algunos pasivos han tenido la opinión negativa de la contraloría, sin embargo están sujetos a revisión por parte de la próxima administración para su procedimiento o en su caso que las empresas proporcionen más elementos para el pago.

Dijo que cuando la Sefiplan tenga liquidez y recursos, tendrá que pagar con bajo a criterios que considere.

Investigación por extorsiones en Contraloría se quedará abierta para la siguiente administración

Al ser cuestionado por el diputado Gonzalo Guízar Valladares sobre las denuncias de que empleados de la contraloría general extorsionaba a funcionarios a cambio de evitar sanciones, el contralor respondió que ya se inició una investigación y no se le dará carpetazo.

Cabe recordar que el comité coordinador del sistema anticorrupción presentó una denuncia sobre este tema.

“ Desde que salió la nota, ordené una investigación interna, me sorprendió porque hemos actuado con mayor transparencia, porque es gente decente hemos manejado con transparencia y orden”, dijo.

El funcionario aseguró que si alguien de su equipo hizo algo indebido debe pagar “ El que la hace la paga, a esta investigación no le daremos carpetazo, si no da tiempo de terminar, el expediente se dejará a la próxima investigación, y se llegará hasta las últimas consecuencias”.

Duarte ni exfuncionarios están inhabilitados o tienen responsabilidad administrativa

La Contraloría General del Estado no tiene ningún proceso de responsabilidad administrativa o en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien no ha sido inhabilitado, informó el titular de la dependencia, Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, afirmó que el hecho de no tener algún proceso sancionador concluyente no significa que no haya procesos en curso, pero no dio detalle de la información.

“Hay muchos procedimientos en proceso y muchas resoluciones con sanción que causaron estado, y otras que han sido impugnadas en nuestros registros, pero mientras no estén en firme no pueden ser publicadas por la secrecía de la investigación”, explicó.

El funcionario detalló que la Contraloría ha emitido 657 resoluciones por procesos abiertos a funcionarios, pero no preciso a detalle si entre estas había ex funcionarios de la administración de Javier Duarte.

En otro tema, también informó que durante 2017 y 2018 se invirtieron 23 millones de pesos en la realización de más de 118 auditorías a dependencias y entidades del gobierno del estado.

Al ser cuestionado sobre los resultados de estas auditorías, dijo que la mayoría de las observaciones encontradas tienen que ver con recomendaciones menores, y evitó decir si hay denuncias o sanciones derivado de estos procedimientos.

Isabel Ortega/Avc