Diputados locales criticaron lo “inmoral” en la asignación de contratos de obra pública al panista José Mancha Alarcón, quien recibió más de 23.4 millones de pesos por dos contratos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).
La titular de la dependencia, Yolanda Baizabal, consideró necesario poner más candados a la Ley de Obra Pública, para limitar un posible conflicto de interés.
Durante la comparecencia diputados del PAN, Morena y Encuentro Social, cuestionaron la legalidad en la asignación de obras al dirigente partidista, incluso, la panista Judith Pineda, que forma parte del grupo de Joaquín Guzmán, acusó a Mancha Alarcón de engañar al estado, al firmar una carta de no conflicto de interés, cuando dos empresas de las que es socio compitieron por las mismas obras.
El diputado de Encuentro Social, Gonzalo Guizar Valladares, concluyó que, si bien la obra existe, y se revisó por autoridades de fiscalización estatales y federales, es inmoral que un personaje –José Mancha- ligado al partido en el gobierno reciba contratos de obra.
Al responder a la diputada de Morena, Mónica Robles, la titular de SIOP, Yolanda Baizabal explicó que la empresa Izal, SA de CV, obtuvo dos contratos en el 2017. Uno para la construcción de la carretera a El Naranjal, con un costo de 7,4 millones de pesos, y otro que se asignó, a través de licitación nacional, para el mejoramiento de la carretera en Uxpanapa, con un costo de 16 millones de pesos.
“Todo el proceso fue revisado por los entes fiscalizadores, efectivamente solicitamos una revisaron por parte de la Contraloría y se analizó todo el expediente.
“La contratación se realizó conforme a la ley de Obra Pública, lo importante es que la obra está terminada y en operación, entonces puede seguir revisándose, esta fue una situación de análisis de contrataciones que fueron investigados y que demostraron que no se dio ninguna anomalía”, insistió la funcionaria.
La empresa de Mancha Alarcón forma parte del padrón de la Sefiplan. Para su inclusión, fue sometida a una revisión más exhaustiva; luego de que se denunció la existencia de empresas fantasma, ahora se verifica que las oficinas se ubiquen en el domicilio fiscal con el que se dieron de alta, además de que deben estar al corriente con el pago de impuestos al Estado y la Federación.
“Izal que fue contratada se comprobó el pago de impuestos y el tema tiene que ver que no sólo fue revisada por el gobierno, sino por la ASF, la revisión determinó que tanto la contratación como la ejecución de la obra estaba solventada, fue revisada en varias ocasiones. El proceso legal de la contratación y la ejecución se realizó correcto”, insistió.
Sin embargo, planteó que para evitar que surjan algunos cuestionamientos, se tiene que revisar la reglamentación de la ley de Obra Pública Estatal y nacional, “aplicar un candado para evitar que alguna contratación pueda ser cuestionada”.
Isabel Ortega/Avc