Si ya de por sí había sido muy cuestionada la forma tan precipitada en que la Fiscalía General del Estado (FGE) había “esclarecido” el artero crimen de la joven estudiante universitaria Valeria Cruz Medel –la cual fue ejecutada hace un par de semanas en un gimnasio de Ciudad Mendoza–, pues ahora habrá que imaginarse el alud de críticas que se va a llevar el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares luego de descubrirse que “El Richy”, el supuesto asesino según la versión oficial, no era el cadáver que había sido hallado en una camioneta abandonada seis horas después del homicidio, sino que acaba de descubrirse que fue ultimado hace cuatro días en Maltrata, según confirmó su madre que identificó plenamente el inerte cuerpo de su vástago.
Este trágico caso se le indigestó políticamente al mandatario panista, ya que no sólo fue duramente cuestionado por los camaradas de la legisladora de MORENA en el Congreso de la Unión, sino que también fue desmentido presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que a través de sendos mensajes impresos en mantas que colgaron en varias cabeceras municipales del norte, centro y sur de la entidad, se deslindaron de la autoría de este vil asesinato, asegurando tener un video en el que se observa que “El Richy” fue sacado de su casa por policías estatales.
“Gobernador Yunes Linares nos hechas la culpa de lo que hace tu porquería de Fuerza Civil bajo la órdenes de Antonio Domínguez Delfín, nosotros no nos dedicamos a matar mujeres inocentes, limpiamos el pueblo de todas esas ratas que aún quedan, aunque tú te empeñes de culparnos de asesinos, secuestradores y demás… hacemos lo que tú Policía no hace, pero si los mandas a matar a la familia de la gente que están en el partido que te ganó la gobernatura y decimos que te la ganó porque tu hijo sólo era la pantalla tuya, aprende a perder ya se acabó tu reinado hiciste tu película como siempre para engañar al pueblo con un retrato hablado, que nada se prevé al presunto asesino que sacó tu Fuerza Civil (sic)”, se leía en las narcomantas.
Este caso, obviamente, va a dar mucho de qué hablar cuando aún le restan escasos ocho días a Yunes Linares para que entregue el poder. Y es que, como se recordará, en otra conferencia de prensa que dio tres días después del crimen de la universitaria Valeria Cruz, el mandatario veracruzano reiteró la misma versión oficial que había dado desde el mismo día del homicidio: “A esta conclusión se llega después de la identificación de este individuo a través de un retrato hablado, certificado por dos testigos presenciales, también por los dictámenes periciales de balística que acreditan que la pistola que se encontró en la camioneta Mazda, en la cual apareció asesinado este individuo, es la misma pistola con la que se disparó en contra de la joven esa mañana en el gimnasio de Ciudad Mendoza.”
Pero ahora resulta que el verdadero “Richy”, identificado por su madre, fue hallado muerto nueve días después en Maltrata, a varios kilómetros de Ciudad Mendoza.
Vaya aprieto en que su abogado de cabecera, el fiscal Jorge Winckler, ha metido a su patrón.
De hecho, este caso comenzó a caérseles con la liberación, hace una semana, de 4 los 5 detenidos a los que pretendían imputarles la autoría intelectual del crimen de la hija de la diputada Medel, lo que motivó que la Fiscalía General del Estado emitiera un comunicado para desmentir categóricamente la afirmación publicada por algunos medios de comunicación, “en el sentido de que fueron liberadas personas que enfrentaban un proceso por la probable comisión del delito de homicidio en agravio de una joven estudiante, ocurrido en Ciudad Mendoza.”
Sin embargo, en ese comunicado se consigna que “las cuatro personas citadas en la referida nota periodística” fueron imputados por la Fiscalía Regional Zona Centro Córdoba pero por su probable participación en otro tipo de ilícitos, entre ellos “contra la seguridad de tránsito de vehículos, al habérseles detenido en flagrancia, portando armas de fuego y en posesión de vehículo alterado en el momento de su intervención, delitos que fueron acreditados por la Fiscalía, motivo por el cual se dictó el correspondiente auto de vinculación a proceso.”
Además se puntualizaba que la Fiscalía General del Estado había solicitado al Juez de Control “la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, tomando en cuenta su grado de peligrosidad, así como las circunstancias en las que fueron detenidos, sin embargo, el Juez de Control determinó imponer las medidas cautelares de presentación periódica ante el Juzgado y depósito de garantías económicas.”
Se reiteró, también, que la Fiscalía Regional de la zona centro-Córdoba había logrado la vinculación a proceso de los detenidos Luis Ángel “N”, José Enrique “N”, Guillermo “N” y Jesús del Carmen “N”, al aportar durante la audiencia inicial datos de prueba que fueron calificados por el Juez como idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar su participación en los ilícitos que se les atribuyen. No obstante, los hechos que les fueron imputados sí tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre pero en la colonia Anáhuac, en la ciudad de Nogales, donde fueron detenidos porque “probablemente ocupaban un vehículo, hicieron caso omiso a una señal de alto marcado por las autoridades y en su interior fueron encontradas armas de fuego; además de presentar alteración en la placa de circulación que porta la unidad automotora.”
En cuanto al quinto presunto involucrado, José Luis “N”, alias CANER o CANEK, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa pero por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.
José Luis “N” fue detenido el 12 de noviembre en la ciudad de Orizaba, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra dentro del Proceso Penal 043/2018, después de que el Tribunal Superior de Justicia revocara la medida cautelar impuesta en su contra por el Juez de Control, consistente en presentación periódica ante el juzgado. Sin embargo, al considerar la Tercera Sala del Tribunal como errónea dicha medida, fue ordenada su captura e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, a la Fiscalía de Distrito le fue concedido el plazo de tres meses para la investigación complementaria, dentro del proceso penal en cuestión.
Pero al final de su comunicado, la FGE precisa textualmente: “El vinculado a proceso y hoy sujeto a prisión preventiva, fue referido de manera errónea por una nota periodística difundida en esta fecha, como imputado por la probable comisión del delito de homicidio cometido en agravio de una joven universitaria en Ciudad Mendoza, lo cual carece de veracidad. Sin embargo, se continúa investigando la probable participación de José Luis ‘N’ en diversos hechos delictivos como parte de una célula criminal.”
O sea que prácticamente no tenían nada sustentado referente a este crimen que ahora ha dado un sorpresivo giro con el hallazgo del cadáver del verdadero “Richy”. Todo se les está derrumbando, incluyendo la credibilidad del gobernador.