En los últimos años, los organismos financieros internacionales y las grandes empresas han promovido una disminución sistemática en los recursos públicos destinados a la educación superior, favoreciendo la inversión en educación tecnológica. Al parecer, el desarrollo económico requiere de más brazos y menos cerebros.
Ello explica que el gobierno federal haya impuesto una reducción a los presupuestos de las universidades públicas; sin embargo, que el nuevo gobierno apueste a la misma estrategia parece un disparate, no sólo por la propuesta que habría hecho de ampliar la cobertura en educación superior, sino porque se supone que en este sector tiene a una de sus bases sociales más amplias.
Según la información dada a conocer este lunes, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHPC) informó a la Secretaria de Educación Pública (SEP) que el presupuesto de egresos de la federación en 2019 para las universidades públicas tendría un recorte de 32.5 por cierto.
Como todos saben, los nuevos presupuestos para 2019 fueron elaborados por gobierno actual y entrante de Andrés Manuel López Obrador, afectando a universidades tecnológicas, politécnicas, estatales y solidarias, principalmente al pago del personal administrativo y docente.
De acuerdo con distintos medios, la SEP asignó un presupuesto para 2018 de 58 mil 437 millones de pesos, pero ahora en 2019 tendrá sólo 39 mil 429 millones pesos para universidades públicas estatales y de apoyo solidario. Para la universidades politécnicas y tecnológicas, se pasarían de 4 mil 397.9 millones a 2 mil 764.9 millones para 2019. Y para los institutos tecnológicos descentralizados estatales, se tendrá 2 mil 343.2 millones de pesos para su presupuesto total de 2019.
Y aunque por la tarde, el dato publicado por el diario Reforma fue desmentido por Gerardo Esquivel Hernández -propuesto como el próximo subsecretario de Egresos-, tampoco se aclaró cuál será la propuesta del nuevo gobierno. En un mensaje de twitter, Esquivel sólo negó que dentro del Paquete Económico para 2019 se contemple una reducción del presupuesto destinado a las universidades públicas.
Y podría estar diciendo una verdad a medias. En octubre pasado, Horacio Duarte – próximo subsecretario del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)-, anunció programas “primos hermanos” al gran proyecto de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual incluirá becas para estudiantes de nivel medio superior y la creación de nuevas universidades. El nuevo programa de becas que el próximo gobierno pretender impulsar en la educación media superior, busca abatir la deserción escolar y anclar a los jóvenes al proceso educativo.
¿Y en qué consiste? Por lo pronto, en la apertura de 100 nuevas universidades en el país, con una modificación del actual modelo, ya que estos planteles “deberán estar vinculados necesaria y estrechamente a las necesidades del mercado laboral de diversas regiones del país”. En este centenar de universidades, sólo se habrán de impartir dos o tres carreras universitarias relacionadas “expresa y claramente al potencial económico de las regiones”.
La idea no suena mal. Pero ¿de dónde saldrán los recursos? Tal vez eso explique la pretendida reducción al presupuesto de las universidades públicas. En sentido estricto, no habría una diminución en el presupuesto destinado a la educación superior, sino que se distribuiría entre las universidades que serán creadas por el nuevo gobierno.
Apenas el jueves pasado, la UNAM exhortó a López Obrador y a los diputados federales a considerar un significativo incremento real al presupuesto 2019. En un comunicado, el Consejo Universitario de la UNAM, señaló que “durante los últimos años se han experimentado dificultades relevantes en términos presupuestarios y de otra índole, lo cual afecta el cumplimiento de las funciones sustantivas de educación superior”.
La universidades públicas tienen un déficit acumulado superior a los 18 mil 600 millones de pesos derivado de adeudos de nómina, impuestos y seguridad social, principalmente… y por supuesto, la corrupción. Este déficit, en el caso de la Universidad Veracruzana, alcanza más de 3 mil millones de pesos.
Atrás quedaron los tiempos de las grandes obras de infraestructura, de las USBI, las bibliotecas y los complejos deportivos. Hoy, con apuros, hay para ganar la nómina. Diez universidades públicas del país están a punto del colapso.
¿En verdad quieren mandar al carajo a las universidades públicas? Eso lo sabremos esta misma semana.
Las del estribo…
- Resulta que al otrora poderoso “He-Man” y los amos del Congreso, les trajeron desde Toluca la asignación de comisiones legislativas. Con eso de que Sergio Hernández sólo será secretario de la Comisión de Seguridad Social y vocal de la de Trabajo y Previsión Social, chance y ahora sí tenga tiempo de terminar su carrera de derecho.
- Curiosa la publicidad del segundo informe de gobierno donde se observa al gobernador Miguel Ángel Yunes y a sus hijos haciendo ejercicio, al tiempo que dan las gracias a los veracruzanos. Las redes se han llenado de memes que sólo confirman la intención de instaurar una monarquía y la imagen de que muy pronto saldrán corriendo del estado. En verdad, ¿quién los asesora?
Las Universidades y Tecnológicos tendrán que innovar en su forma de trabajar, tendrán que generar recursos propios a través de su capacidad intelectual, generando patentes que puedan vender o generar negocios con empresas tecnológicas, o crear sus propias empresas, aliarse con startup. Las Universidades autónomas y organismos educativos descentralizados, deben de serlo no sólo de membrete, no depender al 100% del financiamiento gubernamental. La necesidad es la madre de las invenciones, la disminución de los recursos, manifestará una catarsis donde vivirán los más aptos. Tendrán que mejorar su capacidad académica, brindando los que queden verdadera calidad en la enseñanza- aprendizaje a los estudiantes. Generando en ellos la capacidad de sobrevivencia, de innovación y de ser emprendedor para salir adelante ante cualquier circunstancia adversa laboral y personal.