| Este viernes se dio entrada a la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para que la 65 Legislatura presente una acción de inconstitucionalidad para anular el decreto 184 por el que se aprobaron los informes individuales de la Cuenta Pública 2017. La intención es que al menos 17 diputados locales presenten una acción ante la Suprema Corte, bajo el criterio que el Congreso local -la Comisión de Vigilancia- no tenía atribuciones para solventar el manejo de los recursos públicos. Como parte de la dictaminación, los diputados locales determinaron que la documentación presentada por los entes públicos permitía justificar el manejo de 330 millones de pesos de los más de mil millones que observó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). En ese sentido, el diputado local Juan Manuel de Unanue Abascal, consideró que la petición es política, pues la Constitución les da la atribución de justificar el manejo financiero, “no hay nada de inconstitucional en la aprobación de la Cuenta”. El expresidente de la Comisión de Vigilancia recordó que, para generar el dictamen, los 15 diputados firmaron minutas de trabajo que más tarde fueron respaldadas por el pleno. “Es un golpeteo político contra 15 diputados de la Comisión de Vigilancia”, dijo y señaló que su intención no es desestimar el trabajo del SEA, pero reprochó la actitud asumida por el presidente del CPC, Sergio Vázquez, quien no tiene fundamento para hacer acusaciones de ese tipo. Unanue Abascal insistió que no actuaron al margen de la ley, pero sorprende acciones que sin duda tienen un trasfondo político, que se tendrá que investigar. |
AVC/Isabel Ortega