El abogado Arturo Nicolás Baltazar presentó una denuncia penal contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez; el Fiscal General, Jorge Winckler; y la Jueza Aleida Sosa Jiménez, entre otros, por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y tortura.

El litigante, quien es defensor del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, acusó que integrantes del poder Judicial y la Fiscalía General, montaron un “espectáculo de sangre y terror” -previo a las elecciones- para fincar responsabilidad al exabogado de los veracruzanos.

En la denuncia que se presentó este lunes, Bravo Contreras confirma que la Juez Aleida Sosa le confesó, en la última audiencia, que el mantenerlo en la prisión es una instrucción de Edel Álvarez, por lo que han desestimado todos los amparos otorgados por la autoridad federal.

“Me parte el alma todo esto, sé que es una injusticia, pero debes lograr que los jueces federales actúen para que te pueda ayudar, todo esto es orden de Edel Álvarez”, le reveló la juez al propio Luis Ángel Bravo antes de la audiencia en la que declararon la prisión preventiva como una medida cautelar.

Nicolás Baltazar, explicó que las imputaciones contra Luis Ángel Bravo se obtuvieron torturando a Gilberto Aguirre Garza y Arturo Bermúdez, a quienes amenazaron para señalar al exfiscal, y el delito no amerita prisión preventiva, “la medida es ilegal e inconstitucional”.

A Bravo Contreras no se le señala directamente por desaparición forzada, explicó Nicolás Baltazar, quien señaló que la orden de aprehensión contra su defendido se basa en un testigo fantasma, pues la persona prácticamente desapareció de la entidad.

“La persona que aparece como víctima en esta investigación, había sido levantada -privada de su libertad- por un grupo de policías; y el elemento central de la investigación es un reporte de la Ministerial, que relata que cuando se trasladaron al lugar, dos años después, encuentran a un testigo que recuerda con precisión detalles, número de personas, lo que dijeron estas personas”.

Y pese a que el testigo se tenía que presentar a declarar, como parte de una prueba testimonial, solo se notificó de su interrogatorio por los Ministeriales, y posteriormente -el 19 de junio- se informó que la persona ya no radica en Veracruz, por lo que el caso contra el exfiscal se les cayó.

Descartó que su presencia en la Fiscalía y el convocar a los medios sea para llevar una defensa ante la prensa, y se sumó a las voces que buscan juicio político contra el Fiscal y que han presentado su solicitud ante el Congreso local.

“Jorge Winckler Ortiz fabricó un delito contra mi representado, fabricaron una novela dantesca, armaron un teatro que el día de hoy se le está cayendo a pedazos (…) le han mentido al pueblo de Veracruz”.

La Fiscalía se convirtió en un instrumento de venganza, para privar a gente inocente de la libertad, opinó el abogado.

La querella, que se presentó este lunes 12 de noviembre, incluye a Marcos Even Zamudio, ahora Fiscal Anticorrupción, al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y Luis Eduardo Coronel, Fiscal Especial en Personas Desaparecidas.

Eduardo Coronel es acusado de desaparición forzada

El abogado explicó que previo a que se girara la orden de aprehensión contra Luis Ángel Bravo, personal de la Fiscalía General incurrió en desaparición forzada al detener a un colaborador del exfiscal, para obligarlo a dar a conocer su paradero.

En su momento -en mayo- se presentó la denuncia penal respectiva, y a la fecha la carpeta de investigación está en la oficina de Winckler Ortiz, y se presume que se quiera desaparecer el expediente, pues se señala a Eduardo Coronel de privar de su libertad a una persona cercana a Luis Ángel.

Isabel Ortega/Avc