Por apoyar la asistencia humanitaria del éxodo de migrantes centroamericanos en su paso por el centro de Veracruz, agentes de Migración y de la Policía Federal amenazaron con iniciar procesos judiciales en contra del sacerdote Julián Verónica, de la Parroquia de Paraje en Amatlán de los Reyes e integrante de la Misión de Observación-Veracruz, e incluso a la presidenta municipal de Córdoba, Leticia López Landeros, acusaron organizaciones civiles.
Integrantes de la Misión de Observación en Derechos Humanos del Éxodo Migrante-Veracruz, acusaron que los activista fueron tratados como “polleros”, inhibiendo así las acciones de por sí complicadas ante la dispersión de la caravana en el tramo más riesgoso para migrantes y no migrantes de la entidad.
En un comunicado, señalaron que aunque la alcaidesa de Córdoba, Leticia Laderos había contratado 10 camiones para dar certeza del tránsito hacia Puebla a mujeres, niños y familias completas, estos fueron cancelados luego de recibir las amenazas de la policía estatal de frenar esta acciones.
“Condenamos enérgicamente las acciones criminales del Gobierno del Estado y Gobierno Federal que ponen en mayor indefensión a los integrantes del éxodo que aún permanecen en la entidad, condenamos las amenazas e intimidaciones de policías estatales y federales”, señalaron.
Denunciaron que el intento de criminalizar las acciones de apoyo en esta emergencia representa un cambio drástico en la política de atención a la situación de los centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos, que hasta el día de ayer recibieron la atención y el paso libre por parte de las corporaciones policiacas en territorio oaxaqueño y veracruzano.
Avc