Elvia Pilar Rodríguez Cely, especialista en gerencia estratégica de costos y control de gestión, de la Universidad de Santo Tomás-Tunja, en Colombia, consideró que los profesionistas relacionados con áreas económicas tienen un campo de oportunidad y contribución en temas ambientales, donde las políticas públicas muchas veces no son aplicadas.

Esto, al impartir la ponencia “Los impuestos verdes en Colombia”, dentro del III Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable “La contabilidad ante los desafíos globales”, que tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Veracruzana (UV).

En presencia de estudiantes y académicos de este programa educativo (PE), resaltó que este tema realmente no es nuevo; sin embargo, países latinoamericanos como Colombia y México son incipientes en esta área aplicada a las licenciaturas de tipo económico.

En el marco del evento que reunió a investigadores de universidades de México, Cuba y Colombia, comentó que en su país existen los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el de Hacienda y Crédito Público, que desde la perspectiva de política pública ambiental y de recaudación de recursos económicos generados del impuesto verde, se enfocan en este aspecto.

Asimismo, a partir del cobro de impuestos y tasas se busca disminuir los impactos ambientales. El primero tiene la particularidad de que el Estado los asume, los cobra y van a un arca general que los distribuye de acuerdo a sus necesidades, pero no tienen un destino específico; por el contrario, las tasas se cobran sobre una afectación ambiental determinada.

Al referirse a los parámetros sobre los cuales se crean los impuestos verdes, comentó que en cualquier país del mundo o desarrollado, antes de ser establecidos primero se debe analizar la contaminación que genere una empresa, ciudad o comunidad.

Para ello también existen los estándares de tipo ambiental y tecnológico, así como las emisiones.

El primero determina el nivel de contaminación, y en Colombia se aplica una estrategia en ciudades generadoras de esmog como Medellín, donde el Estado prohíbe la utilización del vehículo por un día.

También recordó la situación de la Ciudad de México, donde hace algunos años se vivió un problema ambiental y de contaminación por las emisiones de los carros.

“Con este estándar se piensa determinar cuáles son las estrategias para minimizar el impacto.”

El estándar de emisiones tiene que ver con los límites que no se pueden superar; es decir, una empresa no puede generar más de ciertas toneladas de residuos en un periodo determinado. De no cumplirse, se aplican multas, sanciones y se llega hasta el cierre de la misma.

El aspecto tecnológico es uno de los más costosos dentro de las políticas públicas. En este caso, son los empresarios y agentes económicos de países industrializados y desarrollados los que se ven obligados a emitir este tipo de estándares.

Cuando están dentro de los estándares tecnológicos significa que la compañía está dispuesta a invertir una cantidad de capital importante para adquirir tecnología limpia y de punta, agregó.

La investigadora, quien se especializa en temas referentes a instrumentos económicos ambientales, reconocidos a nivel nacional e internacional, subrayó que el ser humano desde que nace ya es generador de problemas ambientales.

Por ello, lo ideal es que desde temprana edad se eduque a los niños para determinar el mínimo efecto negativo posible dentro del medio ambiente, al punto que éste sea capaz de recuperarse.

“En términos ambientales existe el término resiliencia, que es la capacidad que tiene el medio ambiente de recuperarse por una situación de contaminación”.

En este sentido, con estos estándares se espera establecer límites para que el planeta tenga la capacidad de recuperarse.

Precisó que en Colombia existen diversas normas ambientales, como: Código de Recursos Naturales, Ley 99 de 1993, Reforma Tributaria Estructural de 2016 y Estatuto Tributario Colombiano.

No obstante, al momento de aplicarse no son tan eficientes porque hay muchas empresas y pocos verificadores encargados de que se cumpla con la normatividad vigente.

Subrayó que en el aspecto de regulaciones, entre México y Colombia existe una gran diferencia, toda vez que en su país si una empresa desea explotar un recurso natural requiere de una licencia ambiental y de no contar con ella, se cierra.

En México también existe una licencia ambiental pero es voluntaria, lo cual hace que el agente económico no se vea incentivado ni comprometido con el tema ambiental.

“Si en Colombia que tenemos esa obligatoriedad hay problemas ambientales, aquí con mucha más razón.”

Por lo anterior, reiteró que la academia debe estar inmersa en esos temas porque los perjudicados no sólo son México o Colombia, sino todos a nivel global.

“Nosotros desde las profesiones económicas podemos hacer mucho por solucionarlo, el ambientalista sabe del ambiente pero no de la plata, nosotros como profesionales económicos podemos especializarnos en temas de medio ambiente.”

Podríamos llegar a hacer esa combinación perfecta para lograr eficiencia en el manejo de los recursos y que realmente se vean efectos positivos en temas ambientales, puntualizó.

Claudia Peralta Vázquez/Prensa UV