La violencia contra la mujer es el parámetro que indica el grado de violencia social del país, expresaron participantes del conversatorio “Hostigamiento y acoso sexual en el aula”, realizado en el marco de la XI Semana de la Sociología, el viernes 19 de octubre en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades.

El evento académico fue organizado por la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y participaron Estela Casados González, coordinadora del Observatorio de Violencias contra las Mujeres; Mara Karina Mendoza Hernández, responsable del Área Jurídica de la Unidad de Género; Verónica Moreno Uribe, docente de la Facultad de Antropología, y Mayabel Ranero Castro, docente de la Facultad de Sociología, moderadas por Jemyna Rueda.

Verónica Moreno comentó que el Estado se ha vuelto cómplice y perpetrador de la violencia contra la mujer, en tanto que en sus instituciones se reproduce la violencia.

“No debemos olvidar que lo ocurrido al interior de las universidades públicas es responsabilidad del Estado, en el sentido de que debe generar dispositivos jurídicos, legales y políticos, para asegurar el acceso y el disfrute de las mujeres a sus derechos.”

Ante el incremento de casos de violencia contra la mujer, la académica dijo que una posible explicación es el contexto de precariedad –no en el sentido económico– en las relaciones humanas, a lo que se suma la incapacidad de empatía.

“Se cometen porque saben que lo pueden hacer, porque hay una complicidad, omisión institucional en el sentido más amplio; entonces, hay condiciones para hacerlo, hay impunidad y es posible hacerlo.”

Comentó que acciones como la constante desautorización de lo dicho o hecho por las mujeres, el concebir que están para servir y que el varón sienta que tiene derecho a tomar decisiones por ella, son formas muy soterradas del ejercicio de la violencia –que tienen su expresión más macabra en la muerte– que se manifiestan en las relaciones del aula.

Por ello, destacó Estela Casados, la violencia contra el cuerpo de las mujeres es considerada como el parámetro que indica el grado de violencia generalizada que se vive en la sociedad.

Expresó que tradicionalmente el lugar de las mujeres estaba en la casa y el ingreso a las universidades es considerado como un asalto de espacios que no nos corresponden, por ello la violencia contra las mujeres es el pago del derecho de piso por estar en las instituciones de educación.

Advirtió que las diferentes formas de violencia y los mecanismos de sujeción se han sofisticado y reelaborado, mientras que el patriarcado goza de una excelente salud.

Ejemplo de lo anterior es que los casos de feminicidios –considerado el último escalón de la violencia contra las mujeres– han incrementado en los últimos años, de enero a septiembre han sido asesinadas 168 veracruzanas, 113 de ellas cumplen con al menos una características que marca el Código Penal sobre el feminicidio.

Por ello, recomendó denunciar cualquier tipo de violencia ante las instancias judiciales correspondientes, de lo contrario continuarán siendo omisas ante estos casos y continuará la impunidad.

“Las instancias que hay para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres están con las manos atadas, ya que hay todo un andamiaje legal, social y burocrático, que no permite que se nos haga justicia y que haya reparación del daño.

”Esta generación tiene el histórico papel de seguir empujando para cambiar, porque no será rápido; debemos exigir que las instituciones funcionen como deben porque hay impunidad, mientras no haya un cambio social verdadero difícilmente dejarán de suceder estos casos.”

Finalmente, María Karina Mendoza reiteró que es importante hacer los mecanismos institucionales para denunciar los casos de violencia, como una forma de exigir que tengan un mejor funcionamiento.

“Debemos denunciar la violencia que se ha naturalizado, necesitamos visibilizar las prácticas cotidianas de violencia que existen, para que los mecanismos tengan un mejor funcionamiento.”

Paola Cortés Pérez/Prensa UV