Prefacio.

José Francisco Díaz sabía que iban por él. *** Su firma está estampada en muchas de las operaciones señaladas como “irregulares”, en la administración de Javier Duarte. *** Desde su posición, primero, de Subtesorero del Estado, y más tarde como Contralor Interno de la Secretaría de Educación, Díaz Valenzuela supo de cada movimiento y además los avaló con su firma. *** Desde septiembre de 2016 hasta la fecha Paco Díaz invirtió un fuerte capital en asesoría jurídica. No había concluido aún la administración de Javier Duarte, cuando se supo de la gestión de un amparo que le fue concedido por el juez segundo de Distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, contra cualquier orden privativa de libertad. *** Desde entonces y hasta la fecha pagaba despachos de abogados en la ciudad de México para que le informaran sobre cualquier actuación judicial en su contra, y a la vez monitoreaba cualquier posible orden de captura por parte de la Fiscalía General del Estado. *** Los elementos de la Policía Ministerial de Veracruz tenían en su poder una orden de aprehensión en su contra, originada del Proceso Penal 255/2018 (en el que se le señala como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal) y esperaban el momento propicio para ejecutarla. *** Ese momento apareció. Los efectos de su última suspensión habían vencido y le había sido negado otro amparo, por lo que el pasado lunes por la tarde fue interceptado por los agentes y trasladado de inmediato ante la Juez de Control Mónica Segovia Jacome, en la sala de Juicios Orales, del reclusorio regional de Pacho Viejo. *** Paco Díaz sabe que él es “pesca menor” y que con seguridad, en algún momento, alguien se le acercará para ofrecerle un trato: Que declare en contra de quienes fueron sus jefes. La misma táctica que tantas veces ha utilizado el fiscal Jorge Winckler. *** Sin embargo, en esta ocasión no habrá de funcionarle. Falta muy poco para que Miguel Ángel Yunes Linares se vaya. Francisco Díaz está siendo asesorado por buenos abogados, quienes con seguridad le sugerirán que espere hasta después del primero de diciembre para promover su liberación. Los delitos que le imputan no son graves y debería seguir el proceso en libertad. *** Por lo tanto, no tiene necesidad de buscar acuerdos extrajudiciales.

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El periódico Reforma, en su columna Templo Mayor, puso el acento en un tema que ya se debatía desde hace varias semanas:
“En la revisión de las cuentas de cómo recibirán Veracruz, el equipo del gobernador electo, Cuitláhuac García, trae en la mira un asunto que les preocupa. Se trata del contrato para la instalación de más de 6 mil cámaras de videovigilancia en el estado y la puesta en marcha del C5i, que lleva ya casi un año de retraso y cuyo costo –en conjunto- se calcula en alrededor de 700 millones de pesos. El sistema fue anunciado por el actual gobierno estatal en octubre del año pasado y se suponía que entraría en funciones en enero del 2018, pero las quejas en Veracruz van en el sentido de que no todas las cámaras funcionan y que el centro nomás no ha sido entregado. Ante el incumplimiento de la empresa que ganó el contrato, a ver si el próximo gobierno no decide echarlo abajo y volver a empezar de nuevo en un tema que tanto afecta a los veracruzanos”.
El dirigente de los comerciantes en Veracruz (Canaco) Gerardo Libreros Cobos, confirma lo publicado por reforma, al advertir: “Al parecer todavía no está completo, se supone que hay algunas situaciones técnicas de transmisión de las cámaras hacia las antenas, de las antenas hacia el C5 y C4”.
Hace poco más de un mes, el 12 de septiembre, el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez sugirió que se solicitara al gobernador Miguel Ángel Yunes la información relativa a la instalación de las videocámaras de vigilancia en el estado.
“Qué nos dé la información detallada de cuántas cámaras finalmente se pusieron en Seguridad Pública y cuántas están funcionando; esa sería mi primera petición”, dijo.
El propio Yunes Linares había prometido brindar toda la información que se requería. Claro, siempre a través de ese “consejo” que creó al margen de lo que establece la ley:
“Estamos dispuestos a mostrarle al Consejo Ciudadano absolutamente todo lo que nos pidan; si quieren saber cuántas cámaras y en qué lugar, les vamos a entregar la información certificada por notario público, cuántas cámaras están, en qué lugar están, si ya están funcionando, todo. La característica de este gobierno ha sido la transparencia”.
Por lo pronto este martes no sucedió.
Los miembros del consejo “ciudadano” había sido convocado para visitar el Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Veracruz, pero de última hora les informaron que el recorrido se suspendía “debido a que se atienden las afectaciones de las lluvias”.
Lo cierto es que atrás de esta gigantesca inversión hay fuertes intereses financieros por parte del propio gobernador y de sus operadores financieros. Sólo será cuestión de escarbar un poquito a la operación y podrán detectar que el equipamiento de cámaras de videovigilancia fue un jugoso negocio para el actual gobierno.
Justo lo que tanto criticó al gobierno de Javier Duarte.

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Epílogo.

Las impugnaciones relacionadas con la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional serán resueltas en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esto es, que no pasarán por la instancia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). *** La razón es que queda muy poco tiempo para que se instale el nuevo Congreso local (el 5 de noviembre) y no sería suficiente para realizar la promoción, tramitación y resolución de los medios de impugnación ordinarios. *** La resolución del tribunal federal se toma a partir de la excepción al principio de definitividad, que considera el Artículo 41 de la Carta Magna. El TEV anunció que remite de forma inmediata todos los asuntos relacionados con la materia de impugnación, a la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con la finalidad de que sea ese órgano colegiado el que conozca de tales controversias. *** La veracruzana Anilú Ingram Vallines ya se está haciendo sentir en el Congreso federal. Propuso este martes entregar un estímulo económico complementario a mujeres jefas de familia, por un monto estimado de mil 200 pesos, con el fin de ayudar en su hogar. La vicecoordinadora de la bancada del PRI explicó que el cálculo se realizó como parte de una media de los apoyos que a través de diversos programas entrega la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “Mil 200 pesos, para muchas mujeres que son las encargadas de sacar adelante a sus familias, pueden ser la diferencia entre pagar la renta ese mes y tener un plato de comida caliente todos los días; es la diferencia de poder seguir luchando día con día”. Bien.

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