Prefacio.

Ni a debate llega. *** Entre las facultades del Congreso del Estado (Artículo 33, fracciones XXV y XXVI de la Constitución de Veracruz) están las de “declarar si ha lugar o no a proceder contra los servidores públicos que hubieren sido acusados por la comisión de algún delito”, y “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos e instituirse en órgano de acusación en los juicios políticos que contra ellos se instauren”. *** Y es que en el Artículo 67 de la Constitución se establece que la función de procurar justicia encomendada a la Fiscalía General, “se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos”, justo lo contrario de lo que ha hecho el fiscal Jorge Winckler. *** El escenario es previsible. Así como sucedió en el 2016 con el primer Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, un emisario del gobernador mandará a llamar a Winckler y le presentará el grueso legajo con el expediente que se ha armado en su contra, y le ofrecerá dos opciones: La primera, que presente su renuncia al cargo, con la promesa de que el expediente será “archivado” o, la segunda, se encapricha en mantener el cargo y por lo tanto se recurre al Congreso -con amplia mayoría de Morena- para iniciarle juicio político y llegar a las últimas consecuencias. *** ¿Cuál piensa usted que será la decisión de aún Fiscal? *** Algo muy parecido se aplicará con el espurio Fiscal Anticorrupción.

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Miguel Ángel Yunes Linares no perdona, ni olvida.
En las dramáticas condiciones que enfrenta el territorio veracruzano, los municipios y distritos que no respaldaron a su hijo en la contienda por la gubernatura, hoy sufren el abandono de la máxima autoridad en la entidad.
Miguel Ángel Yunes, el padre, se está cobrando la afrenta a su hijo.
– ¿No me apoyaron cuando se los pedí? Pues ahora esperen sentados mi apoyo, porque se va a tardar.
El Artículo 26 de la Ley de Protección Civil para el estado de Veracruz dispone que el Comité Estatal de Emergencias es el órgano del Consejo Estatal para la coordinación de acciones “ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno perturbador natural o antropogénico”.
Ese mismo Artículo dispone que en una situación de emergencia, el auxilio a la población es una función prioritaria de la protección civil, “por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma inmediata, conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables”.
Una semana después de que se emitiera la Alerta Gris y se advirtiera que el frente frío número 6 recorrería todo el estado “favoreciendo precipitaciones fuertes a torrenciales, evento Norte con rachas muy fuertes y notable descenso térmico”, el gobernador de Veracruz se decidió a convocar el Comité de Emergencias.
Yunes Linares argumenta que no era necesario convocar al Comité Estatal de Emergencias, porque las contingencias estaban siendo atendidas por los comités municipales y “no se requería de una intervención mayor”.
En la zona norte, en el municipio de Álamo, se reportan al menos 31 colonias y 20 comunidades afectadas. Su alcalde, Jorge Vera, admite que “fueron rebasados”.
En San Andrés Tuxtla se reporta el fallecimiento de al menos una persona, y otra muerte en el Uxpanapa, además de dos desaparecidos, en los municipios de Oluta y Santiago Tuxtla.
El diputado electo por Los Tuxtlas, Juan Javier Gómez Cazarín, quien se concentró desde la semana pasada en su distrito para ayudar a las comunidades afectadas, se quejó de que el gobernador de Veracruz los ha abandonado:
– Yo creo que (a Miguel Ángel Yunes) se le olvidó que es el gobernador de todo el estado de Veracruz, y se le olvidó también que las elecciones ya pasaron y que él sigue siendo el gobernador del estado.
El legislador cuestionó las “muy desatinadas” declaraciones del mandatario estatal, quien habría argumentado que no estaban en contingencia.
– Yo quiero decirle que esta es una zona de desastre y estamos muy preocupados, porque tenemos tenemos ciudadanos de diferentes comunidades que llevan cuatro días totalmente aislados, y ya les faltan alimentos y agua potable.
En la zona de Orizaba hacia Zongolica, se reportan múltiples deslaves que incomunican a los poblados.
Hay muchas cosas de las que se podrá criticar a los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, menos de ser insensibles frente a la desgracia de sus paisanos. Durante sus gobiernos la instancia estatal de Protección Civil fue reconocida a nivel nacional por su eficacia.
De hecho la Alerta Gris que hoy tanto presume el gobernador, fue instaurada en Veracruz desde 2011 y dos años después se anunció su aplicación a nivel nacional.
Veracruz fue el primer estado en contar con Atlas de Riesgo para todos sus municipios y se convirtió en ejemplo nacional en la creación de políticas de protección civil que salvan vidas y protegen el patrimonio de las familias.
Lástima que el egoísmo, el desinterés social y la preponderancia de la venganza sobre el servicio público, hayan acabado con tan meritoria trayectoria en materia de prevención de desastres.
Hoy los veracruzanos volvemos a pagar las consecuencias de aquella mala decisión del 2016.

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Epílogo.

El gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, respondió al exhorto que le hizo Miguel ángel Yunes, para que se integre al Comité Estatal de Emergencias. Aclaró que él y su equipo actuarán en su momento, pues hoy es un tema que le corresponde al mandatario en turno. “Tiene que ser el gobernador, yo no puedo suplantarlo, es él el que está en funciones”, dijo Cuitláhuac García. ¿Recuerdan cuando al propio Yunes Linares le ganaban las ansias por asumir el poder, incluso antes del primero de diciembre? Él cree que esa debe ser la misma sensación de quien habrá de sucederlo. *** Los empresarios que se integraron en la organización “SOS”, presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una queja por la falta de pago de deudas por parte del gobierno estatal. Se reunieron con la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto para levantar la queja, debido a que el gobierno no atienda su petición de pago, ni reconoce la deuda que se tiene con varias empresas. La queja se presentó por parte de 85 empresas con más de 400 millones de pesos de adeudos.

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