En la plaza Sebastián Lerdo, se congregaron los septuagenarios que integran la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) para celebrar con música y baile, el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 37 recomendaciones al gobierno de Veracruz, luego de que fueron lastimados y desalojados por las policía antimotines, el pasado 24 de diciembre del 2015.

La presidenta de Copipev, Adriana Chávez Tejeda dijo que esta recomendación es como «un manto de protección sobre todos los pensionados y jubilados de Veracruz. Este gobierno y los que vengan, nos tienen que pagar pensiones puntualmente porque son derecho humano».

Explicó que las recomendaciones de la CNDH van dirigidas al gobernador del estado, al titular de la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), al Contralor General del Estado, al director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

La recomendación emitida a la FGE es porque «ha obstaculizado las investigaciones de la CNDH, incluso el fiscal, Jorge Winckler Ortiz se ha negado a recibir a los representantes de este organismo.

«No los ha querido recibir para que tengan acceso a documentos muy importantes. Dice ahí en la recomendación que Winckler los tuvo cinco horas esperando en su despacho y no los recibió» señaló.

Fue el 16 de octubre del presente año cuando la CNDH entregó a los 37 jubilados y jubiladas las recomendaciones y a su vez fueron entregadas a los funcionarios del gobierno del estado.

Recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también entregó recomendaciones al gobierno del estado.

«Es una recomendación histórica, igual que la recomendación de la CEDH. Ningún grupo de jubilados en el país, había logrado que dos instancias: Una estatal y una federal emitieran recomendaciones para proteger los derechos de jubilados y pensionados» dijo.

Detalló que estas recomendaciones obligan al gobierno del estado a reparar el daño a los jubilados, que les ocasionaron aquel 24 de diciembre del 2015, cuando la policía los golpeó para desalojarlos de la calle Enríquez, al momento que llevaban a cabo una protesta por la falta de pagos de pensiones.

Verónica Huerta/Avc