El gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de Pensiones (IPE), aceptaron la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el desalojo de pensionados y jubilados en diciembre del 2015.
Por lo anterior, se procederá a reparar el daño a las 37 jubilados y pensionados que recibirán atención médica y psicológica; y se incluirá en el expediente de 89 funcionarios públicos la recomendación del organismo no gubernamental.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que están a la espera de que se presenten denuncias penales contra quienes desalojaron a los manifestantes.
Acudieron a la Comisión Nacional tres quejosos acusaron uso excesivo de la fuerza para desalojar a quienes se manifestaban por la falta de pago oportuno de sus pensiones y los cheques sin fondo que se expidieron.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió está recomendación, y entre otros elementos de la recomendación incluye, la reparación del daño de manera integral”, mencionó.
También impuso medidas de satisfacción que obliga a la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y el Instituto de Pensiones a colaborar con la CEDH en la queja administrativa y la denuncia penal que se presente.
“Y recomienda la garantía de no repetición, es decir, adoptar medidas legales y administrativas para hacer efectivo el derecho de las víctimas”, dijo y mencionó que se tendrá que certificar y capacitar al personal del IPE y la Segob en materia de derechos humanos.
Por su parte, la Sefiplan debe implementar mecanismos para regularizar el pago a los jubilados y pensionados, “el día de hoy envié esta comunicación al doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptando íntegramente la recomendación que ha emitido”.
El mandatario aclaró que desde que asumió el cargo se ha pagado de manera puntual a los pensionados y se ha aportado 2 mil 400 millones de pesos anuales, como subsidio, para cumplir con las prestaciones de los extrabajadores del Estado.
Isabel Ortega/Avc