En fechas recientes estuve revisando el Informe de Gobierno 2017, los presupuestos de egresos correspondientes al 2017 y 2018, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y su Reglamento, y es realmente sorprendente que prácticamente no se hace mención a los derechos humanos ni a una política pública sobre derechos humanos.

Ello es grave si tomamos en cuenta lo que dicen los informes de las comisiones Nacional  y Estatal de los Derechos Humanos o de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Igualmente preocupante si nos atenemos a dos índices que se presentaron en las últimas semanas. El primero es el Índice de Estado de Derecho en México 2018 del World Justice Project, que señala que Veracruz está colocado en el número 24 del total de las 32 entidades federativas, del ranking global, pero en el número 31 del ranking de derechos fundamentales que mide la protección efectiva de los derechos humanos, y en el lugar 31 en el de justicia penal que evalúa la efectividad y calidad del sistema de justicia penal.

Por su parte, en el índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX) que realiza el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia y la Universidad de las Américas; Veracruz está clasificado en la posición 23 dentro de los 32 estados, con un grado de impunidad “muy alto”.

En el Informe de Gobierno 2017 que presentó Miguel Ángel Yunes el año pasado solamente en un párrafo se alude a los derechos humanos. Y en el Presupuesto de Egresos no hay ningún rubro de derechos humanos salvo lo que corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero parecería que al gobierno este tema no le importa, no le reditúa o no lo conocen. Si les importara debería haber un rubro sobro derechos humanos en la clasificación funcional detallada, y ser transversal en todas las dependencias, en la clasificación administrativa con estructura programática, como sucede con igualdad de género o la Alerta de Violencia de Género.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz establece en su Artículo 18 las atribuciones del Secretario de Gobierno, y las únicas referencias a los temas de derechos humanos se localizan en las fracciones XXXVII Bis y XXXIX.

La fracción XXXVII Bis, le confiere la atribución de efectuar las tareas de análisis, prospectiva y evaluación, con el fin de generar la información necesaria para preservar la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones del Estado y el respeto a los derechos humanos. Y la fracción XXXIX, la de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del Estado y coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción en defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno recientemente incorporó una Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos (Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 13 de julio de 2017). En dicho Reglamento se señala para la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Enlace Legislativo el coadyuvar con los tres poderes de gobierno, organismos autónomos, los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en la ejecución de políticas públicas, programas, mecanismos, estrategias y acciones relacionados con la atención y protección de las y los periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad, para implementar acciones o mecanismos de prevención y protección de sus derechos humanos.

Para dar seguimiento a las atribuciones que específicamente tienen que ver la materia y los temas de derechos humanos, se establece que la Dirección General antes citada debe:

  1. Fungir como enlace entre la Secretaría y las instituciones federales y estatales para, de forma transversal, implementar la perspectiva de género en el Sistema de Justicia Penal, que garantice el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
  2. Proponer al Secretario el anteproyecto del Programa Estatal de Derechos Humanos y coordinar las acciones necesarias para su elaboración, seguimiento y evaluación, en coadyuvancia con las instancias de la administración pública estatal, los organismos autónomos y la sociedad civil, conforme a los lineamientos del Programa Nacional de Derechos Humanos, el Plan Veracruzano de Desarrollo y los Programas Sectoriales, Regionales, Institucionales y Prioritarios.
  3. Fungir como vínculo entre la Secretaría y los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, así como con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a defenderlos, para la colaboración y atención de asuntos en la materia y, en su caso, remitir a las instancias competentes las peticiones que éstas formulen.
  4. Fungir como enlace entre la Secretaría y las instituciones federales, estatales y los organismos autónomos relacionados con la atención y protección de las y los periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad, para implementar acciones, mecanismos o acciones de prevención y protección de sus derechos humanos.

Por lo que se puede ver, no hay una visión clara, integral y sólida de política pública en materia de derechos humanos desde el Ejecutivo Estatal.

En ningún otro lugar de las dependencias del Ejecutivo Estatal, salvo en las mencionadas de la Secretaría de Gobierno, existen atribuciones relacionadas a los temas de derechos humanos, ni mucho menos a una política pública sobre derechos humanos.

Las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobierno en materia de derechos humanos no reflejan una visión actual y pertinente sobre la importancia de los derechos humanos en el diseño institucional ni en la política gubernamental.

Las atribuciones de la Dirección General encargada de esta materia están, por un lado, mezcladas y confundidas con lo que se refiere a la consolidación y coordinación del sistema penal acusatorio adversarial, y, por el otro, hacen referencia a muy pocos aspectos sustantivos de derechos humanos sin dejar claro el mandato en esta importante materia y tomando en cuenta solamente aspectos parciales y acotados de los derechos humanos.

Ello permite concluir que en los hechos en la actual administración de Miguel Yunes, que está por concluir, hubo una ausencia de políticas públicas en derechos humanos y existe una nula sensibilidad en el manejo de los temas y problemáticas que derivan de violaciones a derechos humanos y a sus víctimas.

Se hace necesario que el nuevo gobierno que inicia el próximo 1° de diciembre diseñe una política pública de derechos humanos progresista y transversal en toda la administración pública y programas gubernamentales, a partir de abrir y conducir un diálogo abierto con organizaciones de la sociedad civil.

En el contexto nacional de temas muy sensibles para la opinión pública como el de seguridad y violencia, el buen manejo de una agenda de derechos humanos se vuelve crucial, así como la sensibilidad y seriedad con la que se lleven estos temas frente a la opinión pública local, nacional e internacional como el de violencia hacia las mujeres, discriminación a grupos vulnerables, libertad de expresión, etc.

 

Fuera del ámbito de la política pública desde el gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha jugado, desde su creación, un papel de patiño del Gobernador en turno. Solamente en su actual gestión ha significado un avance todavía relativo para señalar o investigar violaciones a derechos humanos, pero sin enfrentarse realmente con base en sus competencias y atribuciones a los poderes reales o de hecho, lo que sigue hablando de un manejo político de la defensa de los derechos humanos.

Por donde se vea, la situación de los derechos humanos en Veracruz es grave y está en crisis. Ante ello, es el momento de que tanto el nuevo gobierno estatal, los organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como el Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia, hagan realidad lo que es un elemento esencial de los Estados democráticos de Derechos, el respeto a la dignidad de la persona en todas sus esferas, ámbitos, espacios, preferencias y modos de vida.