Prefacio.
La más reciente carta enviada por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, al periodista Ciro Gómez Leyva (la más extensa de todas las que le ha hecho llegar) retrata fielmente los “espacios oscuros” del nuevo sistema de justicia penal en este país. *** Duarte de Ochoa afirmó en su misiva que en todo el proceso que abrió la autoridad federal en su contra, no existe una sola prueba documental, cuenta bancaria o propiedad a su nombre o al de su familia, y tampoco se le pudo comprobar aumento alguno en su patrimonio durante su administración. *** “Mi caso está sostenido simplemente por los dichos de personas que aun y cuando admitieron y demostraron la comisión de delitos, por el hecho de declarar que los delitos que cometieron los hicieron por órdenes mias, les otorgan lo que la ley contempla como ‘criterio de oportunidad’, liberándolos de toda responsabilidad, eximiendolos de las acusaciones que existen en su contra, cancelando con ello las órdenes de aprehensión que habían sido giradas para su detención, los disculpan de haber cometido los delitos que cometieron y les dan la calidad de testigos protegidos”. *** Javier Duarte se dijo víctima de un “show mediático”, del montaje de un circo romano, en el que la figura del “testigo protegido” jugó un papel fundamental. *** “Es obvio que estas personas tenían el incentivo y la necesidad de declarar lo que sus abogados le dijeran que declaren contra mi, por supuesto después de acordar con las autoridades de la PGR, el que les otorgaran su criterio de oportunidad. Hubieran sido muy estúpidos si no lo hubieran hecho, ya que como mencioné fueron liberados de toda responsabilidad que existiera en su contra, gracias a este mecanismo que la ley contempla”. *** Justo es ese mecanismo, es esa rendija que deja el nuevo sistema de justicia penal, el que está utilizando el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, para imputar a personajes relevantes de la administración duartista en la presunta comisión del delito de desaparición forzada: testimonios de testigos protegidos que recibirán como recompensa sustanciosas rebajas a sus condenas, y en algunos casos hasta la libertad. *** Duarte de Ochoa explicó la razón de que haya aceptado buscar el procedimiento abreviado, admitiendo su culpabilidad: “Por la campaña tan intensa y exitosa que desarrollaron en mi contra (…) Esa campaña de linchamiento público me ha colocado frente a la sociedad mexicana como culpable de todo lo que se me acusa, violando con ello de manera reiterada el principio de presunción de inocencia (…) La opinión pública y la sociedad, ya me habían juzgado, y bajo esas circunstancias el riego de enfrentarme contra el sistema y perder era muy alto”.
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Tiene toda la razón el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: Para fortuna de los veracruzanos, su reinado concluye el 30 de noviembre de este año.
No le corresponde a él, por lo tanto, pagarle a la burocracia estatal las dos quincenas de diciembre, ni su aguinaldo. Tampoco tiene responsabilidad alguna, posterior a su salida, con los pensionados y jubilados del IPE.
Todo ello le toca a quien será su sucesor, Cuitláhuac García.
En lo que sí se equivoca es en argumentar que no tiene obligación de dejar en caja lo necesario para cubrir esas responsabilidades.
“El tema es muy claro, los presupuestos son anuales, pero yo soy gobernador en este año solamente por 11 meses, los ingresos son mensuales, las participaciones federales se reciben cada mes, los cobros que hace el gobierno son cada mes, entonces yo no puedo pagar lo de diciembre, ya no soy gobernador en diciembre”.
Miguel Ángel Yunes Linares sabe muy bien que diciembre es un mes atípico. Que es un mes en el que no sólo se pagan los salarios, sino el incentivo anual conocido como aguinaldo. La exigencia de liquidez, por lo tanto, es mayor.
Con frecuencia se les envía el mensaje a las autoridades municipales para que “se administren bien” y vayan ahorrando durante el año para hacer frente a todos los pagos que tienen que hacer en diciembre. En la administración estatal sucede lo mismo.
No se trata de que Yunes Linares pague esos compromisos, sino que deje en caja lo necesario para cubrir buena parte de ellos.
Así lo explica Cuitláhuac García, gobernador electo: “El ejercicio fiscal 2018 inició el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, entonces le corresponde esa responsabilidad al actual gobierno, por lo que debe dejar en caja lo correspondiente para cubrir esas necesidades (…) En caso de no dejar el pago correspondiente, se procederá con una demanda, para que responda por ese faltante”.
En noviembre del 2016, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros advertía: “El gobierno saliente que encabeza Flavino Ríos Alvarado debe dejar los aguinaldos a los empleados de las dependencias de gobierno, o será acreedor a denuncias por los subordinados”.
El 13 de noviembre de ese mismo año, el gobernador interino emitió un comunicado para abordar ese tema:
“Es mediante la generación de acuerdos y el diálogo como se pueden generar soluciones que beneficien a los veracruzanos, destacó el Gobernador Flavino Ríos Alvarado en reunión con líderes sindicales del Sector Salud (…) Durante este encuentro se garantizó el pago de las quincenas 21 y 22, correspondientes al mes de noviembre y está presupuestado el pago de las quincenas 23 y 24, que corresponden al mes de diciembre, así como el aguinaldo”.
Hoy Miguel Ángel Yunes Linares dice que como a él no le dejaron nada en caja, él hará lo mismo.
Tanto se quejaba del gobierno de Javier Duarte y ha incurrido en los mismos vicios: Empresas fantasma, “licuadora”, falta de pago a empresarios y ayuntamientos, y arcas vacías para solventar los pagos del último mes del año.
Se odian, pero son lo mismo.
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Epílogo.
Cuitláhuac García lo dejó muy claro: No acudirá, ni aunque lo inviten, a ninguna de las reuniones del llamado “comité ciudadano de entrega-recepción”. La explicación es que se trata de un “comité patito”. Esto es, que no está contemplado en la Ley. *** El gobernador electo se trasladó este jueves a Tlacotalpan, desde donde presentó a Silvia Alejandre Prado, la próxima secretaria de Cultura. Silvia Alejandre es arquitecta por la UV, con Maestría en Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad Complutense de Madrid y realizó sus prácticas profesionales en el Museo del Prado. *** En el mismo evento Cuitláhuac García presentó a Waltraud Martínez Olvera, quien fungirá como encargada de la Oficina de Gobierno. Candidata a investigadora nacional por la Conacyt, Waltraud Martínez cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Es Licenciada en Psicología por la UV, con Maestría en Investigación en Psicología Aplicada a la Educación. Tiene especialidad en Competencias Docentes y es Doctora en Sistemas y Ambientes Educativos.
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