Desde hace más de seis meses, la directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Xalapa, Andrea Doria Ortiz Aguirre, había informado acerca de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado en contra de la empresa Proactiva Medio Ambiente por los presuntos delitos de despojo, daños, ultrajes a la autoridad, resistencia y desobediencia de particulares, y los demás que la autoridad investigadora llegara a considerar que se configure en agravio del municipio capitalino, por negarse a entregar el predio del Relleno Sanitario cuya concesión le fue prorrogada por 15 años más en agosto de 2017.

¿Cómo fue que la administración del alcalde Hipólito Rodríguez descuidó un asunto tan relevante para la vida cotidiana de la ciudad? Y es que cuando el gobierno del estado encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares decidió actuar y clausurar el depósito de residuos sólidos de El Tronconal, puso en jaque al torpe alcalde de MORENA que, al buscar y no conseguir otro lugar a dónde arrojar las toneladas de basura que diariamente se generan en Xalapa, ¡tuvo que hacer el ridículo al solicitar a la misma administración yunista que se reabriera el relleno sanitario concesionado a Proactiva Medio Ambiente!

El colmo es que en su desesperación, cuando en los municipios vecinos de Coatepec, Emiliano Zapata y Villa Aldama las autoridades y pobladores se negaron a recibir los desechos sólidos de la capital veracruzana, Rodríguez Herrero culpó de esta situación al gobierno estatal e inclusive se atrevió a insinuar que no descartaba que Yunes Linares le estuviera “sembrando” basura en la ciudad para hacer más crítico el problema.

Esa versión obviamente provocó hilaridad. Igual el rumor que nuevamente han hecho circular acerca de que el “dueño” de la empresa concesionaria del relleno sanitario de Xalapa… ¡es el ex alcalde Reynaldo Escobar!

Nada que ver. Proactiva Medio Ambiente pertenece a Fernando Chico Pardo, uno de los empresarios de la llamada “mafia del poder”, como los etiquetó el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, camarada de Hipólito.

Este hombre de negocios es un auténtico tiburón del empresariado mexicano muy allegado al Presidente Enrique Peña Nieto, con quien a principios de marzo del año pasado vino a inaugurar en el norte de Veracruz el Tuxpan Port Terminal (TPT), la nueva instalación para contenedores, carga general y vehículos en el puerto veracruzano cuya inversión ascendió a 500 millones de dólares –cerca de 10 mil millones de pesos– por parte de SSA México, que preside Chico Pardo, y la cual es subsidiaria de Carrix, de la que a su vez el empresario peñanietista es copresidente y posee el 49 por ciento de las acciones.

Este multimillonario preside también el consejo de administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que desde hace tres años viene invirtiendo cerca de mil millones de dólares en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Cancún y en las obras de mejoramiento en otros ocho aeropuertos del grupo.

¿Cómo llegó Chico Pardo a tener injerencia en el manejo de los rellenos sanitarios, entre ellos el del puerto de Veracruz y el de Xalapa? La historia es la siguiente: en diciembre de 2015, la constructora mexicana ICA, en su batalla por obtener liquidez tras incumplir con obligaciones de deuda, tuvo que vender por unos mil 200 millones de pesos su participación en una firma de manejo de desechos ambientales. Este gigante de la construcción vendió su participación de 49 por ciento en Proactiva Medio Ambiente México a un fideicomiso administrado por Chico Pardo. ICA era propietaria de Proactiva en conjunto con la empresa de agua y manejo de desechos francesa Veolia. La constructora mexicana se deshizo de sus acciones para negociar con sus acreedores la reestructuración de su abultada deuda, ya que debía cumplir con el pago de 31 millones de dólares de los intereses de un bono con vencimiento en el año 2024.

¿Por qué, después de que MORENA ganó las elecciones de julio pasado y está por asumir los gobiernos federal y del estado, el alcalde Rodríguez Herrero no se sentó a dialogar con los representantes de la empresa de Chico Pardo para lograr un buen acuerdo para el pueblo de Xalapa, si finalmente ha tenido que volver a utilizar el relleno sanitario de Proactiva?

¿Acaso el acaudalado empresario iba a regatear sabiendo que podría tener en contra al próximo gobernador y Presidente de la República? Pero, además, la administración municipal anterior les dejó gestionada ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una inversión de 8 millones de dólares –aproximadamente 150 millones de pesos– para la construcción de un biodigestor que transformaría los residuos sólidos en energía limpia, un sistema que sería modelo de sustentabilidad en América Latina.

El regidor priista Juan Gabriel Fernández Garibay acaba de advertir que esos millonarios recursos internacionales donados a Xalapa por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y que bajarían a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (según el convenio firmado por el Ayuntamiento anterior con BANOBRAS en diciembre de 2017), se encuentran en riesgo no sólo porque la administración municipal de Hipólito Rodríguez no le ha dado seguimiento a la gestión, sino también porque ahora ya no tenían acceso al relleno sanitario, que el propio BID había visto como viable para la instalación del biodigestor.

Este sistema, desarrollado con el acompañamiento del BID y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), colocaría a Xalapa como la ciudad mexicana más beneficiada dentro del Programa Piloto de Enfoque Integrado de Ciudades Sustentables.

Pero tanta arrogancia, cerrazón y torpeza del munícipe de MORENA y su equipo está por tirar a la basura la millonaria inversión que a Xalapa ¡no le costaría nada!

Denuncian omisión de SCT

Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) intentaron abandonar la obra de restauración del camino de terracería que comunica a gran parte de las comunidades de Sayula de Alemán, en el sur del estado.

En días pasados, la SCT y campesinos de ese municipio sureño firmaron un convenio donde se pactaba la entrega de 4 mil 500 viajes de revestimiento para un lapso de 25 días, para la rehabilitación de los caminos de terracería.

La obra fue concesionada y pagada a una empresa proveedora de la SCT, sin embargo este miércoles intentaron abandonar el trabajo en proceso.

Los campesinos y autoridades de las comunidades de esa zona sayuleña les retuvieron las unidades para exigir que terminen y entreguen la obra tal y como se acordó y se firmó.

El delegado de la SCT, Ricardo Ortiz, ha intentado lavarse las manos argumentando que es responsabilidad de la empresa a la que le pagó.

El abandono de la rehabilitación de los caminos atenta al progreso social, toda vez que dicha gestión está estimada en 15 millones de pesos, más gastos de maquinaria.