Hace poco más de un mes, a finales de agosto, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, no dejó pasar una declaración que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había hecho durante un foro nacional al señalar la podredumbre de las procuradurías.

“Las procuradurías están podridas, corrompidas desde las entrañas. Se requiere más que una fiscalía autónoma, una reestructuración completa del sistema de justicia”, dijo la ex ministra de la Suprema Corte, señalando que las fiscalías trabajan mal en los estados y que las autoridades encargadas de impartir justicia no asumen sus responsabilidades, por lo que aseguró que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyará la reestructuración de estas instancias estatales, ya que aún falta trabajar de manera decidida para construir un nuevo modelo de justicia en el país.

A través de su cuenta de Twitter, el Fiscal yunista le reviró a la futura titular de la SEGOB: “@M_OlgaSCordero Todos los días, hay mujeres y hombres de las fiscalías y procuradurías que se ponen en riesgo por procurar justicia. Junto con la Policía Federal, la PGR y nuestra Fuerzas Armadas, se hace frente a la delincuencia”, escribió.

Tras calificar de injusta la generalización de la ex ministra, pidió su respaldo para contrarrestar la violencia en el país.

“Pero es totalmente INJUSTO generalizar (son una porquería) Se esperará su respaldo y acciones para contrarrestar el principal generador de violencia: la delincuencia organizada, que por cierto, es de competencia Federal”, remachó.

Sin embargo, el mejor ejemplo de lo dicho por doña Olga Sánchez está ocurriendo precisamente en Veracruz. Y no sólo por lo que el fiscal yunista ha tratado de evidenciar con el desaseado proceso penal que le abrió a su antecesor Luis Ángel Bravo Contreras y a otros tres ex funcionarios de la FGE –Gilberto Aguirre, ex director general de Servicios Periciales; Carlota Zamudio, ex delegada de la Policía Ministerial, y María del Rosario Zamora González, ex directora general de Investigaciones Ministeriales, detenidos en abril de este año por el presumible delito de desaparición de personas por ocultamiento, pues presuntamente habrían alterado datos de una fosa clandestina con 19 cadáveres hallados en 2016 en la barranca de La Aurora, una ranchería del municipio de Emiliano Zapata, limítrofe con Xalapa–, sino también por los graves señalamientos que, a su vez, acaban de hacer Bravo Contreras y Zamora González en contra de Winckler Ortiz.

El sábado anterior, 29 de septiembre, durante la audiencia en la que la Juez Alma Aleida Sosa Jiménez revisó el amparo 396/2018 del juez federal del Juzgado Décimo Quinto de Distrito con residencia en Xalapa para determinar si cambiaba las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva necesaria a Zamora González, la ex directora de Investigaciones Ministeriales dejó entrever que Winckler le ofreció recuperar su libertad a cambio de inculpar a ex funcionarios, entre ellos a su ex jefe Luis Ángel Bravo.

En la audiencia, Zamora acusó que le prometieron abreviar el proceso legal para recuperar su libertad. “Me dijo: ‘ya estás en la cárcel, ahora te toca imputar a unos servidores’”.

Se dijo víctima de persecución de parte de la FGE y señaló directamente a Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, de quien dijo que frecuentemente ingresa al reclusorio para ejercer acciones intimidatorias en su contra.

Este miércoles, en audiencia intermedia alusiva a la causa penal 103/2018, Bravo Contreras acusó de lo mismo a su sucesor. Inclusive aseguró haber grabado una conversación que tuvo con Winckler en la primera semana de febrero de este año, en la que supuestamente el titular de la FGE le pidió “su cooperación” para incriminar a servidores públicos “en un baño de sangre”, a lo que, dijo, “me negué”.

En alusión a los policías recientemente consignados también por la desaparición forzosa de personas, Bravo afirmó que Winckler le expresó: “Que pendejos fueron los policías, era más fácil simular enfrentamientos o ejecuciones…”

Bravo refirió que en dicha reunión de 90 minutos, ante su insistencia para incriminar a servidores públicos, Winckler le dijo: “no pasará nada si cooperas, hay hechos que te vinculan y te alcanzan”.

Cuando la juez Sosa Jiménez pidió orden en la sala, Bravo expresó: “Su señoría, no me puedo quedar callado, hoy la cabeza de la Fiscalía está podrida”.

Acusación que hasta ahora, inexplicablemente, Winckler no ha respondido ni por Twitter.