El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Consejo de la Judicatura, Edel Humberto Álvarez Peña, aseguró que solicitarán que el Gobierno del estado entregue el 2 por ciento de su presupuesto anual a este poder, tal como señala la ley.

Entrevistado durante su guardia de honor ante la efigie de Miguel Hidalgo y Costilla, dijo que la llamada ley de austeridad que propone el nuevos Gobierno tanto federal como estatal, no significa pobreza.

«Entiendo la ley de austeridad de canalizar los recursos adecuadamente no una ley de pobreza; la ley de austeridad implica que no se hagan gastos que no deben realizarse o que no estén justificados».

Por ello, el magistrado presidente insistió en que solicitarán el dos por ciento del presupuesto anual, que significaría casi dos mil millones de pesos.

«Tenemos confianza en que el Ejecutivo lo reitere y el Congreso lo apruebe porque es la única manera de atender los problemas y la situación de rezago en la impartición de justicia en el estado de Veracruz».

Y es que dijo que aunque se ha avanzado en la reingeniería para canalizar el presupuesto del Poder Judicial, hay necesidades importantes.

«Han desaparecido juzgados civiles y menores y hemos creado juzgados familiares y de control y aún así tenemos un rezago económico y es muy importante entender que para atender el rezago de ocho millones de veracruzanos es con un presupuesto del 2 por ciento».

Y es que aseguró que el Poder Judicial en toda la República mexicana no cuentan con presupuestos justos ni correctos.

Además, advirtió que sería anticonstitucional que se pretenda reducir los sueldos y salarios y magistrados y jueces en el país. Y reconoció que actualmente cada juez gana más de 40 mil pesos mensuales.

«No se me hace justo para ningún mexicano que tenga un salario, que se le reduzca».

Cuestionado sobre la exigencia del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el sentido de girar órdenes de aprehensión contra ex funcionarios duartistas, dijo que los jueces actúan de manera autónoma.

«Si hay los elementos para proceder contra cualquier ciudadano que esté involucrado en actos de corrupción o complicidad con Javier Duarte, que se proceda».

Perla Sandoval/Avc