Todo parece indicar que la cuarta República se pasará a la Constitución por el arco del triunfo. Enredado en una promesa de campaña que no cumplirá, Andrés Manuel López Obrador prepara para el último domingo de octubre –sin facultad legal alguna- una especie de referéndum para que los ciudadanos decidan el futuro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que actualmente se construye en Texcoco.

Aunque ellos mismos no saben si se trata de una consulta pública, de una encuesta ciudadana o de un híbrido que no tiene ninguna validez jurídica. La Constitución señala que para realizar una consulta popular el presidente en funciones debe hacer la petición al Congreso y éste aprobarla. Además, debe ser el INE el encargado de realizar la consulta el mismo día de una jornada electoral federal, cosa que no sucederá hasta julio del 2021.

Entre otros requisitos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe revisar la constitucionalidad de la consulta popular y el INE tendrá a su cargo, en su caso, la verificación de las firmas ciudadanas, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Hasta ahora, no ha sucedido ninguno de estos tres supuestos.

Bajo este marco jurídico, la Consulta Popular en México está regulada. Sin embargo, la propuesta hecha por el nuevo gobierno no se enmarca en nuestras leyes, y por tanto, carece de la validez jurídica necesaria que esta sea vinculante, es decir, que el gobierno esté obligado a cumplir la voluntad popular sin importar cuál sea el resultado.

El tema preocupa a todos: a los empresarios por el capital invertido en lo que será el tercer aeropuerto más grande del mundo, a los habitantes de la región por el impacto económico que representaría la pérdida de empleos; a los pasajeros de todo el mundo por los riesgos de implica la saturación del actual aeropuerto; a los juristas por el desdén a las leyes e instituciones. Aunque, claro, también hay muchas voces que se oponen con argumentos muy sólidos.

Debido a que este ejercicio no está contemplado en la Constitución, los Consejeros del INE –organismo responsable de la consulta- consideraron que es inviable que este organismo autónomo organice, en este año, una consulta popular sobre el tema del nuevo aeropuerto capitalino, simplemente porque así no lo considera la Constitución. Pero la constitucionalidad y legalidad evocada por el INE no es algo que preocupe a los nuevos funcionarios, porque la consulta ciudadana será a imagen y semajanza de quien la organiza.

Quién será el próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha dicho de manera insistente que el futuro de la obra del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) se decidirá en octubre, a través de una consulta pública o una encuesta a los ciudadanos de todo el país.

En el mismo tenor, Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, aseguró que están analizando elaborar encuestas para definir el futuro del nuevo aeropuerto; en su desvarío, planean combinar la consulta popular y las encuestas; y reconoció que por el momento no han tenido contacto con ninguna encuestadora, a pesar de que para la fecha que ellos mismos han propuesto, faltan escasas cinco semanas.

Es necesario que el gobierno electo informe de manera puntual, las dudas que todo tenemos. Andrés Manuel ha referido un calendario pero no una metodología. Si se trata de una encuesta, debe saberse quién será la empresa encargada de realizarla, cómo será el proceso de consulta –personal o telefónico-, cuál será su costo y quien validará que efectivamente esa sea la voluntad, por ejemplo, de los veracruzanos de Tamalín. Así de absurdo.

Pero que tal que deciden echar la casa por la ventaja y hacen una versión patito de la consulta popular prevista en la Constitución. De la misma forma, deberán explicar si instalarán casillas, quién realizará la consulta y al amparo de qué facultades; hay que recordar que en octubre, López Obrador seguirá siendo Presidente electo, y por tanto, carece de toda atribución para convocar a un ejercicio de esta naturaleza. Por consecuencia, insisto, no sería vinculante por muy ignorantes que simulen ser sus promotores.

Hasta ahora, a un mes del peculiar ensayo de consulta, tampoco sabemos el universo de personas con derecho a opinar, cuál será el mecanismo por el que expresarán esa opinión, y quién cubrirá los gastos del caprichoso ejercicio.

Una cosa es segura. Si la consulta camina como pato, grazna como pato y zurra como pato, es un pato. Esa será la marca de la nueva república.

Las del estribo…

  1. En la pasada Legislatura federal, a pesar de que ahí se encontraban los niños fieles del duartismo, hubo muchos de Puntos de Acuerdo para llamar a cuentas al Gobernador Miguel Ángel Yunes; ninguno prosperó gracias a los buenos oficios de la SEGOB en la bancada priista. Ahora Morena -a petición de Cuitláhuac García-, aplicó la urgente resolución para impedir que continúe la venta de garaje. Es apenas una probadita de lo que viene.
  2. En el Veracruz donde no pasa nada, las redes sociales daban cuenta ayer por la noche del asalto al restaurant de mariscos “El Lagarto” en Coatzacoalcos, donde habrían despojado de sus pertenencias y vehículos a los comensales, sometieron a los empleados para que entregaran el efectivo de la cuenta del día y presuntamente habrían privado de la libertad a una pareja. Cuando la policía llegó, el atraco estaba consumado.
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