Prefacio.
A pesar de la persistente negativa de la Fiscalía General del Estado (FGE), finalmente los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas consiguieron que se les autorizara el acceso a las fosas encontradas en el municipio de Alvarado. *** Gracias a la intervención de la Comisión Estatal de Derechos humanos y de la Comisión Estatal para la Atención de Víctimas, los familiares de personas desaparecidas pudieron acceder a predio “Arbolillo”, donde se ubican las fosas descubiertas en fechas recientes. *** Por lo pronto ya señalaron importantes fallas en el procedimiento aplicado por la Fiscalía. Denunciaron que no fueron notificados a tiempo sobre el hallazgo de las fosas, que sin justificación alguna se amplió el perímetro protegido, y observaron el paso de vehículos que pudieran provocar problemas en la búsqueda. *** Una muestra más de la ineficiencia de la Fiscalía de Veracruz.
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Es un principio fundamental en el nuevo Sistema de Justicia Penal: La presunción de inocencia.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Artículo II establece que “toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido”.
Es digno de reconocimiento el esfuerzo de las corporaciones policiacas del Estado, para la localización y rescate de una joven originaria de Coatzacoalcos y estudiante de la Facultad de Medicina en Boca del Río.
La difusión en redes sociales de un video captado por una cámara de seguridad (a la que, presumiblemente, sólo tiene acceso la autoridad) exacerbó los ánimos y provocó que arreciaran las protestas contra el gobierno estatal, por su deficiente desempeño en su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 14 de septiembre, en Boca del Río, y la madrugada de este martes la Fiscalía General del Estado dio a conocer, a través de los dos medios de comunicación a los que recurre en forma cotidiana (Notiver y XEU) que ya había sido rescatada la joven y que como consecuencia del operativo había cuatro personas detenidas.
¡Excelente noticia! Pero… ¿Y el debido proceso?
Este mismo martes el abogado Fidel Ordóñez llamó la atención sobre graves errores cometidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) y en especial por su titular, Jorge Winckler, quien se encargó de difundir que él personalmente encabezó el operativo de rescate de la estudiante.
Este jurista, de amplia experiencia, que ya en algún momento fungió como subprocurador de justicia en la entidad, se dijo extrañado de la “urgencia terrible”, que mostró la autoridad para dar a conocer la liberación de la víctima y la captura de los supuestos secuestradores, lo que habría provocado que no tuvieran el cuidado que dispone la ley de mantener los nombres en secreto pues de lo contrario se violan sus derechos humanos y sus garantías individuales. Lo más preocupante, dijo, es que se hayan publicado los nombres completos de los detenidos, lo mismo que sus fotografías sin cubrirles el rostro.
“Eso es indebido y no es tanto la violación al debido proceso como una violación grave, es un tema de protección personal de datos que establece la Constitución General de la República en beneficio de todos los ciudadanos”, explicó.
Y no se trata de una falta menor. En opinión de Fidel Ordóñez, existe la posibilidad de que los presuntos secuestradores salgan en libertad por fallas en el proceso, debido a que al haber una violación tan grave en el procedimiento habitualmente en materia federal por la vía del amparo se puede conseguir que los imputados sean puestos en libertad, con el argumento, muy sólido, de que no se respetaron sus derechos humanos.
Llama la atención que en las crónicas originales de este operativo se destaque que uno de los presuntos secuestradores, exnovio de la víctima, trabajaba en el ayuntamiento de Coatzacoalcos (y mencionan el nombre del actual alcalde) y tenía una relación muy cercana con la síndica única de aquel ayuntamiento, de la que también difunden su nombre.
Son datos que -hasta el momento y salvo que los fiscales encuentren una vinculación con el delito que investigan- resultan irrelevantes y muestran un interés por agraviar a servidores públicos que representan a una fuerza política distinta a la que hoy gobierna el estado.
Resaltar que “el Fiscal General personalmente encabezó el operativo”, y que alguno de los presuntos secuestradores estaría vinculado laboralmente con un ayuntamiento de oposición, son dos muestras de que la información sobre este caso fue manipulada y, por lo tanto, carece de veracidad.
¡Qué lástima!
¡Por fin una les había salido bien!
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Epílogo.
Es falso lo expresado por el secretario de Gobierno, Rogelio Franco, en el sentido de que ya se había solucionad el problema de inseguridad con los maestros de la sierra de Zongolica. Hoy se sabe que al menos en Soledad Atzompa, Xoxocotla, Astacinga y Mendoza, cerca de 200 maestros de escuelas primarias y secundarias siguen sin asistir a impartir clases, alegando que temen por su seguridad. Esto afecta a unos 6 mil alumnos. *** Los maestros denuncian que no se han cumplido sus peticiones para garantizar su seguridad. Pidieron que intervengan la Marina y el Ejército para vigilar los caminos de la Sierra de Zongolica. *** Será el 11 de noviembre cuando la militancia del PAN en Veracruz defina a quienes integrarán su Comité Directivo Estatal. En la Ciudad de México ya fue publicada la convocatoria para renovar la dirigencia del PAN en Veracruz, con el voto de aquellos militantes que tengan 12 meses de antigüedad o más, y que estén inscritos en el Registro Nacional de Militantes. *** A pesar de que se ha exhibido que ha lucrado con el cargo, José de Jesús Mancha pretende reelegirse. Otro que ha externado su interés por ocupar el cargo es el actual secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal, Joaquín Guzmán Avilés.
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