Hemos mencionado en esta columna en varios artículos la importancia y necesidad de la asistencia técnica internacional tanto de las agencias de cooperación de algunos países como de los organismos multilaterales de los sistemas internacional e interamericanos de derechos humanos, frente a los retos enormes para atender las consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos, así como de las situaciones de violencia como las que viven las mujeres, igualmente para coadyuvar en los objetivos y tareas de una política pública estatal enfocada a resolverlos.

El próximo gobierno estatal, junto con la tarea de diseñar, desarrollar y operar una agenda y política pública amplia de derechos humanos, tiene la oportunidad de abrir sus puertas a esa cooperación y asistencia técnica, siempre y cuando se deje bien claro cuáles son las necesidades, los espacios, las tareas, donde se requiere. Esa asistencia tiene que ser muy puntual, específica, especializada, y sobre todo, que sirva para avanzar en dotar de mayores y mejores capacidades a las instituciones públicas y su personal, es decir, dejar instaladas fortalezas, capacidades y nuevas prácticas en los espacios y las personas dedicadas a las diferentes tareas relacionadas con la investigación, la búsqueda, los dictámenes periciales, la documentación y valoraciones de impacto psicosocial, etc.

En mi vida profesional he participado como consultor y constructor de consensos en varios temas como la trata de personas, la prevención de la tortura, la libertad de expresión, la protección de defensores y periodistas, la atención a víctimas, y en los últimos cuatro años en la desaparición forzada. Desde el año 2005 ese trabajo lo he hecho principalmente con proyectos financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que es la agencia de cooperación del gobierno americano. Pero también he trabajado junto a otras como el Consejo Británico, la Cooperación Europea, la Cooperación Española, la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el Centro de Justicia para las Américas (CEJA).

Además de éstas, existen la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), y también organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, o bien organismos multilaterales de las Naciones Unidas como la UNICEF, la UNODC, o en el sistema americano la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Es importante tener todo ello en cuenta a la hora del diseño y construcción de planes y programas, sobre todo cuando de antemano sabemos que los recursos públicos no alcanzarán para atender los retos gigantescos por ejemplo tan solo en la identificación de los miles de restos humanos que existen en cientos de fosas clandestinas.

Sin embargo, no obstante la existencia de la buena voluntad de todas estas instancias, no todas trabajan igual. Algunas están más orientadas o enfocadas a empoderar a la sociedad civil, a los colectivos o a las víctimas, otras están más orientadas en el avance de la difusión o conocimiento de los temas en la opinión pública, y otras en la promoción y aprobación de la legislación necesaria en  ciertos temas. Pero pocas están trabajando en el fortalecimiento de capacidades institucionales y profesionales para dejarlas instaladas en las áreas estratégicas de accesos a la justicia, derechos humanos y atención a víctimas. Se trata por lo tanto, desde éste último eje, en trabajar con y junto a las autoridades para pensar, diseñar y llevar a cabo acompañamientos, asistencia, asesoría y capacitación, estratégicas en estos temas.

En mi experiencia con el trabajo en proyectos financiado por USAID, en este caso durante el último año con el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), con el programa PROTECT, es que precisamente está enfocado al trabajo con las agencias gubernamentales o con organismos autónomos como las comisiones de derechos humanos o los institutos de las mujeres, para el fortalecimiento de capacidades y solución de problemáticas concretas, al mismo tiempo de trabajar con colectivos y víctimas para el fortalecimiento de sus propias capacidades y posicionamiento frente a la autoridad en momentos y situaciones específicas.

Durante todo este año PROTECT ha trabajado con dos colectivos de víctimas de desaparición y en este momento se están ya entregando a cada uno de los familiares los planes de investigación de sus casos, a partir de la revisión de sus carpetas. Igualmente se revisaron los expedientes y dictámenes de los casos y personas localizadas en Colinas de Santa Fe y en Arbolillo, entregando un informe-dictamen a la Fiscalía como análisis a las intervenciones de la Policía Científica Federal.

El equipo de antropología y arqueología forense de INSYDE han estado trabajando en el análisis de contexto de sitios donde presuntamente se encuentran restos inhumados clandestinamente. El propósito aquí es que además de coadyuvar con las víctimas y los colectivos en sus derechos a la verdad y la justicia, se transmitan conocimientos y capacidades técnicas a los fiscales, policías y peritos para la aplicación de las metodologías, procesos y tecnologías que tienen que ver con la búsqueda, análisis de contexto, exhumaciones, peritajes para la identificación humana y la individualización, así como la entrega digna a los familiares.

Por otro lado, con la CEDH se llevaron a cabo varios cursos y talleres para fortalecer las capacidades en los temas de reparación integral del daño y de las valoraciones de impacto psicosocial. Incluso se formó un equipo interdisciplinario de abogadas y psicólogas con la participación del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), para llevar a cobo las valoraciones de impacto de algunos casos con recomendaciones de la Comisión y en etapa de reparación. Una vez realizado esto, también se ha participado en la elaboración de planes de reparación para casos de víctimas de desaparición forzada.

El proyecto PROTECT de INSYDE no logró una interlocución directa con el Ejecutivo Estatal saliente ni con la Secretaría de Gobierno, ni por ejemplo con la Comisión Estatal de Víctimas, aunque se tuvo conversaciones con su titular y se le ofreció la asistencia técnica, no se logró una cooperación que seguramente hubiera sido muy necesaria en una etapa de justicia transicional como la que se supondría se estaría viviendo a estas alturas. Con la Fiscalía del Estado se tuvo una comunicación e interlocución permanente, aunque no se pudo concretar un proyecto de asesoría o asistencia técnica formal, que hubiera podido materializarse en nuevas y mejores capacidades por ejemplo en la elaboración de planes de investigación, en dictámenes de reparación, o en capacidades técnicas en los peritos.

Con quien sí hubo una plena colaboración fue con la CEDH, logrando un avance importante en el fortalecimiento de conocimientos y capacidades en su personal, sobre todo en lo que tienen que ver con los temas de reparación integral. Igualmente con el IMM de Xalapa, quienes amablemente colaboraron para llevar a cabo varios informes de valoración psicosocial para recomendaciones de la CEDH.

Queda mucho que hacer todavía y, frente a la entrada de una nueva administración, sería deseable un entendimiento pleno de cómo funciona la cooperación y la asistencia técnica internacional  a fin de aprovecharla. No me refiero solamente a lo que todavía se podría trabajar con INSYDE y USAID, si no a las diversas alternativas de las agencias y organismos internacionales, pensando sobre todo cuando se trata de fortalecer, acompañar y colaborar con las nuevas autoridades en proyectos concretos y específicos para coadyuvar en la mejora de sus tareas, funciones y retos institucionales con base en las mejores prácticas y con los mejores especialistas que haya a nivel nacional o incluso internacional.

El trabajo con los colectivos, con la sociedad civil y con la Universidad Veracruzana también es de la mayor importancia. La cooperación internacional también puede participar y aportar en capacitar y formar nuevos profesionistas o en su especialización en las diversas y diferentes necesidades técnicas y profesionales para las actividades y retos que se viven en materia de acceso a la justicia y en garantizar los derechos de las víctimas y los derechos humanos.

En este caso, INSYDE-TROTECT también pudo propiciar y colaborar con la Universidad Veracruzana en el Primer Diplomado en Arqueología Forense en el país el año pasado, igualmente en otros proyectos encaminado a la documentación, análisis y estudios sobre las violencias y el acceso a la justicia. Una posibilidad para el próximo año será lo que ya se ha propuesto para la implementación de un laboratorio de identificación genética y en la formación o especialización de personal para la identificación humana desde las diferentes disciplinas como la arqueología, la antropología física, la odontología, la dactiloscopia, y desde luego la genética.

El nuevo gobierno tiene el reto de diseñar una política pública integral y una agenda de derechos humanos y de víctimas, y también sería muy necesario, comprensible e incluso sabio que para su implementación, cuente con el apoyo de la asistencia técnica nacional e internacional, que, si se aprovecha inteligentemente, puede ser una oportunidad inigualable frente a los retos que plantean las diversas violencias en Veracruz y las violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, a así atender la demanda legítima de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación.