Muchos movimientos están ocurriendo en el Tribunal Superior de Justicia, donde gobierna con enorme disipación el Magistrado Presidente Edel Álvarez Peña. Aunque ha defendido en un comunicado su decisión de poner a jueces con más de 30 años de trayectoria como ponentes en Salas que cuentan con vacancias de Magistrados, argumentando que eso no violenta ningún precepto constitucional, lo cierto es que en todo su trayecto de 21 meses ha hecho y deshecho con jueces y magistrados.
Ya comentamos que lo último había sido remover a la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón de la Quinta Sala en Materia Penal (equivocadamente escribimos que de la Tercera) para ubicarla en la Sala Constitucional, y con ello quitarle el caso del extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita.
A dicha sala envió, no a Marco Antonio Lezama Moo (como señalamos ayer y quien en realidad fue a la Primera Sala en lugar de Alfonso Balderas, en retiro) sino al joven Magistrado Amadeo Flores Villalba, para hacer equipo con Beatriz Rivera Hernández, y juntos encargarse del caso Bermúdez, con la aparente intención de dejarle una papa caliente al próximo gobernador Cuitláhuac García Jiménez. En lugar de Hernández Ribbón, se impuso al Secretario de la Sala, incondicional de Beatriz Rivera y de Amadeo Flores, quienes quieren revocar la vinculación a proceso del temido exjefe policiaco de Javier Duarte.
El propio Edel Álvarez se integró a la Sala Constitucional para resolver posibles controversias constitucionales, cuando en su calidad de Magistrado Presidente no puede ser parte de ninguna Sala.
Además, ha impuesto a incondicionales en las diversas salas: En la Primera, como ya comentamos, está ya Lezama Moo, que es de su gente; en la Segunda Sala está mandando a uno de sus jueces provisionales; en la Tercera, a Julio César Díaz Hernández, propuesto en su momento por Javier Duarte, pero que es su incondicional; en la Quinta a Beatriz Rivera; en la Sexta a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, y en la Octava a Fluvio César Vista Pérez, quien en junio fue ratificado por cinco años más.
Hay un rumor que suena fuerte en el edificio de Lázaro Cárdenas y es que se ha convocado para este miércoles a pleno para decidir la desaparición de la Séptima Sala, único reducto en que Edel Álvarez Peña no tiene gente afín. Ahí despacha la Magistrada Martha Ramírez Trejo, que sería enviada a la Primera, y los otros dos ya sabemos que los envío al rancho de Andrés Manuel López Obrador: Alberto Sosa Hernández y Raúl Pimentel Murrieta, sus antecesores en el cargo.
Quienes trabajan en el TSJ, como ha sucedido en casi toda la estructura gubernamental con Miguel Ángel Yunes Linares, están con el ojo pelado por tanta barrabasada, imposición e injusticia, y hay miedo de levantar la voz porque la guillotina está pendiente de la orden del gran verdugo. Sin embargo, reconocen que hay muchísimas cosas que están muy, pero muy mal, empezando por los nombramientos que da a gente recomendada, jueces sin carrera judicial y, ahora, magistrados a conveniencia.
Al igual que el Fiscal Jorge Winckler, Edel Álvarez Peña podría correr el riesgo de tener un invierno muy duro, porque el expediente de sus fechorías crece con el paso de las horas.
Las benditas redes sociales
“La PGR en manos de EPN: Cubre crímenes de lesa humanidad. Espía a activistas y periodistas. Congela casos de corrupción que involucran al presidente y sus secretarios. Funge como abogado defensor de gobers corruptos y sus cómplices. La degradación es total. Y no pasa nada”. Enea Salgado @Enea_Salgado
La negra historia del impartidor de justicia
Una novela negra podría escribirse del paso de Edel Álvarez Peña por el poder judicial de Veracruz. Su incorporación como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al momento de la asunción de su compadre Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador, hace dos años, ha permitido nuevos capítulos en que se ha puesto en entredicho la impartición de justicia en un estado asolado por la violencia y el crecimiento de los índices delictivos.
Un hecho puso los pelos de punta a la prensa local y nacional hace cinco años., Doce meses después del asesinato en abril de 2012 de la periodista Regina Martínez, Beatriz Rivera Hernández, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia, condenó a 38 años y dos meses de prisión a Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, por los delitos de homicidio calificado y robo agravado contra la corresponsal de Proceso en Veracruz.
Sin embargo, en agosto de 2013, los entonces magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, integrantes de la Séptima Sala Penal del TSJE, revocaron la sentencia de prisión impuesta al presunto cómplice del asesinato.
Tras emitir la revocación, el magistrado Álvarez Peña se fue de vacaciones, aparentemente fuera del país, dejando chillando la pirinola durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. La versión que corrió fuerte era que, con ello, el también empresario mediático castigaba a un gobierno que había decidido no pagar diversas facturas por montos considerables derivadas de convenios de publicidad pactados con sus medios informativos.
En el ocaso del gobierno yunista, cuando los comicios rompieron sorpresivamente el plan de ocho y hasta 14 años que habían diseñado para mantenerse en el poder absoluto en un estado latigueado por la incontrolada violencia criminal y engañado por una violenta y demagógica verborrea, el Poder Judicial se deshace en los caprichos de un abogado que desde su incorporación como magistrado fue cuestionado por sus colegas.
En agosto de 2010, el entonces diputado panista Sergio Vaca saltó a la tribuna para hablar de la nula experiencia judicial de Edel, entonces propuesto para Magistrado. Remitió al artículo 58 de la Constitución local que señala, entre otros requisitos, que el candidato debe demostrar una experiencia profesional en la Judicatura o ejercicio de la profesión de al menos cinco años.
Sergio Vaca hizo ver entonces que el currículum de Edel demostraba que había ocupado cargos públicos administrativos, como haber sido alcalde de Coatzacoalcos (1992-1994) y, en lo político, haber presidido el PRI estatal de 2004 a 2007, cuando Fidel Herrera Beltrán fue candidato a gobernador y ganó.
“Sin embargo, en el mismo documento advierto que su desempeño como profesional del Derecho es nulo, inexistente. Edel Álvarez Peña nunca ha trabajado en la impartición de justicia, no ha sido juez de Primera Instancia, no ha sido juez menor, bueno, no ha sido ni juez municipal en materia civil o penal, tampoco secretario de algún juzgado hasta de los de menor rango, ni siquiera notificador de un juzgado y va a ser magistrado. Seguramente ignora lo que es un auto de inicio, una interlocutoria, de qué partes consta una sentencia y cuántas clases de apelaciones hay; y va a ser magistrado”.
Y añade una premonición:
“El gobernador Fidel Herrera Beltrán lo propone porque no le importa que los veracruzanos padezcamos diez largos años otro magistrado ignorante del Derecho”.
Ya hemos visto, al paso de los años, que no se equivocó este panista histórico, y que a Miguel Ángel Yunes Linares tampoco le importó tener a tan desaseado “impartidor” de justicia, solo porque le asegura la complicidad.
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