No obstante que ha sido el alcalde más votado en toda la historia del puerto de Veracruz, con alrededor de cien mil votos en las elecciones municipales de 2017, el panista Fernando Yunes Márquez aún no cumple su primer año de gobierno y ya comenzó a recibir las primeras muestras públicas de repudio popular.

Y es que según relató el columnista Silverio Quevedo Elox, de Imagen de Veracruz, este domingo el munícipe porteño y su esposa fueron abucheados por cientos de asistentes a la ceremonia de clausura del Festival Velas Latinoamericanas 2018, lo que –dijo el periodista– “es una muestra de la irritación social que hay contra esta familia gobernante en todas sus instancias”.

¿Si eso le hacen ahora que su padre todavía gobierna el estado, a qué no se expondrá después cuando Miguel Ángel Yunes Linares entregue la gubernatura al morenista Cuitláhuac García, tan odiado por el clan monárquico de El Estero?

Sobra decir que el escenario le cambió radicalmente a la familia en el poder después de su aplastante derrota en las elecciones del pasado 1 de julio. El “efecto López Obrador” averió su proyecto transexenal. Con su hermano mayor como mandatario estatal, Fernando Yunes hubiera asegurado tres años de abundancia como presidente municipal para después, en 2021, ser catapultado a otro cargo de representación popular y de ahí, en 2024, quizá cumplir la premonición de su madre Leticia Márquez, quien antes de los recientes comicios declaró que no tendría uno, sino ¡dos hijos gobernadores!.

Tal vez en un par de sexenios más adelante se le cumplan sus buenos deseos, pero por lo mientras el plan original se los descarriló MORENA, dejando en la orfandad política al munícipe porteño, quien de los Yunes Márquez será el último de los mohicanos sobrevivientes, ya que el gobernador y su fracasado primogénito permanecerán los siguientes tres años en la banca, a menos que en octubre lograran amarrar un relevante cargo partidista en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo que les blindaría en parte para enfrentar los embates de sus adversarios.

El problema para Fernando, a diferencia de su hermano Miguel –quien en campaña presumió que él sí sabía cómo resistir la presión de sus enemigos, pues como alcalde de Boca del Río había salido airoso del boicot de los gobernadores priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte–, es que el gobierno federal también estará en poder de MORENA, y los senadores y diputados del PAN tampoco podrán gestionarle obras y fondos de la Federación ni del estado ya que las nuevas administraciones de López Obrador y de Cuitláhuac García erradicarían estas concesiones que corrompió a la mayoría de los legisladores, entre ellos a los del partido blanquiazul, por los jugosos “moches” que recibían.

¿Tiene sentido, pues, que el ex senador se sostenga en la alcaldía ante el asedio político y financiero que estaría por implementar MORENA para desmantelar el yunismo azul en el corredor Veracruz-Boca del Río-Medellín?

Este lunes, por cierto, en una reunión privada con el gobernador electo, directivos y socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de colegios de ingenieros y de abogados, así como prestadores de servicios turísticos de esa zona conurbada, dejaron en evidencia las obras de relumbrón que la administración municipal de Fernando Yunes realiza actualmente en el bulevar “Presidente Manuel Ávila Camacho”, cuyos trabajos mal planeados colapsaron el sistema hidráulico de esa zona de la ciudad, provocando graves inundaciones por las torrenciales lluvias del mes de agosto debido a que los desfogues pluviales se redujeron hasta 70 por ciento, de acuerdo con un estudio técnico solicitado a especialistas.

Edel reitera posición

Luego de señalar que la decisión de comisionar a Jueces con más de 30 años de trayectoria como ponentes en Salas que cuentan con vacancias de Magistrados no violenta ningún precepto constitucional, y que, por el contrario, lo que se busca es fortalecer la labor jurisdiccional que lleva a cabo el Poder Judicial del Estado, el Magistrado Presidente del TSJE, Edel Álvarez Peña, aclaró en entrevista que esta decisión no representa “ni albazo, ni madruguete, ni ilegalidad”.

El abogado sureño dijo que se trata de Jueces con carrera judicial y trayectoria jurídica. “La mayoría de ellos tiene más 30 de años de servicio; son Jueces que en su momento fueron seleccionados mediante examen de oposición; estas personas llegan con el único fin de prestar un servicio público porque el salario es el mismo; no dejan su plaza de adscripción; son comisionados y percibirán el mismo sueldo que tienen como Jueces; es decir, van a desempeñar una función temporal en tanto el nuevo gobernador, que toma posesión en el mes de diciembre, decide lo conducente respecto a las vacancias que existen en el Poder Judicial”, puntualizó.

Además explicó que “esto que se hace ahora en el Poder Judicial ya se ha retomado en otros estados, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señaló que no es anticonstitucional porque no se viola ningún principio y es una forma de solventar esta carga de trabajo que existe motivada por la ausencia de Magistrados que pasaron a retiro, y que ahora con la incapacidad médica de uno más y el retiro de otro Magistrado que acaba de cumplir 70 años, necesitamos tomar medidas urgentes para sacar adelante el trabajo”.

Expuso que estos Jueces “se separaron de manera temporal” y que “el Consejo de la Judicatura autorizó estas licencias de sus cargos para que ellos coadyuvaran con la carga del Tribunal”. Dijo que también se consideró que fueran distritos en donde hubiese más Jueces de esas materias para no ocasionar un detrimento en el espacio que dejan, y que se les dio un nombramiento interino para cubrir esos espacios.

Reiteró que “es falso que se les haya dado un nombramiento ‘provisional’” como se ha esparcido en diversos medios. “Son interinos en tanto continúe esta ausencia; una vez que concluya la ausencia y se integren los nuevos Magistrados ellos regresarán a sus cargos y a su adscripción en los Juzgados”, precisó.

En este sentido expresó que estas comisiones son semanales y no definitivas. “Hay preceptos constitucionales que nos obligan a tomar las medidas idóneas para que no se vulnere el artículo 17 constitucional, que nos obliga a brindar una justicia pronta, completa, expedita e imparcial; las Salas pueden seguir funcionando pero de lo que se trata es de enfrentar un problema con las medidas idóneas para que funcionen no solo sacando el trabajo sino que salga de la mejor manera”, expresó.

Refirió además que estos Jueces tienen una comisión directa, “y van a permitir que, al llegar, el Secretario de Acuerdos que estaba cubriendo una ponencia en específico regrese a su puesto; que los Secretarios regresen a la proyección y el trabajo fluya de mejor manera, con calidad y en tiempo; y no tengamos algunas quejas respecto a esta forma de trabajar de las salas”.

Finalmente sostuvo que “a lo largo de todo el año se tomaron otras medidas; esta medida no es la única que ha tomado el Poder Judicial para solventar la ausencia de los magistrados; desde las vacancias que se conocieron en diciembre se han tomado diversas medidas; aquí el problema es que han ido aumentando con el paso del tiempo las vacancias de Magistrados que tenían el derecho al retiro.”