A partir de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación general de 81 casos de desaparición, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un protocolo obligatorio que genera sanciones a los fiscales que lo incumplen, indicó la presidenta de este organismo, Namiko Matzomoto Benitez.
Refirió que del 2011 al 2016 han emitido seis recomendaciones por desaparición forzada en la que hubo intervención de autoridades y se realizó la recomendación general que incluye 81 casos de desaparición.
También están activas 30 quejas colectivas, 25 individuales y todas son por desaparición por particulares y hay 18 expedientes donde existe la presunción de participación de autoridad.
Expuso que al emitir la recomendación general, la CEDH hizo visible que había una omisión sistemática en el desahogo de las diligencias que requerían los casos.
“En realidad lo que se detectó es que muchas diligencias que se tienen que hacer en caso de desaparecidos, realmente el resultado por el transcurso del tiempo difícilmente va a ser efectivo” dijo.
Mencionó que la CEDH documentó en las recomendaciones individuales y en las generales que las autoridades cometen «omisiones, dilación, pérdida de la diligencia, que evidentemente lo que habla es de la impunidad, si no hay una investigación diligente, encaminada al esclarecimiento de la verdad, pues no hay sanción para el responsable y tampoco podemos hablar de una reparación para las víctimas”.
Expuso que la ley establece seis meses y dos oportunidades, para que las autoridades respondan a las recomendaciones.
“Pero a veces los periodos se alargan por muchas razones, no porque uno no haga lo que corresponde, sino porque la autoridad dispone de dos oportunidades porque así lo dispone la ley rendir el informe con periodos bastante largos” dijo.
Verónica Huerta/Avc