Además de haber entregado diversas propiedades que había puesto a nombre de familiares y otros prestanombres –bienes que en total rebasarían los 300 millones de pesos–, el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, en su afán por obtener su libertad, habría terminado por delatar al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su esposa Karime Macías Tubilla en una presunta negociación con la Fiscalía General del Estado avalada presuntamente por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, lo que el mandatario panista negó públicamente en mayo pasado cuando anunció la “donación” del exótico rancho La Cartuja, que la madre y un hermano del ex funcionario preso en Pacho Viejo hicieron al gobierno estatal.
“No hay convenio de impunidad, hay procedimientos que autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales para que en caso de que se repare el daño o en el caso de que se determine devolver el bien, se pudiera suspender alguna carpeta de investigación”, puntualizó en esa ocasión Yunes Linares, quien expuso que “lo que se logró fue una donación a nombre del Gobierno del Estado” del inmueble que estaba a nombre de la madre y un hermano del ex titular de la SSP. “La escritura se suscribió por un apoderado de la señora y del hermano, y yo fui testigo de eso”, apuntó.
Sin embargo, aunque Yunes lo niega, personas cercanas al ex secretario duartista aseguran que sí había un acuerdo y que a Bermúdez le habrían prometido salir del reclusorio a mediados de julio, dos semanas después de las elecciones que en Palacio de Gobierno estaban muy seguros de ganar.
De hecho, esta versión pareció confirmarse ahora que el Juez de Control del penal de Pacho Viejo, Marco Antonio Rodríguez Lobato, dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva contra Bermúdez por el delito de enriquecimiento ilícito. Pero el ex jefe policiaco continuará recluido porque fue acusado también de estar implicado en varios casos de desaparición forzada, lo que obviamente dificultará que el gobierno yunista le cumpla la supuesta promesa de liberarlo, si es que, en efecto, hubo dicho acuerdo de impunidad.
Y es que ha trascendido que el espinoso caso del ex secretario de Seguridad Pública habría inclusive provocado fuertes choques entre un par de altos funcionarios de la Fiscalía, ya que la única forma de abrirle las puertas del reclusorio por este delito grave de lesa humanidad sería por la vía del desistimiento de la FGE, la que, obvio, ni el fiscal Jorge Winckler Ortiz ni Lucía Lara Carmona quieren responsabilizarse ya que les generaría no sólo el repudio de la opinión pública y de los familiares de los desaparecidos sino que se expondrían también a ser sujetos de juicio político por la próxima Legislatura que estará dominada por los diputados de MORENA, lo que representaría su ruina profesional.
La gran interrogante es qué estará dispuesto a hacer Bermúdez si finalmente los yunistas no le cumplen lo que se presume le prometieron a cambio de entregarles todas sus propiedades y de traicionar a Javier Duarte, ya que el sexenio entrante no tendrá nada que ofrecerles a los nuevos gobernantes.
Por cierto, resulta sospechoso que entre los múltiples casos de desaparición forzada en los que se involucra al ex secretario de Seguridad Pública –al menos por encubrimiento–, la Fiscalía General del Estado no haya profundizado en el secuestro y homicidio de Gibrán Martíz, el popular cantante de La Voz México cuyo cadáver apareció a mediados de enero de 2014 en un paraje de Conejos, una ranchería del municipio de Puente Nacional, sobre la carretera estatal a Huatusco.
Por este caso, como se recordará, fueron detenidos inicialmente siete policías estatales que once meses después, en diciembre de 2014, obtuvieron su libertad tras cubrir una fianza por cinco mil pesos. Sin embargo, hasta la fecha, jamás ha sido investigado Alan Román Mendoza, (a) “Pimpón”, hijastro de Bermúdez, quien presuntamente habría protagonizado un fuerte altercado en un bar de Xalapa con el joven cantante y dos de sus amigos, que posteriormente serían desaparecidos.