Prefacio.
Todavía no se digiere en el gobierno estatal la decisión de la PGR de cambiar el delito que se le imputaba al ex gobernador Javier Duarte, para pasarlo de “delincuencia organizada” -considerado grave y que implica prisión- al de “asociación delictuosa”, una falta mucho menor, por lo que se estaría perfilando un juicio que permitiría al ex mandatario estatal obtener pronto su libertad. *** Pronto, pero no tanto. Javier Duarte y sus abogados tienen claro que mientras Miguel Ángel Yunes Linares esté al frente del gobierno de Veracruz, lo más conveniente es que él siga “protegido” por los barrotes del reclusorio norte. *** La más cruda reflexión sobre este caso es que están empezando a rendir frutos los cientos de millones de pesos que Javier Duarte aportó a la campaña de Enrique Peña Nieto. *** Después del primero de diciembre, se verá si su otra inversión, en favor de Morena, también arroja dividendos. *** Es de suponer que Yunes Linares habría previsto un blindaje similar, pero con su amigo Ricardo Anaya, quien no ganó la Presidencia, por lo que, en caso de que se reabran los expedientes en su contra, no tendría forma de negociar su salida.
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Era 30 de julio del 2010, en los estertores del gobierno de Fidel Herrera.
El Pleno de la Legislatura local aprobó, con el voto de más de dos tercios de sus diputados, la designación de Edel Álvarez Peña (quien ocupaba el cargo de Director del Registro Público de la Propiedad) como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Apenas diez días después, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros hacía un comentario que se grabó como estigma en el curriculum del nuevo magistrado, hoy Presidente del Poder Judicial en Veracruz.
“Siempre he opinado que hay que respetar la carrera judicial, como sucede en el Poder Judicial Federal. Sin embargo, aquí en Veracruz no sé por qué no se respeta. Ahora, sinceramente, para hablar en términos jarochos, cualquier pendejo llega a ser magistrado”.
El destinatario no podía ser más evidente. Edel Álvarez acababa de ser nombrado magistrado, a pesar de no tener antecedentes en la carrera judicial.
Seis años después, el primero de diciembre del 2016 (mismo día en el que asumía el cargo de gobernador Miguel Ángel Yunes Linares) la misma magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros propuso a ese, al que tachó de “pendejo”, para asumir la Presidencia del Tribunal, en sustitución de Alberto Sosa Hernández.
Lo último que se sabe de Edel Álvarez Peña, quien fuera alcalde de Coatzacoalcos y dirigente estatal del PRI, es que tras la derrota del hijo de su amigo, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, él está haciendo lo necesario para “blindarse” y evitar represalias de aquellos a quienes reprimió durante su gestión al frente del Poder Judicial y que esperan verlo caído para pasarle factura.
Corre el rumor en el Palacio de Justicia de que Edel Álvarez estaría a días de presentar su renuncia a la Presidencia y para ello estaría planeando dejar a alguien “de confianza” en su lugar.
Para conseguirlo, está haciendo ajustes en las Salas, pues es preciso recordar que son los Presidentes de ellas los que votan para nombrar al Presidente del Poder Judicial.
Llama especialmente la atención los movimientos que ha realizado en la Sala Constitucional, a donde envió, como secretario de Acuerdos, a quien fuera su asesor jurídico, Manuel Fernández Olivares, y removió a la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón.
Hay quien sugiere que estaría por llegar a la Sala Constitucional “un asunto muy delicado”, por el que tiene especial interés el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y están cuidando que el tema caiga en el escritorio de “alguien del equipo”.
Incluso consideran la posibilidad de que el propio Edel Álvarez, una vez que deje la Presidencia, sea adscrito a la Sala Constitucional, para que personalmente vea el tema tan “delicado” que estaría por llegar.
Pero, ¿cuál podría ser ese asunto?
Hay quienes sugieren que se trata de un recurso promovido en alguno de los casos que se siguen en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, pero otros van más allá. Advierten que pudiera tratarse de un intento de “albazo” para imponer (a pesar del desistimiento de Yunes Linares, hecho publico en redes sociales) a los 12 magistrados que se requieren.
La Sala Constitucional tiene competencia para interpretar mandamientos jurídicos que pudieran parecer confusos. En este caso, el Congreso de Veracruz estaría enviando una solicitud de interpretación de los Artículos 40 y 41 de la Constitución local, para promover que la designación de magistrados por parte de la diputación permanente, tenga el carácter de “definitiva” y no de “provisional”.
Con esa chicanada conseguirían que una diputación permanente con amplia mayoría del PAN y del PRD aprobara las propuestas del gobernador y ya no se requiriera de la ratificación del Pleno, con el voto de al menos 34 diputados, algo que –lo sabe bien Yunes Linares- es imposible de conseguir.
Luego de casi dos años al frente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña ha demostrado que aquel calificativo que le endilgó la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros en el 2010 era injusto.
Él, por el contrario, es un servidor público que “se pasa de listo”.
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Epílogo.
Y a propósito de temas judiciales, en Coatzacoalcos se está convirtiendo en escándalo la actitud de la juez Tomasa Delgado Serna quien, cuentan, ya se sentía magistrada, pues asegura que ella estaba en esa lista que presentó Edel Álvarez Peña a Miguel Ángel Yunes Linares para ocupar una de las 12 vacantes. *** Al final, como es sabido, tras confirmar que no contaba con los votos necesarios para sacar adelante ese tema, Yunes Linares anunció que le dejaría ese tema al próximo gobernador, y la juez Tomasa Delgado vio frustrado su ascenso. *** Lo grave del tema es que esta juzgadora es señalada de otorgar la libertad a los sujetos que fueron señalados como responsables del atentado (fue baleada cuando salía de la sala de audiencias) contra una auxiliar de la juez Ludivina García Rosas. Para muchos es sospechosa la cercanía de la juez Tomasa Delgado con la Fiscal Regional, Isabel Hernández, aquella servidora pública que fuera mencionada en reportaje periodístico por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
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