El Gobernador Electo, Cuitláhuac García, señaló recientemente que al tomar posesión del Ejecutivo Estatal hará una Declaratoria de Crisis Humanitaria por graves violaciones a los derechos humanos como la Desaparición Forzada como crimen de lesa humanidad en Veracruz.

Veracruz vivió durante 12 años dos regímenes de terror que quizá, con las diferencias históricas y políticas que con el tiempo habrá que hacer, se pudieran asemejar a las dictaduras militares latinoamericanas de los años 60’, 70’ e inicios de los 80’, por lo menos en los resultados que arrojó, miles de murtos, torturados y desaparecidos, o incluso a los años de la guerra sucia en México de los años 70’s.

Independientemente de la base jurídica y el fundamento doctrinal que sustente una Declaratoria de Crisis Humanitaria, la intención del Gobernador Electo va en un sentido correcto desde el punto de vista de la justicia transicional que tiene que ir forzosamente en un sentido restaurativo y reparador para las víctimas sobrevivientes.

El concepto de justicia transicional tiene que ver con las respuestas que los Estados tienen ante graves violaciones de derechos humanos cuando han terminado las circunstancias en las que se llevaron a cabo y que se ha regresado a una institucionalidad jurídica y de estado de derecho (incluso democrática) mínima, acompañada de acciones retributivas y restaurativas. (Ana Buriano Castro).

Efectivamente durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz pasó por un periodo de violaciones graves a derechos humanos tal y como se puede constatar con los procesos penales que actualmente se siguen a expolicías estatales, y a mandos medios y altos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, acusados de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Igualmente se pueden verificar estas anormalidades propias de regímenes autoritarios con los cientos de casos de desaparecidos donde se acusa a elementos de las fuerzas de seguridad, así como por las omisiones, negligencias y violaciones al debido proceso o a la obligación de investigar que se encuentran en miles o prácticamente todos los expedientes y casos de desaparecidos.

Recordemos que de acuerdo a las convenciones internacionales e interamericanas en la materia la ejecución extralegal y la desaparición forzada comúnmente van acompañadas también de tortura, sumando otra violación grave.

Por todo ello resulta muy loable la intención de hacer esta Declaración, y aprovecho para dejar algunos comentarios y reflexiones sobre aspectos que considero deberán tomarse en cuenta.

En primer lugar tendrá que buscarse el fundamento legal con base en las convenciones y lineamientos internacionales, así como en la legislación nacional para que Veracruz, como entidad federativa pueda hacer una declaratoria de este tipo, o bien encontrar la supletoriedad en leyes ya existentes para argumentarla. Desde luego la base más sólida es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Para ellos el Gobernador Cuitláhuac tendrá que buscar el acuerdo con el Gobierno Federal con la Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y también con el Senado de la República para que un Documento de este tipo tenga toda la fuerza constitucional y legal.

Por otro lado, esta Declaratoria deberá tener una redacción garantista para contemplar todos los derechos y principios en favor de las víctimas con base en los tratados internacionales y en la Ley General de Víctimas, y que señale que deberá contar con un Plan o programa estatal de políticas públicas puntuales para implementar, operar y desarrollar una serie de acciones gubernamentales y con el consenso y participación de las víctimas.

Al igual que como sucede con las Declaratorias de Alerta de Genero, si este plan o programa no va acompañado de un presupuesto será igualmente un llamado a misa. La Declaratoria debe contemplar recursos presupuestales y humanos para impulsar lo que se propone. Pero también será muy importante que esta Declaratoria incluya un llamado a la colaboración, cooperación e intervención de organismos internacionales de DDHH, organizaciones internacionales de la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional, para que coadyuven, participen, intervengan, y observen este proceso transicional de justicia.

En cuanto a lo que tiene que ver particularmente con las investigaciones criminales, las autoridades de procuración de justicia tienen que retomar los casos de desaparición forzada con un enfoque de análisis de contexto y mapas criminales para conocer el modus operandi de las autoridades durante esas dos administraciones, y además investigar por otro lado las omisiones y faltas de investigación en las que cayeron incluso el gobierno de Yunes.

Es importante resaltar que Yunes Linares perdió la oportunidad de llevar a cabo una justicia transicional y enfocada a la restauración, a pesar de los dos o tres logros al imputar a los policías estatales por desaparición forzada, pero quedó encerrado y limitado en una interpretación vengativa y casuística, sin considerar nunca la reparación integral con un enfoque de derechos humanos y psicosocial.

Por otro lado, un aspecto de la mayor importancia para conseguir apoyos desde la sociedad civil a un plan de justicia transicional, sobre todo en la elaboración y operación de un programa de búsqueda de personas desaparecidas, será el considerar a la Universidad Veracruzana para formación, capacitación e inclusive desarrollo de acciones por ejemplo para laboratorios de genética forense, para la conformación de equipos de arqueólogos y antropólogos forenses. Ello porque eventualmente el ideal será tener un equipo independiente en Veracruz, y no uno oficial de la Comisión Local de Búsqueda, para los trabajos de expertos en análisis de contextos, exhumaciones, identificaciones e individualizaciones de restos humanos en fosas clandestinas o en fosas comunes.

Por último, nuevamente el tema de la reparación integral. Una Declaratoria de Crisis Humanitaria con una perspectiva de justicia transicional debe centrarse fundamentalmente en que todas las acciones de acceso a la justicia y a la verdad tengan su eje en la reparación y la memoria.

Una visión restauradora, restitutiva y reparadora para las víctimas tendría que ser la finalidad de esta Declaratoria, y no nuevamente una visión vengativa y persecutoria.

Se trata de la reconstrucción de la convivencia social y de procesos que se encaminen a creación de paz. Esto sólo se podrá lograr con trabajos de mediación social e intervención psicosocial para una cultura de paz y reparaciones integrales que busquen también el rescate de la memoria individual y colectiva.