Tras el decreto presidencial que levantaba la veda en al menos 300 cuencas, se han presentado al menos 30 amparos, de ellos cuatro buscan suspender la autorización para el uso de agua en ríos de Veracruz.

Ximena Ramos Pedrueza, integrante del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental, explicó que el proceso legal de juicio de amparo se puede prolongar por años, sin embargo, esperan que en un lapso de dos a tres meses se determine si el juicio de amparo es procedente.

En entrevista en el Congreso local, explicó que en otro momento ya se interpusieron algunos mecanismos legales, que han limitado la instalación de hidroeléctricas en algunos municipios como Zongolica.

A raíz de que se levantó la veda, ya se dieron solicitudes de particulares que buscan explotar los ríos.

La activista consideró que el decreto presidencial, es una regresión, pues al limitar el uso del agua se buscaba cuidar los afluentes, su disponibilidad y calidad, “y al emitir los decretos, dejan sin protección esos cuerpos de agua y se genera el riesgo de que se puedan otorgar muchas concesiones y no saben cuál va a ser el destino”.

Explicó que los riesgos de los megaproyectos son dos, el primero, la contaminación del vital líquido, y que los pueblos originales se queden sin agua para consumo local.

“Desde que se emitieron los decretos al siguiente día se empezaron a solicitar concesiones de agua, todavía no tenemos el registro de cuántas son, pero tenemos un registro como de 500 concesiones para todo el país, sólo falta hacer el mapeo de cuántas serían para la Antigua y la Actopan”.

Ramos Predueza, expuso que la única manera de revertir el permiso para usar el agua en actividades de minería, generación de energía, así como el fracking, es con otro decreto presidencial, o los juicios de amparo que limitarían la explotación del recurso natural, aun y cuando se entregue una concesión.

“Tenemos conocimiento de que, a través del movimiento Agua para Todos, ya se interpusieron varios juicios de amparo. El amparo es una forma de defensa, pero no tenemos conocimiento que alguno haya tenido éxito, o que se haya logrado suspender los decretos.

“A nivel nacional son como 30 de los 10 decretos, y aquí en Veracruz tengo conocimiento de cuatro, el amparo es largo, se puede pedir que suspendan los decretos, pero no tenemos conocimiento que se haya logrado una suspensión, eso lo podremos ver en dos meses, si se apuran los tribunales, pero si no tendríamos resultados como en un año”.

Las comunidades originales tiene elementos para que se les otorgue el amparo, toda vez que no fueron consultadas, los estudios técnicos para levantar la veda eran de hace ocho años, por lo que es fácil que los juzgadores den la razón a los ciudadanos.

aVC