El día que Miguel Ángel Yunes anunció que siempre no presentaría al Congreso su propuesta de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, también dijo que hasta ese momento (martes 7 de agosto) su gobierno no había sido denunciado por un solo acto de corrupción.
Y en efecto, denuncias no hay, señalamientos sí.
Sin duda el más emblemático fue la imposición (a la fuerza, a como diera lugar y por encima de la Constitución) del Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio. Un sujeto escogido por él y a las ordenes de él al menos en lo que resta de su mandato.
Este nombramiento fue un acto flagrante de corrupción cometido por el propio gobernador y sus personeros diputados María Elisa Manterola, María Josefina Gamboa y Sergio Hernández entre otros.
El periódico capitalino Eje Central dio a conocer una investigación del reportero Jair Avalos cuya cabeza muestra otro acto de corrupción: “Funcionarios de Yunes extorsionan a empresarios”.
En entrevistas hechas por el reportero, los empresarios acusan al tesorero de la Secretaría de Finanzas, Adrián Viccón Basto, de cobrarles el 50 por ciento de comisión por “agilizar” el pago de los adeudos que el gobierno estatal tiene con ellos.
El empresario Oscar Pérez dijo que le adeudan 4 millones 690 mil 700 pesos, que fue recibido por Adrián Viccón quien le informó que su pago ya estaba validado, pero que tenía que esperar a que hubiera dinero o bien, si accedía a donar el 50 por ciento del adeudo, es decir, 2 millones 345 mil 350 pesos, el pago se agilizaría.
Hay empresarios a los que el gobierno reconoce sólo la mitad del adeudo, pero Viccón ofrece activar el trámite siempre y cuando le toque el 50 por ciento de ese porcentaje.
Va un ejemplo: Si el gobierno adeuda 100 pesos pero solo reconoce que debe 50 pesos, Viccón se ofrece a agilizar el pago si el empresario le suelta el 50 por ciento de esos 50 pesos. Al final el empresario cobrará sólo 25 pesos de una deuda de 100, pero tendrá que pagar impuestos por el total de la deuda, es decir, por los 100 pesos.
Hasta el momento ni el gobernador Yunes Linares, ni el titular de la Secretaría de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini y menos Adrián Viccón han dicho pío siquiera. Su silencio es absoluto en torno a este presunto acto de extorsión, que también es corrupción.
Negarse a pagar el dinero que se adeuda a los generadores de empleos es un acto de corrupción, como también lo es el no pagar 850 millones de pesos a maestros jubilados por concepto del Seguro Institucional por fallecimiento e invalidez.
Tener sin medicinas a los hospitales, abandonar las obras y despedir trabajadores sin justificación, son actos de corrupción.
Quitar la ayuda a los Colectivos que buscan a desaparecidos es un acto de corrupción.
Prometer empleos y no generar ninguno es una mentira grande y un acto de corrupción. En el primer semestre de este año se perdieron 8 mil 372 empleos.
Y lo peor, tratar de imponer a su hijo como su sucesor no fue un acto de nepotismo del gobernador Yunes Linares; fue un acto de corrupción porque costó millones de pesos al erario que debieron ocuparse en salud, educación, seguridad y mil etcéteras.
Al señor le valieron gorro las necesidades de los veracruzanos, apostó por su candidato y esos millones se perdieron sin remedio.
Todo lo arriba señalado y más, mucho más, son actos de corrupción de este gobierno que no han sido denunciados, pero sí señalados. Las denuncias vendrán después del 1 de diciembre cuando se destape la cloaca y brote la porquería.