Los decretos presidenciales que eliminaron las vedas en 300 cuencas hidrológicas en el país, y por lo menos a 24 en el estado, son clara muestra de la imposición del Poder Ejecutivo federal para privatizar el agua y permitir concesiones de megaproyectos, alertó la integrante de Vinculación y Desarrollo Agroecológico de la asociación “Café Vida”, Denisse García.

Durante el anuncio del Foro “El agua en nuestras cuencas. Los decretos presidenciales, una amenaza para la vida”, aseguró que los decretos de junio pasado tienen su origen en la disputa de intereses por parte de empresas que buscan explorar los recursos naturales en el estado y que lo que queda de la actual administración federal a cargo de Enrique Peña Nieto, es posible que se otorguen concesiones prácticamente irrevocables.

Lo anterior debido a que anualmente más de mil millones de metros cúbicos de agua quedarían libres para ser asignados o concesionados a empresas con intenciones de instalar hidroeléctricas, y hasta empresas mineras que requieren del agua para sus actividades.

Y es que explicó que tan solo en la cuenca de La Antigua, los megaproyectos que están interesados en la explotación de agua superficial, afectarían más de un millón de habitantes de la zona.

“Sabemos que en esta región hay empresas mineras que requieren grandes volúmenes de agua para sus operaciones y sabemos de empresas transnacionales interesadas en hacer negocios con los servicios municipales de agua y saneamiento y que en varias ciudades autoridades le apuestan a la privatización de los organismos operadores del agua”.

En el norte de Veracruz, advirtió que la eliminación de la veda en el río Pánuco provocaría la liberación de más del 90 por ciento de la disponibilidad del agua; es decir, casi 45 mil millones de metros cúbicos o anuales que podrían ser usados para actividades de fracking.

“La seguridad jurídica de acceso al agua es lo que exigen los inversionistas para emprender operaciones de minería, extracción de hidrocarburos, hidroeléctricos ad y provisión de agua a las ciudades”.

Uno de los principales problemas, abundó, es que en muy pocas comunidades campesinas se han renovado concesiones o asignaciones y pueden perder su derecho al agua.

“Actualmente hay 50 mil concesiones caducas en el país, principalmente de ejidos y comunidades, lo que implica la vulneración a sus derechos al territorio, la autonomía y la libre determinación, así como el disfrute de sus recursos naturales.

Perla Sandoval/Avc