Ambientalistas, activistas e investigadores, esperarán la llegada del Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, para presentar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Agua, que busca proteger las cuencas y evitar la privatización del líquido.
Al respecto, el investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (UV), Gerardo Alatorre Frenk, señaló que ya cuentan con las firmas requeridas para ser presentada en la Cámara de Diputados, pero que han decidido esperar el cambio de administración para presentarla a fin de que sea analizada.
Se trata de una iniciativa que echaría abajo los decretos presidenciales emitidos por Enrique Peña Nieto y con los cuales se eliminó la veda en 300 cuencas de todo el país.
La iniciativa ciudadana prevé que quien contamine los ríos no solo pague sino que esté obligado a eliminar la contaminación del agua haciendo que las empresas se responsabilicen de devolver el agua tal y como la reciben.
“Ya contamos con ese número de firmas, el proceso va y la iniciativa ciudadana de Ley prevé que se establecen ciertas prioridades muy claras, necesitamos agua para la vida, para los ecosistema y el territorio; en segundo lugar el derecho al agua para uso doméstico”.
Además, prevé que únicamente en aquellas cuencas que haya sobrantes de agua se permitan concesiones para uso industrial.
Recordó que desde el 2012 el derecho humano al agua está plasmado en la Constitución mexicana, pero en este decreto se establece que debe haber una nueva ley pero que los diputados federales no lograron el consenso y por ello el Ejecutivo decidió emitir estos decretos presidenciales.
“Lo que está preparando el Gobierno Federal es una Ley General de Aguas aún más priivatizante dando más control a las empresas privadas que la actual Ley de Aguas Nacionales. En otras palabras, frente a la imposibilidad del gobierno federal y de la Conagua de hacer pasar su propuesta de Ley General del Agua, es como desesperados recurren a esta forma de emitir decretos presidenciales porque no pudieron hacerlo a través del Poder Legislativo”.
Acusó al Gobierno de Peña Nieto de expedir estos decretos “como último intento de poner el agua al servicio del negocio”, pues dijo que el agua es un elemento clave para el negocio de minería, para la fractura hidráulica, las hidroeléctricas y los servicios de provisión de agua en las ciudades.
Por ello, dijo que con la iniciativa que propone habría un mayor control de las empresas y el uso que le dan al agua.
Perla Sandoval/Avc