En cuanto fue ungido como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña se dio a la tarea de revisar con lupa las cuentas de su antecesor, Alberto Sosa Hernández, al amparo de una serie de versiones sobre posibles irregularidades y corrupción.
En realidad, al nuevo Presidente le importaba un bledo la transparencia; el verdadero propósito era borrar todo vestigio anterior y gozar de manga ancha desde el primer momento de su gestión. Y así lo hizo…
En sólo dos años logró establecer un próspero negocio al amparo de su cargo y los recursos del Poder Judicial. El uso discrecional de los recursos públicos, la contratación de jóvenes sin experiencia sólo por su apariencia física –al más puro estilo del duartismo fiel-, el tráfico de plazas y nombramiento de jueces sin experiencia, fueron sólo algunos de los señalamientos a su presidencia. Y negocios, muchos negocios.
Uno de los últimos, por el que seguramente el Presidente del TSJE tenga que rendir cuentas a la próxima administración, es la adquisición de un inmueble en la calle de Santiago Bonilla, a un costado de la Torre Hákim. No es ilegal que el Tribunal se haga de la infraestructura necesaria; el conflicto radica en que el inmueble se adquirió con recursos públicos para ser arrendado al gobierno estatal, lo que está fuera de toda normatividad.
El edificio siempre ha estado manchado por el tráfico de influencia y los negocios de funcionarios del gobierno estatal. Inicialmente fue construido por el ex rector de la Universidad Veracruzana y ex secretario de educación Víctor Arredondo, quien lo puso a nombre de su mamá. Durante su gestión, este edificio albergó al Instituto Consorcio Clavijero, un proyecto de educación superior en línea impulsado por él mismo; más tarde se agregó la oficina de Hacienda del Estado.
Hace algunos meses, el instituto emigró a un nuevo edificio en el fraccionamiento residencial Las Cumbres –a un costado de la plaza comercial del mismo nombre- y se quedó sólo para el uso de las oficinas hacendarias del estado.
Ahora resulta que hace pocas semanas, el Poder Judicial cerró el trato de compra-venta del inmueble sin haber justificado su utilidad; si bien la autorización pasó por el tamiz del Consejo de la Judicatura y obtuvo la autorización correspondiente, el edificio no será ocupado por las oficinas del tribunal, sino que seguirá arrendado por Hacienda del Estado.
¿Para qué entonces comprar un inmueble, a un valor muy considerable, que no será utilizado? ¿En verdad el TSJE necesita rentar inmuebles para atender sus necesidades financieras? Saber el monto de la operación y los beneficiarios de este negocio no será difícil. La compra del edificio junto a Torre Hákim es apenas uno más de los múltiples negocios inmobiliarios y de construcción que ha emprendido Edel Álvarez desde la Presidencia del tribunal. La escasez de dinero no existe.
Como se recordará, otro de los más relevantes fue la construcción de las ciudades judiciales, según lo exigía la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y si no había recursos para tal infraestructura, pues la solución resultó fácil y efectiva: concesionar las obras y el mantenimiento por un periodo de 25 años, lo que aseguraría un generoso ingreso a él y a sus socios.
A decir de varios constructores y funcionarios del Poder Judicial, sería Juan Pablo Álvarez Delong, -hijo de Edel Alvarez y director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) de este gobierno- quien estaría detrás de este gran negocio.
Según reveló el periodista Raymundo Jiménez, Alvarez Delong y su socio Jesús Obeso Martínez -subdirector de Recursos Materiales del Poder Judicial del Estado de Veracruz-, no sólo estarían regenteando toda la obra pública que del TSJE sino que además, para este tipo de negocios personales que realizan desde la Ciudad de México, estarían haciendo uso personal de vehículos, choferes y viáticos oficiales.
En marzo pasado, en este mismo espacio, contamos cómo la historia se empezó a fraguar desde septiembre de 2017, cuando el Congreso autorizó al Poder Judicial a convocar concursos públicos para celebrar, -por conducto del Consejo de la Judicatura-, contratos de Asociación Público-Privada (APP) y así poder llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.
Señala que el plazo de prestación de servicios de conservación y mantenimiento será de 25 años contados a partir de la conclusión de construcción y equipamiento. A pesar de la información publicada, Edel Álvarez negó de manera sistemática que existiera un conflicto de interés y que su hijo estuviera inmiscuido en la construcción de las ciudades judiciales.
Según ha dicho, investigar los negocios del Presidente del Tribunal Superior de Justicia es una de las prioridades del próximo gobernador de Veracruz.
Las del estribo…
- Fuera de la declaración de que Veracruz era la fosa clandestina más grande del país, Jorge Winckler nomás no pudo con el paquete de miles de personas desaparecidas que hay en el estado. Los colectivos de búsqueda –los mismos que se reunieron ayer con el Gobernador electo- han dicho que pedirán juicio político en su contra una vez que inicie la próxima administración estatal. Los carniceros empiezan a mutar a reses.
- Dadas las actuales circunstancias, Veracruz podría vivir una nueva ola de violencia a causa de la transición de gobierno; no hay que olvidar que al inicio de la administración de Miguel Ángel Yunes, hubo un reacomodo muy importante de grupos delincuenciales en el sur del estado. Ojalá y no suceda; para eso, Cuitláhuac necesitará mucho más que buenas intenciones.