Pues resulta que la comunicación social del gobierno estatal resultó cara, ineficiente y ahora está bajo sospecha, por la misma razón que acusó a Javier Duarte: la opacidad en el monto y los beneficiarios de los convenios de publicidad.

Al igual que la sociedad veracruzana, el periodismo ha vivido una década de atraso que lo ha llevado a una profunda crisis económica y de contenidos; la jauja vivida durante el gobierno de Fidel Herrera y los primeros años de Javier Duarte postró a la gran mayoría de los medios de comunicación en una zona de confort.

Tener al gobierno estatal como único cliente publicitario era suficiente; y como el buen periodismo tiende a lastimar intereses oficiales o de las empresas y personas que tienen vínculo con él, pues preferían sujetarse a las reglas impuestas. Pero el dinero se acabó y el amor se salió de las primeras planas para convertirse en severas críticas de lo que se ocultó por años.

La llegada del nuevo gobierno yunista generó muchas expectativas para quienes fueron los críticos más feroces del duartismo; pensaron que la sequía y la exclusión terminarían, pero hasta los aliados fracasaron en su expectativa.

La política de comunicación social fue clara desde un principio, desde la campaña: si no necesito a los medios y los periodistas para ganar, tampoco los necesito para gobernar. Y aparentemente así lo hizo. No tiene sentido insistir en la crisis que han vivido muchas empresas –muchas de ellas ya son historia- durante estos dos años.

Lo paradójico es que durante este gobierno, en cada oportunidad, el mandatario estatal acusó a los medios de comunicación de mentir con fines publicitarios; lo hizo desde el primer día; lo hizo aun frente a la evidencia de los datos duros, de sus propias declaraciones. El argumento siempre fue el mismo, acusar que la crítica y la mentira eran consecuencia de que no había convenios publicitarios y que los medios estaban presionando para que los devolvieran. “No se los vamos a dar”, dijo en varias conferencias de prensa Miguel Ángel Yunes.

Entonces, si no había convenios de publicidad, ¿porqué la negación sistemática a informar sobre este tema cuando le fue requerido, primero mediante solicitudes de acceso a la información por parte de particulares y después por el propio Instituto Veracruzano de la Información? ¿Qué es lo que se intenta ocultar? ¿los montos? ¿las empresas que se han beneficiado? ¿el uso político y electoral que se le dio a esos convenios? Hay todavía muchas preguntas qué responder.

La opacidad y el manejo irregular de los recursos destinados a comunicación social han generado la primera denuncia penal en contra del  titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social, José de Jesús Rosales -padre de la senadora electa plurinominal y extitular de la Sedesol Indira de Jesús Rosales-, por el delito de incumplimiento de un deber legal.

Pero la cosa no para ahí. Yolli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) dijo ayer que de no cumplir con la normatividad entonces también estarían presentando otra denuncia ante la Fiscalía General, pero ahora en contra del titular de la CGCS Elías Assad Danini y el Contralor de la misma dependencia, Angélica Salazar.

Por su supuesto que la denuncia penal no quita el sueño al gobernador Yunes ni a la familia feliz –hay que recordar que hace meses se hizo pública la relación sentimental entre Assad Danini e Indira Rosales-, ya que la Fiscalía es un apéndice más del gobierno estatal. Pero la actual administración concluirá en algunos meses y muchos asuntos que han dormido el sueño de los justos renacerán… como sucedió con Javier Duarte.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares nunca tuvo en realidad una política de comunicación social. El decidía qué temas eran de la incumbencia de los reporteros y cuáles no. Y quien osara a cuestionarlo, corría el riesgo de ser reprendido en público, acusado de inventar notas o tener una línea editorial mercenaria. El gobierno siempre tuvo una comunicación en crisis que tomaba las peores decisiones, por ello no es extraño el resultado de la elección.

Ocultar la información infiere, en primer lugar, que sí hay convenios y que sus montos son elevados; segundo, que nunca se alcanzaron los objetivos institucionales –y menos aún los personales asignados a las campañas políticas-; y tercero, que las normas y las instituciones no tienen la menor importancia cuando se contraponen a la voluntad del mandatario.

Los convenios publicitarios siempre serán un tema polémico: por sus montos, su utilidad, los medios y periodistas que son considerados, y los contenidos que sólo sirven a la promoción personal del gobernante. No es información, sólo es propaganda. Así ha sido históricamente.

Ahora Cuitláhuac García tiene la oportunidad de sanear la relación con los medios. Desaparecer los convenios y contratar espacios publicitarios como se hacía antes abonaría a la transparencia, aunque muchos añoren ponerle precio a su pluma. Nadie tendría nada que ocultar.

 Las del estribo…

  1. La idea de integrar un gabinete por consulta pública es una idea creativa, popular, pero posiblemente poco eficiente. La consulta se hizo el primero de julio y la ganó Cuitláhuac; hoy tiene la responsabilidad de nombrar a los veracruzanos mejor preparados para gobernar al estado. No se quiere a funcionarios populares sino a los más eficientes, por eso hace bien en no pelar a quienes se promueven lo mismo en columnas políticas que en espectaculares.
  2. Dice el investigador Alberto Olvera que el 60% de los candidatos de Morena son viejos políticos que ya probaron las mieles del poder y buscan mantener privilegios; eso reduce la expectativa del cambio. Si Morena es el nuevo PRI lo sabremos muy pronto.
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