El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Contraloría General del Estado, deberán fincar responsabilidad penal y administrativa contra quienes operaban el Patronato Alianza para el Fomento del Aprendizaje, AC, que administraba los recursos que se ingresaron a través de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, por le presunto desvió de 363 millones de pesos.

Tras la aprobación de la cuenta pública del año 2016, la Comisión de Vigilancia del Congreso local ordenó una extensión a la auditoría, en este caso para revisar el manejo de los recursos que ingresaron a través del Patronato.

Se concluyó que existe opacidad en el manejo y administración de los recursos correspondientes a las aportaciones realizadas por los alumnos registrados en los planteles de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, durante el ejercicio 2016, al no contar con los documentos y registros que demuestren su aplicación y destino.

Adicionalmente, se observó que no existe rendición de cuentas por parte del Patronato “Alianza para el fomento al Aprendizaje A.C,”, respecto de la captación, administración, destino y aplicación de las aportaciones realizadas por los alumnos registrados en los Planteles de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, correspondientes al último año de la administración de Javier Duarte.

“Se concluyó que no obstante lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Número 276 que crea a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en el sentido de que le corresponde administrar su patrimonio para destinarlo al cumplimiento de sus fines, no se acreditó durante la presente Auditoría de Legalidad, el destino y aplicación de los recursos correspondientes a las aportaciones realizadas por los alumnos registrados en los planteles de dicha institución educativa durante el ejercicio 2016; mismos recursos que debieron ser captados y administrados por el Patronato “Alianza para el Fomento del Aprendizaje A.C.””, se lee en el dictamen que aprobaron diputados locales.

Por lo anterior, se pidió al Órgano de Fiscalización iniciar con la fase para resarcir el daño o interponer las denuncias penales por el mal manejo de los fondos que recibió dicho patronato.

En el caso de la Contraloría General se le pidió iniciar con los procedimientos administrativos y notificar, a más tardar el 30 de septiembre de los avances en la sanción a los exfuncionarios públicos.

Isabel Ortega/Avc