El pasado viernes, la diputada local Cinthya Lobato Calderón –quien la semana anterior, previo a la desaseada designación de Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción renunció a la bancada del PAN para incorporarse al grupo legislativo de MORENA– tuvo que dar una conferencia de prensa para desactivar un presunto operativo mediante el cual, presumiblemente, algunos funcionarios yunistas coludidos con camaradas de su ex partido pretendían “sembrarle” fosas clandestinas en un cementerio xalapeño de su propiedad, versión que a la ex panista le resultó creíble ante los abusos de poder que desde hace un año se han venido fraguando también en perjuicio de los negocios de la familia de su esposo en aparente represalia por su actitud crítica hacia el fiscal Jorge Winckler Ortiz y su abierta confrontación con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIV Legislatura, Sergio Hernández, al que acusó por la opacidad y despilfarro de los recursos del Congreso, que ha usado para satisfacer sus caras adicciones y promover sus intereses políticos personales.

Además, para que no le quedara duda, dos ex compañeras de la bancada blanquiazul, Josefina Gamboa Torales y María Elisa Manterola Sáenz –la primera, secretaria de la Comisión de Justicia, y, la segunda, presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local–, le advirtieron a Lobato que “no sabes lo que te espera”, esto durante la caótica sesión parlamentaria del martes pasado en que fue impuesto Torres Zamudio sin el voto de la mayoría calificada que exige la Constitución Política del estado.

Sorprende que ambas diputadas del PAN no se hayan solidarizado con su ex compañera. Y no sólo por su condición de mujer, sino porque Manterola estaba obligada legal y políticamente a hacerlo como presidenta del Congreso, mientras que Gamboa por su trágico antecedente del sexenio anterior, cuando se dijo “víctima” del ex gobernador Javier Duarte y de su procurador Luis Ángel Bravo debido a que fue procesada penalmente por haber atropellado en presunto estado de ebriedad al joven José Luis Burela, que murió instantáneamente por el impacto brutal cuando la madrugada del 12 de julio de 2014 cruzaba el bulevar Presidente Miguel Alemán, de Boca del Río.

Casualmente, en la víspera del letal accidente automovilístico, la entonces columnista más crítica del gobernador Duarte de Ochoa había acusado al mandatario priista de una campaña de desprestigio en su contra a través de correos anónimos y cuentas falsas de twitter. “No seguiré tolerando las bajezas y amenazas de @Javier_Duarte veremos si la @PGJ_Veracruz va investigar como lo está haciendo @PGR_mx”, tuiteó a las 18:00 horas en su cuenta @maryjosegamboa, en referencia a una denuncia que había presentado meses atrás ante la instancia federal por el acoso.

La diputada Lobato Calderón ahora ha exigido lo mismo a la Fiscalía General del Estado. Demandó también la renuncia de los titulares y de algunos de sus subalternos de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública del estado que sorpresivamente, escasas horas después de su renuncia a la bancada del PAN, montaron un operativo para clausurar un bar de familiares de su esposo. La legisladora mostró videos en los que se observa la forma burda en que policías “siembran” droga en el interior del establecimiento.

En esta torpe maniobra, según señaló, se coludió el ingeniero químico Francisco Aguilar Rizo, jefe del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud, quien estuvo al mando de la brigada del operativo en el bar Hunter. Aguilar, quien es tío del diputado Sergio Hernández –ya que es primo de la señora Reynalda Hernández Aguilar, madre del legislador panista–, es jefe de Rosa Aurora Azamar Arizmendi, directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la SSA, quien fue la encargada de firmar las actas de suspensión del lugar el pasado 20 de julio.

Aguilar Rizo es miembro activo del PAN y padre de Israel Aguilar Hernández, el cual milita también en las juventudes panistas y se desempeña como chofer y auxiliar de su primo Sergio en el Congreso del estado.

Otro funcionario que ha sido implicado en este operativo es el abogado Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, jefe del área Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien los dueños del bar Hunter responsabilizan de haber enviado a personal de su área para “sembrarles” droga.

No es la primera vez que el hijastro del ex alcalde de Xalapa, ex secretario de Gobierno y ex procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, es señalado por este tipo de acoso.

En julio de 2017, casi un mes después de que la diputada Lobato cuestionó al fiscal Jorge Winckler en su comparecencia ante el Congreso local –en la que, por cierto, oootra vez su compañera Marijose Gamboa intentó intimidarla para que no incomodara al titular de la FGE–, sospechosamente, de forma artera, dos delincuentes hirieron de bala a un empleado del mismo bar propiedad de los familiares del esposo de la legisladora xalapeña, lo que sirvió de pretexto para que el director Jurídico de la SSP llegara con un grupo de policías que igualmente pretendieron “sembrar” municiones y un arma en el interior del local. Pero desafortunadamente para el funcionario, todo quedó videograbado. Sin embargo, la Fiscalía jamás procedió contra los agresores pese a que al menos el rostro de uno de ellos se identifica claramente en el video grabado por las cámaras del negocio. Tampoco llamó a declarar a Rodríguez Ramírez, quien encabezó el malogrado operativo.

Y es que, según ha trascendido, el abogado de la SSP no sólo ha estrechado su relación de amistad con Sergio Hernández a través del diputado neopanista Rodrigo García Escalante, de Pánuco –con quien mantiene complicidades juveniles desde el sexenio del gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004), y posteriormente con Javier Duarte, en cuya campaña de 2010 por la gubernatura se burlaban de los activistas del PAN que apoyaron a Miguel Ángel Yunes Linares–, sino que además formaría parte también de una presunta sociedad a la que el presidente de la JUCOPO se habría sumado recientemente con un grupo empresarial que regentea una cadena de antros en Xalapa y en la ciudad de Puebla.

¿O sea que en el fondo de la revancha política contra su ex compañera de bancada estaría también la disputa de otros fuertes intereses mercantiles y económicos?

A ver cómo les va después del 5 de noviembre próximo, cuando se instale la nueva Legislatura que será liderada por la diputación de MORENA, pero sobre todo a partir del 1 de diciembre, en que el morenista Cuitláhuac García Jiménez asuma el gobierno de la entidad.

Que Dios los agarre confesados.