En lo que fue sin duda una de las sesiones más sucias y repugnantes de las que se tenga memoria en el Congreso veracruzano, 26 diputados de los partidos PAN, PRD y sus aliados, aprobaron el nombramiento de Fiscal Anticorrupción en la persona de Marcos Even Torres Zamudio.

Lo anterior ocurrió el pasado martes cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, se pasó la ley por el forro e impuso a Even Torres porque así se lo ordenó su jefe el gobernador Miguel Ángel Yunes.

La arbitraria decisión fue reprobada por el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, por los diputados de Morena y el PRI, por organismos empresariales, colectivos de personas desaparecidas y por la sociedad en pleno, pero no por un sonriente gobernador que dijo a los reporteros que celebraba la “autonomía” del Poder Legislativo.

“El Congreso es totalmente autónomo y el gobernador del estado respeta y celebra esa autonomía porque es parte del cambio que promovimos. Hoy el Congreso puede actuar con la autonomía que la Constitución de la República y la local le garantizan, igual que el Poder Judicial. El Congreso toma decisiones y el gobernador las respeta como ha sucedido en otras ocasiones”, indicó.

Pero horas después ya no le gustó nada la autonomía.

Resulta que este jueves los diputados aprobaron por 42 votos a favor las modificaciones a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, que entre otras cosas obliga al gobierno estatal a pagar el déficit de pensiones y jubilaciones que este año supera los 2 mil millones de pesos.

Purgado de coraje Yunes dijo que podría vetar las modificaciones porque no se consultó a la Secretaría de Finanzas sobre la viabilidad de la decisión, y le parecía “muy delicado” aprobar una reforma de esa naturaleza sin hacer un estudio sobre su impacto al IPE y a las finanzas públicas.

Fue el clásico; “Haces lo que te ordeno, te aplaudo. Te sales del huacal, te chantajeo y amenazo”.

Pero más tardó en hablar que en que lo desmintiera la diputada de Morena, Daniela Griego Ceballos, al mostrar varios oficios donde comprueba que se invitó a la Secretaría de Finanzas y al propio IPE a participar en las charlas para rescatar a este organismo y nadie asistió.

Evidenciado y balconeado, Yunes Linares guardó silencio, pero sigue latente el veto porque según él aumentará en 5 mil millones de pesos el subsidio del gobierno al IPE, a pesar de que Griego Ceballos aseguró que la reforma fue analizada hasta el mínimo detalle y se calculó el impacto que tendrá en las arcas del estado.

En síntesis, Yunes ordena que sus diputados del PAN y el PRD violen la Constitución para que uno de sus lacayos quede como Fiscal Anticorrupción y aplaude la “autonomía” del Congreso, pero cuando los legisladores hacen uso de esa autonomía en beneficio de miles de hombres y mujeres que dejaron su vida en un trabajo burocrático, ahí ya no le gustó el asunto.

En su afán porque las cosas se hagan a su manera, el gobernador ha cometido faltas a la ley y presuntos actos de corrupción que pueden ser causa de demandas penales.

Alguien debería aconsejarle que se serene porque ni es infalible ni será eterno en el cargo.

En cuatro meses será un ciudadano común y si tiene problemas judiciales no tendrá un Fiscal Anticorrupción a modo para que le cuide las espaldas. Marcos Even es un Fiscal espurio que alcanzará a cobrar unas cuantas quincenas antes de que lo manden a su casa, porque su nombramiento se hizo literalmente con las patas.

Tampoco tendrá a Jorge Winckler como su abogado defensor porque el aún Fiscal General seguramente también necesitará de un buen litigante para que lo defienda.

¿Qué hará Yunes Linares a partir del 1 de diciembre cuando quiera ordenar, chantajear, amenazar y ya nadie le haga caso? ¿Qué hará entonces el señor ex gobernador?

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