Alto Lucero, Veracruz.- Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.
Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.
A unos kilómetros de su comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su tranquilidad.
“No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”, exclama.
La preocupación no es menor. A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.
La presencia de los “mineros” no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre de su territorio.
El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.
A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.
En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.
Divididos por la carretera costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los tiene atemorizados.
“Este camino es de aves”
Los cerros que rodean Alto Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el Golfo de México, son los mejor conservados.
Si hubiera un lugar prohibido para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).
La minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.
Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.
“En el camino de las aves migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24 horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.
Dentro del proyecto hay 51 especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de 1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.
La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.
Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.
Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.
La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde.
–¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.
–Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.
Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.
Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes. “Promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.
Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.
El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.
“No han dicho a la Semarnat, ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.
Laborde sentencia que aunque la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más tiempo y el impacto sería más grave.
Además, existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.
El PERE no funcionará
Caminar por los cerros y caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la estructura central de la minera es toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la nucleoeléctrica Laguna Verde.
La minera alineó su plan de emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas que la empresa utilizará para la circulación de material químico.
El Plan de Emergencia de Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80 kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.
En diversas ocasiones, los habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento de las rutas de evacuación.
En un recorrido por el radio del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no saben que harían en caso de una emergencia.
Es el caso de los caminos de comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.
El Diputado por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.
Los proyectos en el silencio
La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.
La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.
La investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.
Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.
Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo.
Una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar (lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales), conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua dulce.
Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello crearon el proyecto La Mancha en movimiento.
El ecoturismo es una de principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas de las comunidades.
Adán Vez Lira, agente municipal de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.
Los habitantes de La Mancha viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a permitir que la minería llegue.
Una nueva estrategia minera
Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.
Para entonces la minera había enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.
Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.
Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.
Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.
También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.
La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400 empleos.
Julio Portales, uno de los consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados productores de oro del país.
No habla a tientas. En Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos años.
La minera sabe de la situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades. “Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos el trabajo”.
También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio. ¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.
En una conferencia de prensa improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.
Sin embargo, el discurso positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de la región.
115 mdd, ¿Eso valen las conciencias?
Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.
Para el activista, los mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras, hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el agua vale más que el oro”.
Por eso, a lo largo de la costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.
“Ustedes contaminan más que la mina”
Armando Alexandri, director de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca, utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.
Rosario Aguilar, de la comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del auditorio se salió de la reunión.
Hasta la comunidad, los mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.
“Nosotros vivimos con temor, para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si esto se acaba y contaminan todo”.
Rosario es parte vital de la resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.
“Mesa de veinticuatro” administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el proyecto es una amenaza para ellos.
La minera ha informado que para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.
“¿Qué mejor vida nos pueden prometer?”
Villa Rica es una zona de mar azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.
Ahí ha vivido toda su vida Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.
Su actividad la combinan con su labor para la conservación de la tortuga lora.
Ubicados a poco más de 5 kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida acabe con la llegada de la mina.
“No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.
“El cerro va a desaparecer”
Arroyo Agrio es la comunidad más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.
Rogelio, agente municipal de la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.
En 2011, la primera vez que inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre economía.
La minera abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila.
Así, algunos habitantes como Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”.
Rogelio quien fue trabajador eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas) sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.
En ese entonces, la minera iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.
Cuando la mina regresó en 2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha, no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.
Arroyo Agrio tiene sólo una calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al cerro donde el camino se pierde.
Rogelio quien ahora trabaja como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa de su árboles y agua.
“Dicen que va a haber dinero, nunca destrucción”
La minera ha concentrado su fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017, cuando llegó un cine móvil, y con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población de las bondades de la minería.
Ha pactado reuniones en escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.
Pero algunos habitantes se quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder como ganaderos y propietarios de terrenos.
Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”.
Acusó que la minera “engaña” a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.
“Hace reuniones informativas pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.
Daniela Isabel cuenta que en las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.
“Pero yo les respondo que mi celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.
Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán, “eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.
Una consulta libre e informada
Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.
Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las comunidades”.
Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.
Junto con varias comunidades, y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.
A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.
La activista considera que el proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría vigilar la operación correcta de una mina.
“No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.
Otra minera, un riesgo para Actopan
Pero al riesgo del proyecto Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.
La minera tiene ocho concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.
Ximena Ramos advierte que la conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en consideración.
En el caso de Actopan, han presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.
Vedo Leal Vázquez, comisario ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera, los aguajes nunca se habían secado.
Denunció que la minera perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que –dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.
Además, la minera ha dividido al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200 hectáreas.
El pueblo está dividido, como suele ocurrir
Antes de que la minera llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.
Pero hace dos años, la minera Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más en terrenos aledaños.
Organizados los ejidatarios, iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28 actas de asamblea para decir no a la minera.
“Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”, refuta Ascensión.
La minera se ha valido de mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para fortalecer la lucha.
“Nosotros no necesitamos que vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.
En la comunidad de Tinajitas, la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones más fuertes en contra de la empresa.
Luego, los habitantes consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.
Ubicados a unos cinco kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco, Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.
Apenas el 25 de mayo, realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.
“Varias comunidades no quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a nuestros pueblos”, señala.
He aquí el rostro opaco de las concesiones
Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.
Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía más de 100 barrenos perforados, y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su tierra.
Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.
“Es preocupante que la empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública. También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.
Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.
Flavia Morales y José Antonio Villagrán/Avc