La mala noticia es que según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 2017 fue el año más violento en los últimos 80 años en nuestro país, cuando estalló la Guerra Cristera. La peor es que hoy México atraviesa el año más fatídico del que haya registro, incluso que el ya mencionado.
En suma, en los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se han registrado más de 251 mil homicidios dolosos hasta el pasado mes de junio. Y cada vez es peor: la violencia homicida en el país acumula así tres años en ascenso: mientras que en el primer semestre de 2015 la tasa de homicidios dolosos fue de 6.3 casos por cada cien mil habitantes, para el mismo periodo de 2016 la tasa fue de 7.4 casos y para 2017 la tasa alcanzó los 9.6 casos.
Con un total de 15 mil 973 personas asesinadas en los primeros seis meses del año, el país acumula una tasa de 11 homicidios por cien mil habitantes, la más alta desde que hay cifras oficiales, desplazando al primer semestre más violento que había sido el de 2011. Lo anterior significa que en un periodo de solo tres años (de 2015 a 2018) los homicidios en el país han repuntado 74 %.
Pero el holocausto que vivimos no se reduce a los homicidios de decenas de miles de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, incluso niños. La cantidad de personas desaparecidas es demencial, sólo comparable a un país en guerra.
En total, en México no sabemos dónde están más de 35 mil personas, de acuerdo con el último corte de datos oficiales de enero de este año; un día salieron de su casa, su escuela, con sus parejas o a divertirse con sus amigos para no volver jamás. Hay más de 16 mil menores de 29 años que están reportados como desaparecidos o extraviados, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Esto quiere decir una de cada dos personas «no localizadas» en México son jóvenes.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué los mexicanos no hemos puesto un alto a esta auto depredación? ¿Por qué la comunidad internacional mira con indiferencia esta barbarie? ¿En realidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un diagnóstico adecuado de lo que está pasando y la manera en que podrá detenerlo?
Hasta aquí sólo hemos registrado cifras. Pero detrás de esas casi 300 mil historias de muerte y desaparición se encuentran millones de personas en luto que esperan justicia, saber la verdad, que viven secuestradas por el miedo en medio de su esperanza. Que se agrupan en colectivos para recibir sólo la indiferencia y la ineficacia de las autoridades de todos los niveles.
A causa de esas historias de dolor personal, los familiares se han convertido en expertos rastreadores en busca de los restos de miles de desaparecidos en México. Sin estar en un conflicto armado, nuestro país destaca por tener el segundo mayor número de personas desaparecidas en el mundo, sólo por detrás de Siria.
Los homicidios y las desapariciones son la consecuencia del problema, pero no su origen. La organización civil detectó que en los últimos años aumentó la cantidad de regiones, pueblos y ciudades con violencia; la tendencia es que este 2018 será más sangriento que el año anterior, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
El nuevo gobierno debe tener una clara estrategia de lo que hará con este cementerio en el que hemos convertido al país. Esta realidad probablemente causaría una mayor indignación internacional si ocurriese en otro lado, pero es México, donde las propias autoridades tratan de ignorar el problema. Así sucede en Veracruz y en prácticamente todos los estados del país.
Hasta ahora sólo ha hecho pronunciamientos políticos pero ninguna estrategia de seguridad pública. Es cierto, aun no cumple un mes de haber ganado las elecciones, pero la sola idea de otorgar amnistía a los responsable de esta barbarie hace pensar que los tiempos por venir no serán mejores.
Fanático de las consultas públicas, todas en la lógica de la estructura interna de Morena, López Obrador ha propuesto una más para elaborar iniciativa de pacificación del país; en ella se explorará que incluya amnistía, indulto o recurso de leyes especiales y de justicia transicional. La consulta se realizará en los estados más violentos.
Al mismo tiempo, se consultará a víctimas con apoyo de organismos nacionales e internacionales; AMLO ha dicho que no habrá amnistía para quienes hayan cometido actos violentos, pero no ha establecido la diferencia entre unos delitos y otros. Además, se integrarán comisiones de la verdad con la sociedad civil, sacerdotes o pastores, expertos internacionales, lo que pone en entredicho la naturaleza del Estado.
Un punto importante es que el Ejército regresaría a los cuarteles en 3 años cuando concluya el fortalecimiento de los cuerpos policiacos locales y se intensificará la reconstrucción de las instancias de procuración e impartición de justicia, sobre todo a nivel local. Sin embargo, prevalece la idea que los criminales cederán fácilmente ante el diálogo de paz al que ha convocado el presidente electo.
Mientras tanto, ¿qué haremos con tanto luto?
Las del estribo…
- Ya éramos muchos y parió la abuela. Por si el resultado de la elección, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y el fin de un efímero gobierno marcado por el fracaso no fueran suficientes preocupaciones para el gobernador Miguel Ángel Yunes, ahora famosos cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón harán una película sobre el libro “Los demonios del Edén” de Lidya Cacho. Parece que ahora sí su fama rebasará fronteras.
- Salvo quienes lo impusieron, ningún otro sector social o económico está satisfecho con el nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción. No tiene legitimidad ni fuerza; nació muerto, a la espera de que el próximo Fiscal General –Winckler también tiene los días contados- lo eche a la calle como a cualquier burócrata.