Minatitlán. Ver.- Una vecina amamanta a Adolfo, mientras él juguetea. Han pasado tres días desde que vio a su papá dispararle dos tiros a su mamá cuando ella lo cargaba.
Adolfo, a sus nueve meses, no se ha enterado de nada. Ni siquiera que él no existe, no legalmente.
Su mamá fue asesinada sin haber obtenido su acta de nacimiento y ahora le tocará a sus abuelos y demás familiares hacer los trámites para obtener el documento con su mamá muerta y su papá prófugo.
Contrario a Adolfo, Edith cuenta a su familia como su papá le hizo “pum pum” a su mamá y a ella le salió sangre.
La hija de dos años de Hortencia, no para de llorar mientras ve a desconocidos. Para sus tías que la cuidan, ella tiene miedo y necesita apoyo profesional que hasta ahora no saben donde conseguirán.
Laura sostiene una de las pocas fotos que tiene de su madre junto a las flores que quedaron de su velorio, mientras come una paleta. A sus cuatro años aún no estudia el kínder pero su familia espera poder inscribirla en el próximo ciclo escolar.
Ella recuerda a “Carita” (Clarita) y corrige a un reportero que no le entiende el nombre de su hermana mayor, la única que no está con ellos pues está viviendo con sus abuelos paternos y solo la vieron el día del entierro de Tencha.
Adolfo, Edith, Laura y Clara viven en El Valedor, una comunidad rural de Minatitlán y también son víctimas de la violencia de género que vivió su mamá, Hortencia, y que terminó en feminicidio. Violencia que intentó terminar cuando se salió de la casa que compartía con su esposo y regresó con sus padres y cuando fue al DIF a pedir ayuda que una funcionaria pública le negó, haciéndola creer que no tenía los derechos que se establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las niñas y el niño son víctimas, como las que se pretenden contemplar en la Ley de Víctimas con una iniciativa que está pendiente de votación en el Congreso de Veracruz para que se les garantice sus derechos a salud, educación (hasta la licenciatura), atención psicológica y programas asistenciales que se les deberán brindar 24 horas.
Sin embargo, como la ley aún no se vota, los familiares están en la incertidumbre pues ellos son de escasos recursos y no saben si contarán con algún apoyo gubernamental ante el asesinato de Hortensia.
“Psicológico y todo, lo que queremos es que salgan ellos adelante”, pide Anselmo Balcázar, papá de Hortencia para los cuarto pequeños.
Ellos no son los únicos en esta situación, en la exposición de motivos para legislar sobre menores en situación de orfandad de madres víctimas de feminicidio, la diputada Guadalupe Osorno expuso que no hay una cifra concreta debido a la falta de atención de parte de los organismos gubernamentales.
“Las niñas y niños cuya madre es asesinada por una razón de género han sido ignoradas por el Estado (…) dejando al menor desprotegido de las garantías que pudiera asegurarle el Estado”, señala dicho documento.
Mientras esperan que la ayuda llegue, se apoyan en la solidaridad de las personas, como la vecina que se convirtió en nodriza del más pequeño o la cuñada que se hará cargo de llevarlos a la escuela cuando sea el momento.
Además piden el apoyo de conocidos y desconocidos en una cuenta de banco para ayudar con los gastos a la familia que vive del jornal del campo.
Ana Alicia Osorio/Testigo Púrpura