Este martes, al hacer el balance electoral de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro presumió que fue la única fuerza política –con excepción de MORENA– que creció en las pasadas elecciones del 1 de julio.
Sin embargo, el ex gobernador sustituto de Veracruz parece engañarse a sí mismo, pues las posiciones de poder y legislativas que obtuvo MC no fueron por la fuerza ni estructura territorial del partido naranja sino por sus alianzas y negociación de candidaturas con otros institutos políticos y personajes que sí lograron atraer una buena cantidad de votos que finalmente favorecieron a la causa dantista.
Y es que el ex mandatario veracruzano resaltó, por ejemplo, que en el Senado, donde no tuvieron bancada en la Legislatura saliente –solo estaba Martha Tagle, que entró como senadora suplente independiente– ahora tendrán siete senadores; mientras que en la Cámara baja del Congreso de la Unión, su grupo crecerá de 25 a 28 diputados federales, y en los Congresos de los Estados, en los que contaba con 32 diputados locales, éstos aumentarán a 41.
Sin embargo, sus detractores puntualizan que Dante ganó habilidosamente en la mesa de negociaciones con Ricardo Anaya lo que no obtuvo realmente en las urnas, pues el ex dirigente nacional del PAN le cedió de más candidaturas de representación proporcional y de mayoría relativa que correspondían a militantes del partido blanquiazul a cambio de amarrar la nominación presidencial del malogrado frente con PRD y MC.
De hecho, lo que el partido de Delgado Rannauro le aportó a Anaya –1 millón 10 mil 891 votos, equivalentes a solo el 01.78 por ciento de los que sumó el candidato de “Por México al Frente”– no correspondería a las posiciones que MC obtuvo en el Congreso de la Unión, ya que tendrá más diputados federales que el otro aliado, PRD, pese a que el partido del sol azteca le sumó al panista 1 millón 602 mil 715 sufragios, que significan 02.83% de la votación presidencial.
Pero Dante igualmente presumió el triunfo de su partido en Jalisco donde la gubernatura fue ganada por el ex alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, un candidato fuerte, carismático, con estructura propia, que sólo usó el membrete de MC y contendió sin aliarse con el PAN y PRD, por lo que inmediatamente después de haber avasallado en la elección se deslindó públicamente del partido naranja y manifestó su disposición a trabajar con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien Dante tiene diferencias políticas personales.
Sin embargo, en la mayoría de los estados el partido de Delgado Rannauro no logró obtener el 3 por ciento mínimo de la votación total válida para mantener el registro local. Entre ellos Veracruz, estado que gobernó de 1988 a 1992. Todos sus candidatos que postuló por el frente PAN-PRD-MC fueron apabullados por MORENA: la ex lideresa estatal María del Rosario Quirasco Piña, en Coatepec; el empresario periodístico Eduardo Sánchez Macías, en Martínez de la Torre, y hasta Sergio Gil Rullán, quien en enero de este año, ante la polémica alianza de Dante con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, tuvo que sustituir a Armando Méndez de la Luz en la dirigencia naranja. Gil Rullán fue postulado por el distrito urbano del puerto de Veracruz, una plaza tradicional panista.
En la elección de gobernador, Movimiento Ciudadano sólo le aportó a Miguel Ángel Yunes Márquez 65 mil 899 votos.
En diciembre próximo, Dante deberá entregar la dirigencia nacional de su partido, ya que por sentencia del Tribunal Electoral no se puede reelegir.
Yunes: ¿Por qué no los encaró?
Tan retador y hábil que es para debatir –¿no recuerdan cómo solía provocar a Andrés Manuel López Obrador cada vez que el ex dirigente y ex candidato presidencial de MORENA visitaba Veracruz, a quien amagaba con exhibir por el supuesto dinero que le daba el ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa a su partido?–, nadie se explica por qué el mandatario estatal del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, no aprovechó este martes la ocasión para encarar personalmente al grupo de empresarios que se apostó en la sala de audiencias de su despacho en Palacio de Gobierno reclamando el pago de la deuda institucional que su administración se niega a liquidarles, y a los cuales este miércoles acusó en conferencia de prensa de ser “coyotes” y “cómplices” de los desvíos de recursos atribuidos a la gestión duartista.
El colmo ha sido la persecución penal que ayer mismo emprendió en contra del ex diputado del PAN, Alejandro Cosío Hernández, uno de los que lideraban al grupo de empresarios que fueron desalojados antenoche por elementos del IPAX cuando pretendían pernoctar en el interior de la sede del Poder Ejecutivo del estado.
Qué lamentable que el gobernador se distraiga en acosar judicialmente a estos proveedores y contratistas que sólo hacen el justo reclamo de que les paguen lo que les deben, mientras en el estado continúan a la orden del día los secuestros, las ejecuciones y asaltos, como los ocurridos ayer en Coatzacoalcos, Misantla y Boca del Río.
Por cierto, sobre el caso del “asesor fiscal” que este miércoles fue asaltado y baleado luego de retirar 500 mil pesos de una sucursal bancaria en la cabecera municipal boqueña, corrió la versión en los círculos periodísticos de esa zona conurbada que en realidad se trataría de un vendedor de facturas de empresas fantasmas, que trabajaría para los Yunes azules vía Félix Malpica Jiménez –¿el implicado en el escándalo del terreno donde se construyó el polémico Foro Boca?–, casado con Karen Collado Yunes, supuesta operadora financiera de su primo Miguel Ángel Yunes Márquez.
Van sobre Mancha y Julen
Por cierto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó dar seguimiento al caso de los contratos Rementería-Mancha.
En base a las declaraciones de la senadora electa de MORENA, Rocío Nahle García, este miércoles se registró en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo aprobado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia donde se exhorta a la Contraloría General y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a investigar, y en su caso fincar responsabilidades contra el ex secretario de Infraestructura estatal, Julen Rementería del Puerto, o quien resulte responsable, por otorgar diversos contratos de obra pública a Izal Inmobiliaria S.A. de C.V., propiedad del dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.
Dicha solicitud se presentó en la Comisión Permanente con base a la denuncia pública que hizo en un debate de candidatos al Senado organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en la ciudad de Xalapa y en seguimiento al caso las instancias señaladas deberán rendir un informe del resultado.
En el punto de acuerdo, se pide que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) audite las obras y contratos otorgados, con recursos federales en el Estado de Veracruz a las empresas Izal Inmobiliaria S.A. de C.V. y Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V., por las múltiples denuncias de irregularidades cometidas en los procesos de licitación en los que ambas empresas han participado.
Y es que de acuerdo a los documentos presentados como pruebas, al dirigente estatal del partido que gobierna actualmente Veracruz se le entregaron los contratos número INV-112T00000-6000-020-2017, LO-930007995-E86-2017, y INV-SEV-IEEV-FED-012-17 para realizar obras por cerca de 23 millones de pesos.
También se exhortó la Contraloría del Estado de Veracruz para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue y sancione conforme a la ley a Julen Rementería del Puerto o a quien resulte responsable por los presuntos hechos de corrupción que se configuran en comisión de conflicto de interés y de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Un tercer exhorto fue dirigido al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Veracruz para que audite todos los contratos otorgados a las empresas Izal Inmobiliaria S.A. de C.V. y Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V., por las múltiples denuncias de irregularidades cometidas en los procesos de licitación en los que ambas empresas han participado.
Asimismo, se solicitó a la Fiscalía del Estado de Veracruz para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue y finque las responsabilidades correspondientes al ex titular de la SIOP por los presuntos hechos de corrupción que se configuran en comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El punto de acuerdo fue suscrito por los diputados Alicia Barrientos Pantoja, Sergio René Cancino Barffuson y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de MORENA.
¿La Fiscalía General del Estado, a cargo del abogado yunista Jorge Winckler, requerirá a Mancha y a Julen con la misma celeridad con la que acaba de proceder en contra del empresario Alejandro Cosío? Sólo es una ingenua pregunta.